DOMINGO 1o. DE OCTUBRE DE 2000

Ť La Carta Magna sustenta el proyecto nacional del pueblo mexicano: SCJN

Piden abogados no modificar la Constitución

Ť Es necesario cumplirla como está redactada, y después estudiar un posible cambio: Ramírez España

Alejandro González Anaya, corresponsal, Querétaro, Qro., 30 de septiembre Ť El sistema jurídico de nuestro país requiere de un orden cierto y seguro, subrayó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro Góngora Pimentel, al clausurar el sexto Congreso Nacional de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, en el que se concluyó "que no se toque para nada la Constitución Política Mexicana".

Góngora Pimentel subrayó que los mexicanos reclaman el apego del gobierno a la ley, y que la nación requiere entrar al próximo siglo con un orden cierto y seguro, por ello destacó que la demanda ciudadana es que la Constitución siga siendo el ordenamiento supremo que recoja siempre la voluntad nacional y el sustento de nuestro estado de derecho.

Afirmó que la Carta Magna es la base del estado de derecho, y éste la fuente originaria del poder y titular de las normas jurídicas. "Nuestra Constitución, como norma suprema del orden jurídico, sustenta el proyecto nacional del pueblo mexicano. En ella, la nación expresa sus decisiones fundamentales y afirma su voluntad de conservar su identidad como comunidad, como cultura y como historia".

Manifestó que el sistema jurídico requiere de un orden cierto que indique aquello a lo que la ciudadanía puede atenerse respecto a sus relaciones con los demás, así como un orden seguro que sea capaz de garantizar que será cumplido por todos los sectores de la sociedad.

Ante el gobernador Ignacio Loyola Vera y los especialistas aquí congregados, Genaro Góngora subrayó que los hombres no pueden vivir sin un orden jurídico, porque la existencia del derecho es condición para que los ciudadanos puedan dedicarse al cumplimiento de los valores más altos, como es la justicia.

En su oportunidad, el presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Alejandro Ogarrio Ramírez España, subrayó que una de las conclusiones principales de este congreso es "que no se toque la Constitución Política de México para nada, sino que todos los ciudadanos la vivamos tal y como está redactada y la cumplamos en su integridad, y una vez hecho esto tal vez pudiese estudiarse si es conveniente su modificación".

Ante la polémica que ha suscitado el tema de crear o no otra Carta Magna destacó: "necesitamos una nueva constitucionalidad que transforme la cultura de la legalidad por una que privilegie la potestad del derecho, que fomente la relación respetuosa y madura entre los poderes de gobierno de los tres niveles y que permita una actitud más participativa de la sociedad en las políticas oficiales, sujetando a control jurisdiccional todos los actos del poder público".

Entre las propuestas de reformas constitucionales que acordaron los legistas destaca la "urgente necesidad de revisar y actualizar el juicio de amparo", y que la "declaración de inconstitucionalidad" no sea sólo para casos específicos, lo que, dijo, "es la aspiración de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados".

Explicó que cuando por la promoción de un amparo se declara la inconstitucionalidad de una ley, sólo es para quien lo tramitó, situación que, a juicio de los participantes en el congreso, es totalmente injusta.

En entrevista, Ramírez España precisó: "a nosotros nos parece que es altamente injusto que una ley que es declarada inconstitucional siga siendo aplicada para toda la población, pero no para quien tuvo los recursos materiales y las herramientas para obtener una sentencia favorable".

Subrayó que una propuesta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados es que las sentencias que dicte la SCJN en materia de inconstitucionalidad de leyes y que formen jurisprudencia tengan efectos para todos los ciudadanos.

Otras de las propuestas de modificaciones constitucionales son: eliminación del apartado B del artículo 123, a fin de restablecer la igualdad entre los trabajadores; reformar el artículo 133 para prever a los convenios interinstitucionales y que la aprobación de los pactos y tratados internacionales sea facultad del Congreso de la Unión.

Además del derecho a los inculpados para que obtengan su libertad bajo fianza cuando transcurra el plazo de un año que marca la Constitución, para que se dicte sentencia en los juicios penales y que se tenga este beneficio en todos los juicios de este tipo, aun en delitos graves; que se establezca claramente el derecho de los estados a participar en proporciones previamente determinadas de los ingresos fiscales.