MIERCOLES 4 DE OCTUBRE DE 2000
Ť Emilio Pradilla Cobos Ť
Pobreza y política económica y social
A pesar de tener el más alto producto interno por habitante, tres veces mayor que la media nacional, el Distrito Federal registra una alta proporción de su población en situación de pobreza o pobreza extrema, indicador de la pésima distribución del ingreso y la riqueza.
Julio Boltvinik señala que en 1996 cerca de 15 por ciento de la población estaba en la indigencia, 44 por ciento en la pobreza y 41 por ciento era no pobre. En la Zona Metropolitana de la Ciudad de México el porcentaje de indigentes y pobres en 1998 era inverso, y más alto aun en el primer grupo: 42.1 y 18.7 por ciento, respectivamente, quedando sólo 28.2 por ciento de no pobres. Estas diferencias señalan mayor incidencia de la pobreza en los municipios conurbados; la movilidad de la población entre ambas partes de la ciudad lleva a una porción de estos pobres a desplazarse hacia el DF para usar servicios públicos y ejercer la informalidad y la delincuencia.
Las causas del empobrecimiento, que afecta también, aunque en menor medida, a los trabajadores del sector moderno, son conocidas y aceptadas por todos: bajo dinamismo económico, insuficiente generación de empleo estable, crecimiento de la informalidad, caída permanente del salario real durante los últimos 24 años, concentración de la riqueza, contracción del gasto y la inversión en servicios sociales, y privatización, por reducción de la acción pública, en salud, educación y vivienda popular.
La incidencia de la pobreza ha aumentado en las dos últimas décadas como efecto de las crisis, el ajuste estructural y las políticas neoliberales, a pesar del auge exportador y la recuperación actual de la economía; las políticas asistenciales de los últimos gobiernos federales, de alto costo presupuestal, no la reducen, sólo la mitigan en mínima parte; el patrón económico-social engendra más pobreza que la que puede atender el asistencialismo.
La persistencia o incremento de la pobreza es uno de los factores explicativos básicos de la informalización y el aumento de la delincuencia en el país y el DF, sin cuya solución estructural no podrá garantizarse la seguridad pública.
Las lecciones para el DF y la Zona Metropolitana son claras. Para combatir la pobreza hay que enfrentar las causas económicas estructurales de su gestación: dinamizar nuevamente las economías locales y, sobre todo, las actividades productivas durables que tienen más efecto multiplicador y generan más empleo estable; reducir paulatinamente la informalidad; modificar el patrón inequitativo de distribución del ingreso; usar el sistema fiscal como instrumento redistributivo en lo social y territorial, y frenar la caída del salario real y recuperar lo perdido.
Aunque son responsabilidades básicas de los poderes federales, el DF y los municipios conurbados pueden usar su gran peso específico demográfico, económico, político y cultural para exigir y lograr que se den estos cambios, porque también cuentan con instrumentos propios para actuar estructuralmente: control del desarrollo urbano, fiscalidad local y su asignación, capacidad de promover políticas y proyectos de desarrollo económico, entre otros instrumentos legales,a regulatorios y promocionales.
Ese peso político y sus acciones pueden servir para incidir en la reconstrucción de la responsabilidad social del Estado para que garantice a todos, por distintas vías, la satisfacción de los derechos universales a la alimentación, la salud, la educación y la vivienda, hoy no asegurada.
La garantía de estos derechos sociales implica atender las necesidades específicas de sectores particulares (mujeres, tercera edad, niños, discapacitados y otros muy vulnerables y de alto riesgo), mediante instituciones y programas permanentes.
Por el alto grado de diversidad y desigualdad de las situaciones sociales y territoriales, las acciones igualitarias pueden conducir a acentuar la desigualdad que se busca combatir. La acción asistencial focalizada, aunque necesaria para atender situaciones apremiantes, no compite con la capacidad del sistema para generar pobreza y reproduce efectos nocivos de clientelismo social.
La exclusión del DF de las aportaciones federales para combatir la pobreza, impuesta en los últimos años, no tiene fundamento real y excluye inequitativamente a millones de pobres e indigentes capitalinos de los recursos a los que tienen derecho, los cuales les deben ser devueltos. El DF recibe transferencias federales por mucho menos de lo que aporta al erario nacional, así que debe aumentarse su participación para que sea justa la aplicación del criterio redistributivo. Es necesario lograr acuerdos metropolitanos para la atención de las necesidades sociales derivadas de la presencia diaria en el DF de varios millones de personas venidas de otras entidades conurbadas.