DOMINGO 1o. DE OCTUBRE DE 2000
Ť José Antonio Rojas Nieto Ť
Violencia y corrupción en la apertura eléctrica
El sector eléctrico nacional merece la mejor de las estrategias para su reforma y modernización. La reforma de la industria eléctrica nacional debe ser capaz de rescatar y dar un nuevo y renovado sentido a su misión fundamental de ser un servicio público orientado al bienestar de los mexicanos, al proporcionarles fluido eléctrico de manera confiable, oportuna, segura y permanente, al menor costo individual y social. El asunto no es trivial. La corriente mundial de reformas de la industria eléctrica -con limitados éxitos y múltiples y muy terribles fracasos -sirve hoy de coartada para que muchas empresas y compañías multinacionales y personas y grupos foráneos asociados a empresas y personas del país, actúen sin escrúpulos, ofreciendo capital, tecnología y servicios a cambio de jugosos beneficios que superan con mucho lo que una honesta actividad productiva y comercial pudiera arrojar.
Y en su ánimo obsesivo y compulsivo de acceder a esas ganancias extraordinarias, tratan de instalarse y controlar los procesos de restructuración de países en desarrollo como el nuestro, cuyas sociedades, de buena fe -aunque en muchos casos acompañadas de la ansiedad, la voracidad y la ambición de funcionarios públicos sin escrúpulos-, se abren al apoyo del ahorro externo, anhelantes de una mejoría productiva que se traduzca en un mayor bienestar social. Y sin embargo, la realidad contradice continuamente esta pretensión. Por eso, entre otras cosas, las legítimas protestas en Seattle, en Davos y en Praga.
En este contexto, algunas empresas estadunidenses tienen hoy a muchos de sus personeros rondando las oficinas del equipo de transición foxista para el área de energía, ofreciendo a los encargados planes y apoyos, entre los que -no hay por qué dudarlo- pudieran incluirse algunos para que éstos logren el puesto que ambicionan en el próximo gobierno. Muchos de ellos, sin embargo, no pueden ocultar sus fracasos y su actuación corrupta en otros países. Un buen ejemplo nos los proporciona un estudioso hindú y el reporte de Human Rights Watch sobre esa lamentable experiencia (Suni Mani, Private Financing Initiatives in India's Infraestructure Sector, in Tsuji M., Berg S., Pollit., M., in Private initiatives in Infraestructure: priorities, incentives and performance, IDE-JETRO, Japan, 2000).
La empresa Enron -tan interesada hoy en participar en todos los negocios de energía en México- firmó en 1992 un memorándum de entendimiento con el gobierno provincial de Maharashtra en India para construir una planta de ciclo combinado a gas natural en el distrito de Ratnagiri, para lo cual se creó una jont venture (Dabhol Power Company) con la misma Enron (80%), la General Electric (10%) y la empresa Bechtel (10%). Así, en 1993 la Dabhol logró el Convenio de Compra de Electricidad (PPA por sus siglas en inglés) como una de las primeras acciones resultado de cambios en la legislación de la India para aceptar inversión extranjera en proyectos eléctricos.
Pues bien, a partir de ese momento se registró una actuación irregular e irrespetuosa por parte de este consorcio, que nuestro estudioso hindú agrupa en seis condenables conductas: 1) firma a un precio muy alto del convenio de compra de la electricidad, muy por encima de los costos de producción, totalmente desventajoso para los usuarios; 2) impulso de procesos de corrupción y de soborno para lograr no sólo la aprobación del proyecto sino condiciones altamente ventajosas para el consorcio extranjero; 3) violación continua de los procedimientos de aprobación del proyecto y de consulta a la población afectada del lugar de instalación de la central eléctrica; 4) adquisición irregular de los terrenos para instalar la planta y desplazamiento forzoso de sus pobladores; 5) irregularidades en cuanto a la indemnización y la reubicación de los desplazados; 6) destrucción ambiental y ecológica.
La gravedad de los hechos implicó la intervención de la Corte de la Provincia de Maharashtra y de la Suprema Corte de Justicia de India, y la creación de una misión de observadores de Human Rights Watch que demostró no sólo la corrupción presente en el proyecto sino la existencia de múltiples violaciones a los derechos humanos en complicidad con organismos financieros internacionales y órganos locales de seguridad publica.
En noviembre de 1995 el proyecto se canceló y se reabrió 16 meses después, con un nuevo contrato totalmente renegociado. Enron debió reducir el costo total del proyecto -estimado hoy en poco más de 3 mil millones de dólares- en no menos de 350 millones, y bajar la tarifa del acuerdo de compra en un 22 por ciento. La empresa se restructuró con participación del gobierno regional hindú para continuar con uno de los proyectos más grandes del mundo.
Pronto se concluirá la primera fase con una capacidad de 826 MW y hace poco se logró el cierre financiero de la segunda fase con 1.742 MW ƑHace falta añadir algo? En México esta semana celebramos 40 exitosos años de nacionalización de la industria. A pesar de todo, la Comisión Federal de Electricidad ha sido capaz -vaya que lo ha sido- de dar el servicio público de electricidad y, hoy, de administrar la limitada presencia de estas compañías en México.
Con su reforma Zedillo quiso cambiar el panorama. ƑQué quiere hacer Fox?