MIERCOLES 4 DE OCTUBRE DE 2000
Ť Piden revertir reformas al Código Penal que amplían causales de aborto
Da entrada la Suprema Corte al recurso de controversia interpuesto por PAN-PVEM
Jesús Aranda Ť La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la demanda vía acción de inconstitucionalidad presentada por las fracciones del PAN y del PVEM en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en contra de las modificaciones al Código Penal capitalino que impulsó la jefa de Gobierno, Rosario Robles, para despenalizar el aborto en caso de grave riesgo para la salud de la madre, cuando el producto presente serias malformaciones físicas y genéticas e inseminación artificial no consentida.
El asunto fue turnado a Olga Sánchez Cordero con el expediente 10/2000, y de inmediato, la ministra instructora dio un plazo de 15 días a la Asamblea Legislativa capitalina para que responda lo que convenga a su interés, además de que notificó a la Procuraduría General de la República para que dé su opinión jurídica sobre la demanda.
El pasado 25 de septiembre, los legisladores panistas y ecologistas presentaron ante la Corte la acción de inconstitucionalidad contra la llamada "ley Robles", la cual fue aprobada el 18 agosto de este año con una votación de 41 votos a favor por 7 en contra, y apenas unos días antes de que el PRD perdiera la mayoría absoluta en la Asamblea.
Con motivo de las elecciones pasadas, el PRD perdió la mayoría absoluta, pero fue hasta el 17 de septiembre cuando tomaron protesta los nuevos legisladores en un órgano legislativo en el que ninguna de las tres fracciones partidistas (PRI, PAN y PRD) tiene la mayoría por sí sola.
Así, ésta es la primer acción de inconstitucionalidad de la presente legislatura, pero en contra de una ley aprobada en el período legislativo anterior (el 18 de agosto). En el caso del Distrito Federal, la Corte ya le otorgó la razón al gobierno perredista cuando los panistas impugnaron la Ley de Instituciones de Asistencia Privada y la Ley Electoral capitalina; es decir, en términos generales, el máximo órgano de justicia del país ha convalidado la constitucionalidad de las reformas legislativas aprobadas por los perredistas en los últimos tres años.