MIERCOLES 4 DE OCTUBRE DE 2000
Ť Mauro González Luna Ť
Cajas populares: un asunto de justicia social
El caso de las sociedades de ahorro y préstamos es típico de un sistema social kafkiano como el nuestro. Varios burócratas de primer nivel y diputados han señalado la necesidad de regular estas instituciones, a raíz de las protestas legítimas de miles de pequeños ahorradores que han visto esfumarse su dinero.
Lo paradójico del asunto es que ya existe una legislación sobre dichas instituciones de ahorro. La Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito considera a las sociedades de ahorro y préstamo como organizaciones auxiliares del crédito. Dicha ley exige el cumplimiento de una serie de requisitos para que estas sociedades, sin fines de lucro, se constituyan y operen en beneficio del pueblo ahorrador. Están formalmente sujetas a las normas de contabilidad, inspección y vigilancia establecidas en tal ley.
La Secretaría de Hacienda, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria, de acuerdo con la ley mencionada, deben cumplir funciones de regulación y vigilancia de dichas sociedades, con el propósito de proteger los intereses del pequeño ahorrador. En los considerandos de las reglas para la organización y funcionamiento de las sociedades de ahorro y préstamos, emitidas por Hacienda (Diario Oficial del 15 de julio de 1992), se dice que estas instituciones, "a la par de estimular y difundir en la población la cultura del ahorro, representarán una alternativa de financiamiento". La población a la que se refieren estas reglas es la de escasos recursos, en contraste con los grandes inversionistas.
Otras reglas expedidas por el Banco de México (Diario oficial del primero de septiembre de 1992) exigen que dichas sociedades mantengan determinados coeficientes de liquidez, como medida de seguridad financiera para los ahorradores.
ƑQué sucedió entonces? ƑDónde quedaron las funciones de inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria? Inclusive en el caso de las cooperativas de ahorro y préstamo, reguladas por la Ley de Cooperativas, dicha comisión debe intervenir de conformidad con el artículo 20 de tal ley.
Hay una coartada. No se duda que en algunos casos, presumiblemente se hayan cometido fraudes y otros actos ilícitos por parte de administradores de esas organizaciones auxiliares de crédito; sin embargo, el éxito de estas instituciones populares entre la población de pequeños ahorradores, seguramente puso muy celosos a los bancos. Los bancos pagan un interés minúsculo a los pequeños ahorradores y les cobran tasas altísimas cuando dichos ahorradores cometen el suicidio financiero de pedirles prestado (ejemplo clásico: las tarjetas de crédito).
Las tasas de interés muy atractivas que ofrecían a los ahorradores las sociedades de ahorro y préstamo, y las que cobraban por otorgar préstamos a sus socios, pequeños ahorradores, eran conocidas públicamente por todo mundo, y en especial por las autoridades financieras federales, que conforme a la ley debieron ejercer funciones preventivas de inspección y vigilancia.
La intervención gubernamental de una de estas instituciones, y la forma en que se hizo, provocaron pánico entre los pequeños ahorradores, dándose un efecto dominó que ha afectado a todas las demás que operaban a la luz de la legislación citada, especialmente en su liquidez.
Según se ha dicho, hay sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo, ahora intervenidas por la autoridad, que cuentan con activos y bienes suficientes para pagar a los pequeños ahorradores su dinero con el producto de la venta de tales bienes. En todos los casos existe, por tratarse de un asunto de interés público previsto por las leyes, la responsabilidad de las autoridades federales y estatales de resolver este gravísimo problema de injusticia social. Ojalá que con el mismo entusiasmo con que el Partido Acción Nacional y sus secuaces ilegalmente promovieron el Fondo Bancario para la Protección del Ahorro para beneficio de los ricos y ruina del pueblo, ahora se atienda esta exigencia legítima del pueblo ahorrador, fundada en la ley y la justicia.