SABADO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Ť Tercer informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
La tortura se incrementó 500% en un año en Baja California Sur
Ť Detienen a cuatro coadyuvantes de la CNDH por amenazar con armas a una familia
Pedro Juárez y Rubén Villalpando, corresponsales Ť De un año a la fecha los actos de tortura en Baja California Sur se han incrementado en 500 por ciento, aseguró el titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) Rogelio Martínez Riveramutio al rendir su tercer informe anual de actividades.
"Esta fría estadística pone de manifiesto que (la tortura) aún no se ha desterrado en las corporaciones policiacas de Baja California Sur, sobre todo de la Policía Judicial del Estado (PJE)", aseveró Martínez Riveramutio.
Ante la presencia de Leonel Armenta López, coordinador de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Martínez Riveramutio lamentó que en la legislación de Baja California Sur no se considere a la tortura como delito grave, "por lo cual los responsables de este ilícito pueden gozar de la libertad bajo fianza y, lo que es peor, continúan en ejercicio de sus funciones".
El ombudsman sudcaliforniano señaló que 76 por ciento de todas las recomendaciones emitidas por la CEDH se originaron por denuncias de actos de tortura y detenciones ilegales ejecutadas por la PJE. Igualmente, aseguró que las autoridades estatales "le dan muy poca importancia a las recomendaciones que les presenta la CEDH".
Martínez Riveramutio abundó: "De las nueve recomendaciones que hemos presentado a las autoridades, sólo dos servidores públicos señalados como responsables fueron sancionados, uno con una multa de 50 pesos y al otro lo suspendieron por 36 meses".
Ante la situación, el titular de la CEDH propuso al Congreso de Baja California Sur que genere una ley estatal para prevenir y sancionar la práctica de la tortura, "o en su defecto, reformas constitucionales y al código penal" para que en la entidad la tortura sea considerada un delito grave y no alcance fianza.
En otra parte de su informe Rogelio Martínez acotó que sigue "siendo un grave problema" el hacinamiento humano en las cárceles municipales y en los tres centros de readaptación social de la entidad.
Arrestan por incurrir en amenazas a 4 supuestos elementos de la CNDH
Agentes de la policía municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, detuvieron a cuatro personas que se ostentaban como empleados de la CNDH, quienes usaron armas de fuego para amenazar de muerte a una familia. De acuerdo con la dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) juarense, el dirigente del grupo Samuel Vallín portaba una credencial vigente de la CNDH que lo acreditaba como subprocurador del organismo.
La dependencia añadió que el arresto se logró porque una mujer -cuyo nombre no se dio a conocer- solicitó auxilio a una patrulla pues en su domicilio cuatro hombres que viajaban en una camioneta con placas de Texas amenazaban a su familia "por causas desconocidas".
Aparte de Vallín, se encontraban en dicha camioneta Daniel González, el cual se acreditó como promotor de la CNDH; Jacobo González, que dijo ser difusor del organismo, y Hugo González, quien aseguró ser comerciante, pero también portaba una identificación oficial de la CNDH. Dos de los detenidos argumentaron que buscaban con la gente que hostigaban un maletín de dinero que se les había perdido en el Río Bravo. Portaban armas de fuego, pero la DSPM no detalló los calibres de las mismas.
Trascendió que la DSPM llamó a la ciudad de México para corroborar si los aprehendidos eran empleados de la CNDH, la cual informó que estaban adscritos a una organización no gubernamental coadyuvante de la CNDH. En tanto la CNDH no tiene oficinas ni representación en Ciudad Juárez, el departamento de Averiguaciones Previas turnará el expediente al Ministerio Público Federal (MPF), para definir si Vallín y sus compañeros usurpaban funciones oficiales.