MIERCOLES 4 DE OCTUBRE DE 2000

Ť Buscan la instauración de tarifas preferenciales


La PGR tras 145 chiapanecos por actos de resistencia contra la CFE

Ť El gobierno de Sonora, aval de endeudados con la paraestatal

Angeles Mariscal y Cristóbal García, corresponsales Ť La Procuraduría General de la República giró 145 órdenes de aprehensión en contra de otras tantas personas que han encabezado actos de resistencia en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Chiapas, toda vez que buscan desde 1994 la instauración de tarifas preferenciales.

Los involucrados señalaron que tienen confirmadas 145 órdenes de aprehensión en contra de sus líderes, a quienes los responsabilizan "injustamente de rijosos y subversivos".

Legisladores del Partido de la Revolución Democrática e integrantes del movimiento en contra de la CFE, al que pertenecen comunidades de 58 municipios, advirtieron que reiniciarán protestas en contra de la empresa paraestatal si los denunciados no son absueltos de tales cargos.

Por otro lado, el gobierno de Sonora fungirá como aval de la deuda que enfrentan productores privados de Caborca con la CFE, por lo que la empresa inició este martes la reconexión de los pozos de riego que fueron suspendidos del suministro de energía eléctrica.

El presidente de la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego 39-Caborca, Arnulfo Santiago Palacio, sostuvo una reunión con funcionarios del gobierno estatal y de la CFE en la que se establecieron los convenios de pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al presente año.

En dicho encuentro, la CFE informó que el proceso de reconexión iniciará en 22 de los 31 pozos de los propietarios que tienen adeudos con la CFE correspondientes a los primeros nueve meses del año, y que suman un total de un millón 798 mil pesos.

Santiago Palacio sostuvo a su vez que no obstante lo anterior, 320 pozos más permanecerán paralizados, pues sus propietarios aún tienen adeudos que suman 15 millones de pesos, por lo que las gestiones del gobierno sonorense con la CFE deberán continuar en los próximos días hasta destrabar el problema.

Aseveró que dicha situación pone en riesgo a unas 10 mil hectáreas de cultivo de uva y olivo, así como a cerca de 30 mil trabajadores sonorenses, situación que agrava la economía de la región que depende en 100 por ciento de la actividad agrícola.