DOMINGO 1o. DE OCTUBRE DE 2000
Ť Grupos conservadores buscan imponer una "moral oficial", sostiene
Cuestiona ONG al gobierno de BC en el caso Paulina
Angélica Enciso L. Ť La posición del gobierno de Baja California, al resistirse a acatar la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para restituir el daño ocasionado a Paulina del Carmen Ramírez Jacinto -la menor que fue impedida de abortar después de haber sido víctima de una violación sexual- es preocupante, y este hecho ha servido como pretexto para que grupos conservadores del país intenten imponer su perspectiva, consideró la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos.
La organización estimó que los aspectos considerados como restitución, garantizar a la afectada y a su hijo educación, salud, vestido, vivienda y todos los cuidados que requieren, son elementales, y más aún si esas autoridades le impidieron ejercer su derecho a abortar legalmente a causa de la violación.
Este hecho pone de manifiesto la poca voluntad de las autoridades y servidores públicos para corregir sus propias acciones, sobre todo cuando son violatorias a los derechos humanos.
En este caso, consideró la Red, la premisa que imperó fue "una valoración particular" que pasa por encima de las garantías y derechos reconocidos en la Constitución. Además, este problema fue sacado de contexto social, económico y político, ya que es fundamental plantearse las causas y circunstancias que pueden llevar a una mujer a tomar la decisión de abortar.
La organización plantea que el grueso de las mujeres que abortan de manera clandestina es pobre, con poca formación educativa y gran parte de ellas con gran vulnerabilidad social -adolescentes, migrantes, sexoservidoras, niñas de la calle- que "hacen poco probable la opción de tener un hijo sin que esto implique empeorar sus condiciones de vida".
La responsabilidad por estas circunstancias de desventaja y mayor vulnerabilidad recae en el Estado, "que a través de todas sus instancias administrativas, ejecutivas y judiciales tiene el mandato y la responsabilidad de hacer efectivo el cumplimiento del derecho al bienestar y la vida digna que tenemos todos los seres humanos".
Además, el tema ha sido pretexto para que grupos conservadores del país busquen imponer su punto de vista y desde espacios oficiales, donde ya tienen incidencia, buscan "construir una moral oficial, descartando, e incluso castigando, todas aquellas perspectivas diferentes".