MARTES 3 DE OCTUBRE DE 2000
Ť Raciel Garrido MaldonadoŤ Ť
La justicia electoral en el DF
Un aspecto distintivo del Distrito Federal durante gran parte de su historia fue la imposibilidad que tuvieron sus habitantes de elegir mediante el voto universal, libre, directo y secreto a sus autoridades locales, condición poco asimilable para muchos ciudadanos de esta capital, pues ésta resulta ser la urbe de las complejidades, de los procesos de concentración urbana, económica y social más importante del país, problemática que demandaba ser resuelta con la participación de ellos y, en gran medida, a través del pleno ejercicio de sus derechos político electorales. Sin embargo, no es sino hasta fechas recientes que se alcanzó esa posibilidad.
Así, tras un lento proceso de apertura electoral, el pasado 2 de julio los ciudadanos del DF elegimos directamente y por primera vez de manera conjunta a: diputados, a la Asamblea Legislativa, al titular del órgano ejecutivo local (jefe de Gobierno) y a los titulares de los órganos político administrativos (jefes delegacionales), lo cual denota un cambio significativo y legítimo en la conformación de los órganos de Gobierno.
Esta transformación ha venido aparejada de un nuevo orden institucional sin precedente, ya que estas elecciones fueron organizadas por una autoridad electoral local, y en ellas intervino una autoridad jurisdiccional encargada de asegurar la legalidad de los actos y resoluciones electorales.
El establecimiento de estas autoridades en el DF se da como garantía al respeto de la expresión libre de las preferencias electorales, procurando procedimientos transparentes que hagan en lo posible innecesarias las objeciones a los comicios, y a su vez refleja un logro de los muchos esfuerzos que se han hecho para dotar a esta ciudad capital de autonomía e independencia, pues ahora ya cuenta con autoridades electorales propias.
En este contexto, cobra especial significado la actuación que durante el pasado proceso electoral, y a pesar de su reciente creación, han tenido ambas autoridades electorales; empero, me referiré sólo a una de ellas: a la autoridad jurisdiccional, es decir, al Tribunal Electoral del Distrito Federal.
En la actualidad, y dados los antecedentes ya aludidos, la justicia electoral es uno de los elementos primordiales en los que descansa la transformación democrática; ella se erige en cauce civilizado de los reclamos por el respeto de la participación de los ciudadanos, es decir, en órganos como el Tribunal Electoral del Distrito Federal se deposita la tarea de velar por la lucha pacífica y legal entre los partidos que pretenden ganar la voluntad mayoritaria de la ciudadanía para poder acceder a los cargos de representación popular, garantizando con su actuación que, en todo momento, los procesos electorales se sometan a los imperativos de la función electoral, a los llamados principios rectores que son: certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia y equidad. Para tales efectos, el Código Electoral local ha dispuesto un Sistema de Medios de Impugnación, mediante el cual los ciudadanos y partidos políticos hicieron valer sus inconformidades en las diferentes etapas del proceso comicial.
En dicho proceso, esta autoridad jurisdiccional resolvió impugnaciones sobre financiamiento y sanciones a partidos políticos, las relativas a las campañas, registro de agrupaciones políticas locales, realizó un análisis acucioso de los requisitos de elegibilidad en el registro de los candidatos, y valoró y revisó los cómputos totales y entrega de constancias respectivas en los diferentes ámbitos de elección.
Así pues, la ciudadanía del Distrito Federal durante el tan mencionado proceso contó con la autoridad que interviniera para hacer respetar su voluntad traducida en votos, misma con la que demostró ser actor principal de esta nueva cultura política, en la cual la consolidación de la democracia es rumbo y fin.
ŤPresidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal.