JUEVES 5 DE OCTUBRE DE 2000
Ť Favorables, primeros acercamientos entre legisladores y el Poder Judicial
Factible, aprobación unánime de la Ley de Amparo
Jesús Aranda Ť Los primeros acercamientos entre representantes del Poder Judicial Federal y legisladores de PRD, PAN y PRI en torno a la nueva Ley de Amparo -que será discutida y aprobada en el Congreso Nacional de Juristas a celebrarse del 6 al 8 de noviembre próximo-, han sido favorables, por lo que incluso no se descarta que los tres principales partidos aprueben de manera conjunta dicha iniciativa.
Fuentes judiciales informaron lo anterior, y añadieron que el buen recibimiento que ha tenido la iniciativa -que se destaca por incorporar la eliminación de la llamada fórmula Otero a fin de que los amparos en contra de leyes inconstitucionales tengan efectos generales- entre los legisladores, ha llevado a plantear a los ministros de la Suprema Corte la conveniencia de que el proyecto de la nueva ley se turne alrededor del 15 de noviembre próximo al Congreso.
De prevalecer las simpatías por parte de los legisladores de los tres partidos referidos, el máximo tribunal analizaría la forma de hacer llegar el proyecto de ley a las fracciones parlamentarias para que éstas hicieran suya la propuesta.
Los informantes señalaron que una vez que el Congreso Nacional de Juristas apruebe la iniciativa de ley, el pleno de la Corte procederá a formalizar el proyecto con la exposición de motivos y los considerandos correspondientes, para que el documento quede listo para su discusión en el Congreso de la Unión.
Por otro lado, los funcionarios judiciales calificaron como una acción de "lucimiento" la asumida por el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, Amador Rodríguez Lozano, quien dijo el pasado martes que la instancia que dirige estará pendiente de que el Poder Judicial Federal rinda cuentas en el uso de su presupuesto.
Al respecto, los informantes señalaron que, en primer lugar y por ley, la Contaduría Mayor de Hacienda es la encargada de revisar la cuenta pública de las dependencias federales -incluído el Poder Judicial Federal-, pero que además, a raíz de que el ministro Genaro David Góngora Pimentel asumió la presidencia del máximo tribunal en enero de 1999 él mismo solicitó a la Contaduría motu proprio que auditara todos los gastos correspondientes a 1998.
Sin embargo, añadieron, sólo se auditaron dos renglones específicos "por falta de personal". Posteriormente, a mediados del año pasado, se reformó la ley a efecto de que las cuentas del Poder Judicial Federal sean también revisadas, por lo que la Contaduría Mayor de Hacienda lo único que hará será cumplir con su obligación.
"El Poder Judicial Federal no tiene nada que esconder, y el pueblo de México a través de sus representantes tiene todo el derecho de conocer el destino de los recursos que aporta a través de sus impuestos", aseguraron.