VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2000

Ť El ministro Piero Fassino, indignado por excarcelación del argentino Olivera

Investigarán a corte italiana por liberar a torturador

Afp, Ap, Dpa y Reuters, Roma, 28 de septiembre Ť La fiscalía de Roma anunció hoy que abrirá una investigación sobre la decisión de la Corte de Apelaciones de Italia de liberar al ex oficial argentino Jorge Olivera con base en un certificado de defunción que, según confirmó el gobierno argentino, es una falsificación.

El ministro de Justicia italiano, Piero Fassino, no ocultó su indignación al preguntarse: "ƑCómo pudo ser excarcelado un hombre acusado de delitos horrendos sobre la base de un documento clara y groseramente falso? Es algo gravísimo que debe ser investigado inmediatamente".

Fassino agregó que la decisión de la Corte de Apelaciones "suscitó el desconcierto en la opinión pública de Italia y Argentina y deja en las sombras la credibilidad de la justicia italiana".

Ese tribunal dictaminó que Olivera no podía ser extraditado a Francia, donde es requerido por la justicia por plagio y asesinato de la francesa Marie Anne Erize.

Estos pronunciamientos ocurren un día después de que Franco Danieli, vicecanciller italiano, se reunió con autoridades argentinas de justicia y derechos humanos, quienes confirmaron las acusaciones que hace unos días hicieron organizaciones de familiares de víctimas de la dictadura, de que es falsa la supuesta acta de defunción de Erize que los abogados de Olivera presentaron a la Corte de Apelaciones.

El documento sirvió para que los jueces dictaminaran que Olivera sólo sería culpable de participar en una detención ilegal, ya que la joven de 24 años no murió en cautiverio. Ese delito prescribió, según las leyes italianas, por lo que Olivera fue liberado.

Mientras tanto, en Argentina la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, afirmó que no se puede procesar en el país a Olivera por haber falsificado el documento que se presentó en la corte italiana, pues se trató de un fax.

Si bien en Italia las leyes dan validez legal a una copia de este tipo, en Argentina no da los suficientes elementos legales como para hablar de falsificación de un documento público.

Por lo pronto, uno de los abogados de Olivera, Marcantonio Bezicheri, afirmó ayer que los defensores del ex militar no tienen responsabilidad sobre el documento falso pues éste fue solicitado a Argentina y aportado por las autoridades pertinentes.

En tanto, el jefe del ejército argentino, Ricardo Brinzoni, advirtió hoy que existe preocupación dentro de las fuerzas armadas por la suerte que puedan correr otros militares en caso de que salgan del país y estén acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.

Así las cosas, jóvenes de una agrupación formada por hijos de detenidos desaparecidos durante el régimen militar, se enfrentaron con policías frente al edificio donde Olivera tiene su "estudio profesional".

Testigos dijeron que las refriegas comenzaron cuando los jóvenes, que escribían con aerosol leyendas como "Olivera asesino", pintarrajearon los zapatos de un policía que custodiaba la manifestación.

En tanto, un grupo de diputados oficialistas presentó ante el Congreso un proyecto de resolución para pasar a retiro al coronel Eduardo Cardozo, quien en el juicio contra Olivera fue identificado como uno de los militares que participó en el secuestro, tortura, violación y asesinato de Erize, en la provincia de San Juan, en octubre de 1976.

En otro orden, el presidente argentino, Fernando de la Rúa, ratificó en sus funciones al ministro del Trabajo, Alberto Flamarique, pese a que el vicepresidente Carlos Alvarez ha reclamado insistentemente su renuncia por ser uno de los principales sospechosos de haber pagado sobornos a senadores de la oposición peronista a cambio de que éstos aprobaran, en abril pasado, una polémica ley de reforma laboral.

De la Rúa reiteró, además, que de su gobierno "no salió ninguno de los aportes ni ninguna de las maniobras" que tuvieron que ver con dichos sobornos.

El juez Carlos Liporaci, a cargo del caso, ordenó hoy catear las oficinas del senador peronista Emilio Cantarero, en busca de indicios que comprueben que el legislador fue sobornado a cambio de su voto.