SABADO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2000

Ť El testigo del caso Stanley acusó de presiones a funcionarios de la dependencia


Pide la CDHDF a la Procuraduría de Justicia capitalina proteger a Luis Gabriel Valencia

Ť Un agente del MP fue al Reclusorio Oriente tras una supuesta llamada del reo, dicen autoridades

Elia Baltazar y Josefina Quintero Ť La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal envió una solicitud de medidas precautorias a las autoridades capitalinas, para proteger la integridad de Luis Gabriel Valencia, testigo del caso Stanley, quien se quejó de la visita de funcionarios de la Procuraduría capitalina y la Dirección General de Reclusorios, a quienes acusó de presionarlo para que dijera quién lo había obligado a retractarse de sus imputaciones contra Paola Durante, implicada en el homicidio del conductor de televisión.

En una carta enviada al ombudsman capitalino, Luis de la Barreda, el ex cocinero de los Amezcua señaló al subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Mauricio Tornero; al fiscal Fernando Castro y al director general de Reclusorios, Jaime Alvarez Ramos, como los funcionarios que lo visitaron el domingo 24 de septiembre, en el Reclusorio Preventivo Oriente, para decirle que sabían que Miguel Angel Yunes, coordinador de Asesores de la Secretaría de Gobernación; Carlos Alberto Julián y Nácer, secretario de Gobierno de Puebla, y José Francisco Solares Solano, director general de Centros de Readaptación Social de este estado, lo habían obligado a retractarse, según sus propias palabras.

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por su parte, aseguró en un comunicado de prensa que "es absolutamente falsa" la acusación de Valencia, y que así lo confirma incluso el informe emitido por la comisión, pues en él se apunta que en el libro de registros de ingreso al Reclusorio Oriente sólo aparece el nombre de Jaime Alvarez Ramos, pero no los de Mauricio Tornero o el fiscal Fernando Castro.

Así se lee en el oficio dado a conocer ayer por el primer visitador de la CDHDF, José Antonio Aguilar, en el que se señala que personal de la comisión dio fe de que en el libro de visitas de la zona en que se encuentra Valencia aparece el nombre del director general de Reclusorios. Pero no menciona a los funcionarios de la PGJDF.

En su carta al ombudsman, Valencia también asegura que el miércoles 27 de septiembre lo visitó un Ministerio Público que se dijo enviado por el fiscal Castro, y que iba acompañado de una persona de "la Comisión de Derechos Humanos".

Según Valencia, le dijeron que su visita se debía a la petición que él mismo había hecho telefónicamente a Fernando Castro, lo cual negó en su carta.

Sin embargo, la PGJDF argumenta que el 27 de septiembre Fernando Castro recibió la llamada de una persona que dijo ser Luis Gabriel Valencia López. Castro dio instrucciones al agente del MP Richard Urbina, para que se trasladara al Reclusorio Oriente y tomara la declaración de Valencia. Y así lo hizo acompañado de un funcionario adscrito al área de Derechos Humanos de la PGJDF, lo cual quedó registrado en el libro de visitas correspondiente.

Ya reunidos con Valencia en el área jurídica del reclusorio, y acompañados de personal de dicho centro, se identificaron con el interno, quien pidió quedarse a solas con Urbina. Los funcionarios capitalinos se negaron a su petición y Valencia respondió que no declararía en tanto no estuviera presente Fernando Castro, y que no tenía nada que decir. Entonces se retiró.

En conferencia de prensa, acompañado de los subprocuradores Hugo Vera y Mauricio Tornero, Richard Urbina informó que en la llamada telefónica Valencia le dijo a Castro que tenía cierta información que podría ser de utilidad para la institución. Se refirió a grabaciones y escritos que involucraban a personas que lo habían convencido de cambiar su declaración y retractarse de sus acusaciones en el caso Stanley.

Vera por su parte, dijo que se investiga el registro de la hora y el origen de la llamada para corroborar el testimonio de Castro y ponerlo a disposición de los medios.

La CDHDF informó, por su parte, que sin prejuzgar la veracidad del contenido de la queja solicitó ayer al subsecretario de Gobierno del DF, Javier González Garza, que se tomen las medidas adecuadas para que "se siga garantizando la integridad física y síquica" de Valencia y se respete su dignidad.

También recomienda que se evite que servidores públicos de la PGJDF visiten, entrevisten o se comuniquen con Valencia, si no hay de por medio un escrito de alguna "autoridad competente", y a menos que durante la diligencia se respeten las garantías y derechos de Valencia, y se encuentre un representante de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.