VIERNES 6 DE OCTUBRE DE 2000

Ť Luis Javier Garrido Ť

El terciopelo

La lucha por la Presidencia de la República el 2 de julio abrió a Vicente Fox el camino a Los Pinos, pero la disputa por el poder sigue abierta y prosigue de manera soterrada, al margen de la sociedad, a pesar del impacto para el futuro inmediato de México.

1. La nueva visita a México de Carlos Salinas de Gortari, presuntamente para presentar su libro de Memorias, que en realidad es para recordarle a todo mundo que el verdadero poder económico en el país es él (2 de octubre), ha puesto de relieve una vez más la dimensión de los obstáculos que tendría que afrontar el nuevo gobierno para desmantelar el viejo sistema de poder y asumir efectivamente sus funciones, si no quiere quedar relegado al papel de gestor de los intereses del salinismo.

2. El gobierno de Fox será también neoliberal, como fueron los de De la Madrid, Salinas y Zedillo, o como lo hubiesen sido los de Cuauhtémoc Cárdenas o de Francisco Labastida de haber triunfado en las elecciones; pero aun así, el guanajuatense, que ha presentado una opción de reforma del neoliberalismo mexicano, que tiene que confrontarlo a los grupos priístas, en particular después de su viaje por Europa (1-6 de octubre) y de su paso por Alemania (en donde los empresarios alemanes le manifestaron su reticencia a invertir en México por la corrupción y la violencia prevalecientes), debe empezar a darse cuenta que su gobierno sería inviable de no actuar rápido y con energía en el ámbito político procediendo a desmantelar las redes de interés del viejo sistema y consignando a los principales responsables. De no hacerlo lo único que propiciará será la recomposición de los grupos dominantes, una refuncionalización de los viejos aparatos de dominación y de control, y confirmará algo evidente: que la principal función del nuevo gobierno será servir como guardián de los intereses financieros, económicos y sociales de los Salinas y de sus amigos, y de actuar como el garante del narcosistema mexicano.

3. Las declaraciones que ha hecho Fox en múltiples ocasiones y que sintetizó El País, en el sentido de que todos los corruptos de su gobierno irán a la cárcel, pero que no va a hacer "una cacería de brujas" (1Ɔ de octubre), lejos de contribuir a un clima de distensión y a propiciar lo que los panistas llaman "la transición de terciopelo", no abre más que nuevas dudas sobre el próximo presidente, al que se le imputan acuerdos oscuros con sus antecesores para garantizarles impunidad por sus crímenes, y que no ignora que la ley no puede seguirse negociando como en los años del salinismo, pues su obligación constitucional es actuar conforme a derecho y no cuidarle los intereses a los peores criminales de Estado que este país haya conocido.

4. Fox y la dirigencia de Acción Nacional no pueden desconocer que, antes que por ellos, los mexicanos votaron por el cambio: porque creyeron en la decisión del candidato panista para impulsarlo, y que de no hacerlo la "luna de miel" con la ciudadanía puede terminar muy pronto.

5. Los partidos políticos no se plantearon el escenario de "la transición" ni mucho menos el del 1Ɔ de diciembre y una de las consecuencias es la improvisación, y los signos preocupantes son muchos, pues todo tiende al reacomodo de las mismas gentes e intereses en el gobierno. Que en los equipos de trabajo del próximo gobierno aparezcan las gentes más descalificadas del gobierno actual, como acontece en las comisiones de educación pública, justicia y energía, resulta en extremo preocupante.

6. Lo que el foxismo ha llamado "la transición mexicana" no puede limitarse a un relevo de funcionarios en la administración pública, o a una pretensión de modificar de manera autoritaria la Constitución. Los responsables del próximo gobierno no han acabado de entender que éste carecerá de viabilidad si no desmantelan las principales redes de intereses creados y el narcosistema de poder, y restituyen a la nación bienes y recursos que el PRI y otras entidades detentan de manera ilegítima e ilegal, y si no revisan los procesos de privatización, rectifican en el caso del Fobaproa, sanean las instituciones bancarias y terminan con todos los contratos y concesiones ilegales.

7. Las modificaciones legales que se pueden y deben hacer en el futuro inmediato son importantes para ampliar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades y restringir el poder del Ejecutivo, el del Congreso y sobre todo el de los partidos políticos, que tan deplorable papel tienen en la vida nacional, restituyéndole la soberanía a las comunidades y a los individuos, pero esto no puede hacerse sobre un sistema en descomposición.

8. La lógica del "terciopelo" va en el sentido opuesto, que es el de considerar que el cambio de gobierno --y de régimen-- debe producirse sin tocar ninguno de los intereses prevalecientes y que a cambio de que Salinas y Zedillo garanticen a Fox "gobernabilidad" éste debe otorgarles la impunidad. De manera que los funcionarios que entren en funciones el 1Ɔ de diciembre corren el riesgo de repetir bajo este escenario las mismas políticas del pasado y el mismo esquema.

9. Las "transiciones" políticas en ningún país fueron obra de los partidos, sino de las organizaciones sociales y de los ciudadanos, y esto parecen querer desconocerlo porque va en contra de sus intereses. Los mexicanos están desinformados como nunca, porque prevalece la lógica de que los asuntos de Estado deben resolverlos gobierno y partidos, y que los ciudadanos deben sancionarlo todo, que para eso están los medios de comunicación oficiales, para persuadirlos.

10. La lección de 2000 es contundente: el cambio político no vendrá a México, si no hay una amplia discusión en la sociedad y una movilización de ésta reclamando sus derechos (plebiscito, revocación del mandato, candidaturas ciudadanas, rendición de cuentas) y exigiéndole a los gobernantes el desmantelamiento del sistema y la aplicación de la ley a los responsables del desastre nacional. De no ser así, la supuesta "transición de terciopelo" será, como parece, una recomposición del sistema de poder, en la que se busque satisfacer los intereses económicos y políticos dominantes, incluyendo los de los partidos --y los del PRD, naturalmente--, todo ello, como siempre, a espaldas de la sociedad.