JUEVES 5 DE OCTUBRE DE 2000
Ť La propuesta será presentada hoy al pleno
Buscan diputados del PRD agilizar acceso a datos sobre Banco Unión
Ť Serían turnados de inmediato para fincar responsabilidades
Ciro Pérez Silva y David Aponte Ť El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados elaboró un punto de acuerdo por el que se propone que la información relativa a los recursos canalizados al PRI a través de los fideicomisos de Banco Unión sea turnada de inmediato a los coordinadores parlamentarios para su análisis y fincamiento de las responsabilidades administrativas y penales correspondientes.
La propuesta, que hoy será presentada durante la sesión ordinaria, pretende agilizar los trámites para acceder a una información que solicitó la anterior legislatura y motivó un proceso de controversia constitucional que favoreció a la Cámara de Diputados, misma que desde hace 15 días obra en poder de la Contaduría Mayor de Hacienda, órgano que depende de la propia Cámara, pero que se ha negado a porporcionarles esa información.
En ella se detallan las operaciones realizadas entre 1992 y 1994 en 5 fideicomisos de Banco Unión por un total aproximado de 30 millones de pesos, mismos que fueron utilizados para financiar las campañas de Luis Donaldo Colosio, Ernesto Zedillo y Roberto Madrazo, y que de acuerdo con la ley que creó el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, obligaría al PRI a reintegrar dicha suma si se comprueba que causaron un quebranto a la institución bancaria.
Durante la ejecución de los trabajos del auditor canadiense Michael Mackey al Fobaproa, se informó a los diputados que no se permitió el acceso a la información relativa a los fideicomisos en virtud de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público argumentó que de hacerlo, se estaría violando el secreto bancario.
Por ello, el 9 de septiembre de 1999, la 57 Legislatura de la Cámara de Diputados presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una demanda de controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo, por negarse a entregar los documentos del quebranto provocado a Banco Unión.
Once meses después, la SCJN falló en favor de la Cámara y ordenó al Ejecutivo entregar toda la información relativa al monto de recursos producto del quebranto a esa institución bancaria, que se encuentra en el IPAB.
En este sentido, el punto de acuerdo que elaboró la bancada perredista menciona que el artículo 7 transitorio de la ley del instituto señala que:
"Si de las auditorías realizadas se aparecen operaciones de mutuo o préstamo otorgados por las instituciones auditadas cuyos recursos se hayan donado o aportado por los acreditados, directamente o por interpósita persona, a entidades de interés público que reciban financiamiento público (partidos políticos) y que por tal motivo hayan generado quebrantos financieros a las instituciones acreditantes, dichas entidades devolverán el monto de las operaciones de crédito involucradas con cargo a los financiamientos públicos que, conforme a las leyes que las rigen, reciban ordinariamente".
El punto de acuerdo establece que deberá entregarse "inmediatamente" a los coordinadores parlamentarios una copia de los documentos, para proceder a la brevedad a llevar a cabo las acciones que permitan cumplimentar el mandato del artículo 7 transitorio, y fincar las responsabilidades administrativas y penales correspondientes.