MARTES 3 DE OCTUBRE DE 2000
Ť Pérez Canchola: ha incurrido en excesos contra la Procuraduría capitalina
Motivos políticos, detrás de señalamientos de ombudsman
Angel Bolaños Sánchez Ť El director del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, José Luis Pérez Canchola, no descartó que existan motivos políticos detrás de los constantes señalamientos que ha hecho la Comisión de Derechos Humanos capitalina en contra de la dependencia, incurriendo incluso en excesos.
"Yo me temo que es más un asunto político, más en estos tiempos de cambios. Debo recordarles que el comisionado Luis de la Barreda es parte del equipo de transición del presidente electo Vicente Fox. Está en la mesa de diálogo para la reforma de Estado, no debería ser así, es el ombudsman de la ciudad de México y el pertenecer a un equipo de trabajo de Fox lo coloca políticamente en situaciones de desventaja", explicó el funcionario de la procuraduría capitalina.
Pérez Canchola, entrevistado luego de inaugurar una muestra de libros antiguos de derecho en el Instituto de Formación Profesional, dijo que es importante la labor de las instituciones de derechos humanos, pero el ombudsman capitalino ha incurrido en excesos al descalificar la labor de toda la institución.
El 16 de agosto pasado, al dar a conocer la recomendación 8/2000, relacionada con cinco casos de negligencia por parte del Ministerio Público y sus auxiliares, que dejaron impunes igual número de ilícitos cometidos por policías de la Secretaría de Seguridad Pública, De la Barreda afirmó que tenía "indicios" de que estos casos son representativos de la forma como el Ministerio Público atiende la mayoría de los asuntos y advirtió: "estamos ante un verdadero desastre de la administración de justicia".
La ley, indicó Pérez Canchola, es muy clara en el sentido de lo que persiguen las comisiones de derechos humanos, su función, explicó, es la de establecer responsabilidades y sugerir incluso sanciones a servidores públicos que violenten los derechos, las garantías constitucionales de los ciudadanos, "pero de ahí a la descalificación total de una institución creo que hay un paso que nunca se debe dar".
"Hay un uso de adjetivos en muchas de esas recomendaciones que buscan descalificar la función de la procuración de justicia en esta administración", lo cual, dijo, es lamentable puesto que la función de las comisiones es la de ayudar a coadyuvar y ayudar a desarrollar un mejor servicio público, sobre todo en el área de justicia.
El funcionario refirió que en estos casi tres años de gestión, el procurador Samuel del Villar ha demostrado plenamente su disposición a sancionar y perseguir penalmente a aquellos funcionarios que incurren en alguna conducta ilícita.
Así, añadió, más de mil funcionarios de la dependencia, entre ellos unos 300 agentes de la Policía Judicial, están consignados, en un reclusorio o huyendo.
Aseguró que ha ido creciendo la confianza en la institución y el secreto ha sido mantener la guardia en alto contra la corrupción, el abuso y la falta de ética en el trabajo y la mejor manera para lograrlo es mediante la denuncia ciudadana: "es la materia prima para combatir en serio la falta de eficacia y de productividad de cualquier servidor público".
La PGJDF, recordó, tiene sus propios mecanismos de supervisión y de vigilancia, como es la Contraloría Interna, la Visitaduría y la Fiscalía para Servidores Públicos; sin embargo, se trata de una institución de cerca de 10 mil servidores públicos sustantivos y a veces el personal responsable de la vigilancia y el control no es el suficiente.
Con respecto a los señalamientos que el pasado viernes realizó la CDHDF con motivo de una queja del testigo del caso Stanley, Luis Gabriel Valencia López, sobre presuntas presiones de funcionarios de la PGJDF y la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, hechos que fueron desmentidos por ambas dependencias, Pérez Canchola señaló que las comisiones tienen que orientarse con los elementos que aporta el ciudadano en su queja y escuchar incluso al servidor público acusado y a la luz de la propia ley y de la reglamentación interna establecer, en su caso la responsabilidad, "pero no descalificar con declaraciones públicas ante los medios de comunicación".