JUEVES 5 DE OCTUBRE DE 2000

Ť Lo solicitaba Italia

Niega Corte chilena la extradición del ex jefe de la DINA

Enrique Gutiérrez, corresponsal, Santiago, 4 de octubre Ť El presidente de la Corte Suprema de Chile, Hernán Alvarez, negó hoy la extradición a Italia del ex jefe de la antigua Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) Manuel Contreras, implicado en Roma en el atentado contra el ex vicepresidente chileno Bernardo Leighton, ocurrido en 1975.

También rechazó la extradición del ex general Raúl Iturriaga Neumann, otro de los procesados por el mismo caso en Italia, cuya justicia había pedido en noviembre pasado ambas extradiciones luego de que a mediados de 1996 un tribunal de Roma los condenara en ausencia a 20 y 18 años de prisión, respectivamente.

Ambos fueron acusados de haber planificado el atentado, ejecutado con el apoyo de los grupos neofascistas italianos Avanguardia Nacionalle y Orden Negro, en cuya acción Leighton y su esposa Anita Fresno resultaron heridos de bala el 6 de octubre de 1976. Leighton estaba en Italia como asilado político tras el golpe militar.

Además, el presidente del máximo tribunal chileno desestimó la recomendación del fiscal Enrique Paillás, emitida hace cinco semanas, en cuanto a iniciar una investigación en Chile sobre el caso Leighton. No obstante, el veredicto de Alvarez aún deberá ser ratificado o modificado próximamente por la Segunda Sala de la Corte.

"Lo principal es que soy inocente, absolutamente", sostuvo Iturriaga, tras conocer el fallo. Asimismo, dijo que en caso de que la justicia en Argentina falle contra la prescripción por su implicación en el crimen del general Carlos Prats y su esposa, no concurrirá a declarar.

A la par, la Corte ordenó someter a proceso al segundo líder de la ex colonia Dignidad, Gerhard Mucke por el delito de secuestro calificado de Alvaro Vallejos, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

Por su parte, la Asamblea Nacional de Derechos Humanos presentó la querella 172 contra Augusto Pinochet y Contreras, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, por cargos de espionaje y asociación ilícita debido a la intervención de la CIA en Chile.

En Madrid, el abogado Joan Garcés solicitó al juez Baltasar Garzón el procesamiento de los responsables por el asesinato en Chile, durante la pasada dictadura, de los españoles Carmelo Soria y, un diplomático de la ONU, y el sacerdote Antonio Llidó.

También en la capital española, la canciller chilena Soledad Alvear y su contraparte español, Josep Piqué, superaron los diferendos del affaire Pinochet, al reactivar sus "buenas relaciones" bilaterales en el contexto de la denominada Acta de la II Reunión de la Alta Comisión del Tratado General de Cooperación y Amistad.