MARTES 3 DE OCTUBRE DE 2000

Ť El juez Garzón sabe que es inocente, dice la defensa

Piden a México no extraditar a España al vasco Lázaro Galarza

Ť Indicios de que la entrega procederá debido al acuerdo de 1997

Jesús Aranda Ť La defensa del ciudadano vasco Lázaro Galarza Larrayoz solicitó al gobierno mexicano que no conceda la extradicción de éste, en virtud de que las pruebas aportadas por el juez español Baltasar Garzón son insuficientes y no acreditan la participación del reclamado en los hechos criminales que originaron la acción legal en su contra.

En conferencia de prensa, el abogado Joseba Agudo -quien sigue el proceso en contra de Galarza en España-, y el alcalde de Valle de la Larraun, José Antonio Azpiroz, lamentaron la acción de Garzón, quien -dijeron- actúa al margen de la ley, a sabiendas de la inocencia del ciudadano vasco detenido el 30 de mayo último con fines de extradición, acusado de terrorismo, estragos, atentado y asesinato frustrado.

Por su parte, el abogado Lamberto González reconoció que existe el temor fundado de que el gobierno mexicano acepte la petición de la justicia hispana, sobre todo porque a raíz de los cambios que acordaron México y España en su Tratado de Extradición Bilateral hace tres años -en el que el terrorismo dejó de ser un delito político-, se ha acelerado la "entrega" de vascos "de policía a policía", además de que se concedió la extradición hace unos meses de Oscar Cadenas.

Agudo y Azpiroz cuestionaron la actitud de Garzón, ya que inició el proceso en contra de Galarza -acusándolo de haber proporcionado una camioneta a un comando de ETA el 7 abril de 1990, la cual fue utilizada en un atentado contra un cuartel de la Guardia Civil-. Esto a pesar de que en una sentencia de la justicia española con fecha 15 de marzo de 1995, se condenó a José Zubieta Zubeldía y Javier Goldaraz Aldaya de haber utilizado una furgoneta que no coincide con la descripción del auto que habría proporcionado Galarza.

Lamentaron el hecho de que, mientras Garzón ha ganado notoriedad internacional por los juicios que inició contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet y el caso reciente del ex torturador argentino Ricardo Miguel Cavallo, en el plano nacional se ha convertido en el "juez favorito" del gobierno español para llevar los procesos contra ciudadanos vascos.

Incluso, dijo Azpiroz -quien enseñó a la prensa oficios de los ayuntamientos de Valle de Larraun, Valle de Araitz, Leitzako Udala y Goizueta, todos ellos de la provincia de Navarra-, en los que sus autoridades en pleno demandaron la inmediata libertad de Galarza y solicitan al gobierno mexicano que no conceda la extradición de quien salió de su país en 1987 a partir de que la justicia española pretendió que se "autoinculpara" o que revelara los nombres de quienes presuntamente participaban en ETA.

Azpiroz denunció que la acusación de Garzón contra Galarza se fundamenta en las declaraciones de José Zubieta Zubeldía, después de haber permanecido incomunicado durante los cinco días que pemite la ley española a quienes son procesados ante la Audiencia Nacional -máxima instancia judicial española, de la que Garzón es juez-, y de haber salido con claros indicios de haber sido torturado. Es decir, la acusación contra Galarza habría sido también inducida.

Curiosamente, añadió, Garzón quien tomó notoriedad por perseguir a nivel internacional delitos contra los derechos humanos, en España no ha iniciado ningún procedimiento en contra de las autoridades policiales españolas que han mantenido por cinco días incomunicadas a personas acusadas de tener vínculos con los movimientos independentistas vascos, a pesar de que existen evidencias claras de que sufrieron torturas antes de que le fueran presentados.

Por su parte, el abogado Lamberto González, adelantó que una vez que el juez primero de distrito consideró que sí existen elementos para extraditar a Galarza y que la Secretaría de Relaciones Exteriores conceda en los próximos días su eventual extradición, aún queda el recurso de amparo contra la decisión de la cancillería.