MIERCOLES 4 DE OCTUBRE DE 2000
Ť Pedro Alvarez IcazaŤ Ť
Conservación de recursos naturales con rostro humano
Como hace 100 años, el debate nacional sobre la posesión plena del territorio vuelve a ocupar una parte importante de la agenda rural. Las razones son las mismas, las motivaciones hoy son diferentes.
La apropiación social del discurso ambiental es un logro colectivo de sociedad y gobierno; no obstante, las particularidades nos pueden llevar a posiciones irreconciliables en torno a la información, los derechos y los beneficios del acceso y manejo de los recursos naturales en nuestro país.
En los últimos meses ha prevalecido en el ambiente la desconfianza; algunos grupos, unos con proyectos locales en zonas con alta biodiversidad, acusan a los impulsores de la política ambiental de facilitar a empresas privadas y universidades el acceso a recursos genéticos propiedad de grupos indígenas y campesinos de nuestro país. Esgrimen como prueba la defensa acérrima de la selva Lacandona sólo para proteger intereses externos o recursos estratégicos como el petróleo.
El gobierno federal alerta sobre la destrucción acelerada en los últimos años de las selvas de México, en especial del espacio natural más importante del país, la Lacandona, y argumenta que las invasiones, los incendios y el cambio sobre el uso del suelo acabarán rápidamente por destruir la riqueza genética de todos los mexicanos.
ƑCómo conservar protegiendo los servicios ambientales que proveen importantes áreas naturales del país como pocos lugares en México y en el mundo?
Tanto la visión conservacionista como la desarrollista coinciden en que si no se abate la pobreza será imposible combatir el deterioro ambiental. Si no se buscan oportunidades económicas sustentables, directamente relacionadas con los servicios de conservación de esos lugares para sus habitantes, no podrán valorarse localmente las bondades de la economía ambiental aplicada a zonas prioritarias para conservar in situ la biodiversidad.
Tendríamos que preguntarnos si realmente debemos conservar importantes zonas, como las reservas de El Vizcaíno o de Montes Azules, como sitios de enorme reservorio natural para México --1.5 por ciento del territorio nacional-- y potenciar a cambio un desarrollo sustentable con rostro humano en los corredores naturales de entre las diferentes áreas protegidas de nuestro país.
La respuesta es sí, porque la insistencia en repartir las zonas con alta biodiversidad, pero de pobreza agrícola sería caer nuevamente en el gran error de la Revolución Mexicana: el reparto agrario para solucionar conflictos políticos y no para buscar mejores niveles de bienestar de la gente. Si repartimos sitios prístinos no sólo condenamos a la desaparición a estos ecosistemas y a los servicios que proveen --recarga de acuíferos, captura de carbono, protección del clima y paisaje--, sino que condenaremos a los grupos que habitan en ellos a seguir viviendo en la miseria. Aunque nuestra conciencia ideológica descansase al reivindicar un derecho histórico, confrontaríamos a diferentes etnias, aceleraríamos la destrucción de las selvas y dejaríamos impasibles a los verdaderos usurpadores de las tierras y sus recursos, sean en el sureste o en cualquier otro lugar de nuestra nación.
Si no buscamos espacios de confluencia entre las dos posiciones, todos corremos el grave riesgo de perder. Por ejemplo, hay que discutir a fondo y encontrar los mecanismos para el acceso nacionalista a los recursos genéticos, la protección del conocimiento indígena y de sus recursos y la defensa de nuestro territorio nacional, garantizando la protección de su capital, base natural de sustentación.
Dar la lucha por la protección y conservación de los recursos naturales y la valoración de la biodiversidad contenida no es una cruzada contra los intereses legítimos de los campesinos e indígenas marginados del desarrollo sino, por el contrario, es la búsqueda común de soluciones, espacios y estrategias que les permitan una vida más digna, sin perder la riqueza natural, de ellos y de todos, que representa el futuro de nuestra soberanía.
En el fondo, el asunto consiste en la necesidad de regular el uso del suelo; primero a escala nacional, lo que incluye las fronteras con otros países en donde esta regulación establece para propios y ajenos los sitios que queremos conservar, que son susceptibles de aprovecharse, que es necesario restaurar y que, protegiéndolos, podemos aprovechar gracias a los servicios ambientales que proveen. El segundo nivel es la regulación del uso del suelo que a escala de estados y municipios podemos y debemos utilizar; y, por último, en el ámbito local, lo que cada comunidad decide conservar y aprovechar.
Esto conllevaría al establecimiento de una política de Estado consensuada con los distintos sectores e instituciones de gobierno que ordene el territorio nacional en términos ambientales, económicos y sociales; así como el fortalecimiento de normas y leyes con el concurso del Poder Legislativo en temas tan importantes como el acceso a recursos genéticos y la bioprospección. Es decir, una política ambiental de largo plazo reguladora del uso de los recursos del territorio nacional.
Ť Coordinador de la Unidad de Análisis Económico y Social de la Semarnap