LUNES 2 DE OCTUBRE DE 2000
Ť PARABOLA
Ť Emilio Lomas M. Ť
Gabinete alterno
Acortar el lapso que existe entre las elecciones federales y la toma de posesión del presidente electo es una cuestión que deberá plantearse seriamente, a fin de corregir las incoherencias administrativas y legales que afectan el buen desempeño del Estado, fomentan el vicio de la burocracia, y perjudican el gasto social que 40 millones de pobres espera les beneficie.
Un buen comienzo estaría en realizar un cálculo transparente de lo que le cuesta al erario financiar los gastos de dos presidentes --el que se encuentra en funciones y el electo--, con su respectivo gabinete, durante cinco meses, periodo que no garantiza una transición efectiva, pues dentro de la lógica sería más conveniente enfrentar de lleno y sin cortapisas la administración y los pendientes, así como las reformas que la situación actual del país está demandando, y entre más pronto sea esto mejor.
La cifra que se ha empeñado en manejar la Secretaría de Hacienda para cuantificar el costo de la transición entre el gobierno de Ernesto Zedillo y de Vicente Fox (de 10.3 millones de pesos), es apenas una aproximación a los costos reales que ésta implica, y que en este fin de sexenio, a diferencia de los anteriores, se ha acentuado.
Desde que Fox fue designado presidente electo, ha iniciado las tareas de la transición con tal ahínco que el propio Ernesto Zedillo le expresó su apoyo y puso a su disposición todo aquello que le pudiera ser útil. Este ofrecimiento que incluyó la apertura de las diferentes dependencias al equipo de coordinadores de Vicente Fox, quienes han tenido acceso a todo tipo de información aún sin ser servidores públicos en función, ha derivado en un doble costo de las tareas del Poder Ejecutivo.
Actualmente la Unidad de Transportación Aérea del Poder Ejecutivo Federal proporciona los servicios no sólo a la Presidencia de la República y a las entidades que componen la Administración Pública Centralizada, sino también al presidente electo. Esto, aunado a la partida que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público decidió designar por concepto de transición, implican un doble financiamiento para cubrir los gastos de dos presidentes durante cinco meses y no sólo eso, lo peor del caso es que al hacerlo se incurre en delitos constitucionales sin el menor reparo, ahuyentando los cuestionamientos al respecto, con argumentos sin bases jurídicamente sólidas.
Sin embargo, el presidente Ernesto Zedillo, el secretario de Hacienda, José Angel Gurría, y el presidente electo, Vicente Fox, implicados en estos hechos, no podrán responder de una manera tan simplista a la demanda interpuesta en su contra por Miguel Arroche Parra, escritor y fundador del Partido Comunista; José Luis González Meza; José Enrique González Ruiz, ex rector de la Universidad de Guerrero durante el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer y José Ovidio Puente León, presidente de la Organización de los Derechos Humanos A.C., quienes documentan la ilegalidad constitucional que atenta contra la nación que resulta de mantener a dos presidentes en el lapso existente entre las elecciones y la toma de posesión.
Los demandantes señalan que luego de que el pasado 2 de julio Vicente Fox ganara las elecciones presidenciales inició una gira por distintos países de América del Sur, a su regreso hizo otra gira a Canadá y a Estados Unidos de Norteamérica (va por cuenta propia señalar que en estos momentos el mandatario electo, que no presidente constitucional todavía, se encuentra de gira en Europa), y en ambos casos utilizó aviones para uso exclusivo del Poder Ejecutivo Federal, de la Secretaría de la Defensa y del Estado Mayor Presidencial, según la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana.
En la denuncia, dirigida al procurador Jorge Madrazo Cuéllar, que se ha caracterizado por no resolver nada, absolutamente nada, se precisa que mientras el señor Fox no tome posesión de su cargo y se convierta en funcionario público, tiene calidad de cualquier ciudadano mexicano, sin contar con ningún privilegio, y la misma condición tienen sus colaboradores.
Melée
A la presunta ilegalidad de la partida que se asignó para la transición y del uso de transporte exclusivo para el Ejecutivo federal, la denuncia suma el hecho de que en su gira por Sudamérica Fox tuvo la compañía de tres personas presuntamente vinculadas al narcotráfico: Fabio Cobarruvias y William Karam, ex socios de Carlos Cabal Peniche --actualmente detenido en Australia con solicitud de extradición por parte de México--, así como de José Serrano Segovia, propietario de Transportación Marítima Mexicana (TMM), y quien enfrenta diversas actas en su contra en la Procuraduría General de la República, luego de que se detectara en barcos de TMM varios contenedores cargados de cocaína procedente de Sudamérica.
El oficio también hace referencia a que en el pasado 7 de junio del 2000, el periódico Excélsior publicó una relación de amigos y empresarios que financiaron la campaña de Fox, entre los cuales se encuentran destacados salinistas vinculados al narcotráfico.