MIERCOLES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Ť Libera el ejército a un dirigente político
Atribuyen al ELN el secuestro de siete candidatos colombianos
Dpa, Afp, Ap y Reuters, Santafé de Bogotá, 26 de septiembre Ť El ejército colombiano rescató a un dirigente político y a seis de sus colaboradores, quienes estaban en poder de los grupos paramilitares, al tiempo que se atribuyó a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) el secuestro de siete candidatos para los comicios regionales del 29 de octubre.
Voceros militares dijeron que el rescate se produjo en Yopal, capital del departamento de Casanare, donde los paramilitares de extrema derecha tenían escondidos a sus rehenes. Entre los rescatados se mencionó a Luis García, candidato a la presidencia municipal de Yopal.
El jefe paramilitar Carlos Castaño reiteró, por su parte, su apoyo al antidrogas Plan Colombia, que tiene asistencia castrense y económica de Estados Unidos, al considerar que es un "gesto solidario" de la comunidad internacional y porque tiene un componente militar.
Esto, dijo el ultraderechista, aunque les afecte, ya que los paramilitares obtienen del narcotráfico entre 50 y 70 por ciento de su financiamiento para --según ellos-- combatir a las guerrillas colombianas en varios estados.
"Yo he dicho que el narcotráfico es el detonante porque acelera el conflicto, lo incentiva, lo sostiene", señaló a la agencia de noticias Reuter.
Agregó: "He hecho saber en nombre de las Autodefensas Unidas de Colombia a los narcotraficantes que la guerra antisubversiva que libramos más temprano que tarde se va a tener que extender a ellos, porque fortalecen el conflicto apoyando a las guerrillas en muchas regiones del país".
En cuanto a los secuestros del ELN, se informó que tuvieron lugar en Nariño, que ocurrieron el fin de semana y afectan a varios de los candidatos a la alcaldía de las poblaciones de Samaniego, Providencia y La Llanada, así como a un aspirante a la asamblea departamental.
En lo que va de este año han sido asesinado 17 aspirantes a alcaldías, así como 11 alcaldes, en tanto que otros 12 candidatos fueron secuestrados por los distintos grupos armados que operan en esta convulsionada nación sudamericana, guerrillas o los escuadroneros de derecha.
Por su parte, alcaldes de 12 municipios colombianos viajaron a la capital de Estados Unidos para participar en un foro sobre gobernabilidad, en donde se disponían a exponer ante autoridades y prensa estadunidenses la difícil situación que afrontan sus pueblos a causa del conflicto armado.
Esta preocupación, aseguraron los munícipes, la harán extensiva en Washington ante funcionarios de Estados Unidos y de los organismos financieros internacionales, porque si la situación actual se mantiene hay pocas esperanzas de que el país salga de la crisis económica que lo agobia.
Mientras tanto, la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la más importante del país, afirmó que "no sabotearán ni impedirán la realización de las elecciones".
Pero el líder rebelde Alfonso Cano advirtió que su organización armada "impedirá que personas que hayan sido denunciadas por corrupción o malos manejos en cargos públicos realicen proselitismo político" en sus zonas de influencia.
A todo esto, el comisionado gubernamental para la paz, Camilo Gómez, sostuvo este día una larga reunión con los dirigentes de las FARC en el caserío de Los Pozos, en la zona desmilitarizada del sur del país sudamericano, sin que se haya logrado desbloquear el estancamiento de las negociaciones de pacificación al persistir el dife- rendo en torno a un aeropirata que protege la guerrilla y se niega a entregarlo.
Gómez comentó que regresará cuando sea oportuno a la región desmilitarizada y que el único compromiso establecido fue en el sentido de "seguir trabajando". Pese a todo, trascendió que las partes realizarán "consultas internas" acerca del rumbo del proceso pacificador.
Por su parte, un fiscal de Villavicencio, capital del departamento de Meta, emplazó a juicio a los principales dirigentes de las FARC, Pedro Antonio Marín (conocido como Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo), al segundo en el mando militar rebelde, Jorge Briceño (Mono Jojoy), y al jefe de un frente que opera en el centro del país, Henry Castellanos (comandante Romaña).
La acusación es por los delitos de secuestro agravado, homicidio y rebelión, en el marco de un proceso por la muerte de 18 militares que cayeron emboscados por esa guerrilla en enero de 1997, cuando cum-plían un patrullaje en San Juanito.
En Madrid, el canciller español, Josep Piqué, dijo desconocer la identidad del grupo guerrillero colombiano que el sábado pasado secuestró al sacerdote jesuita español Alejandro Matos, de 31 años de edad, en el centro de esa nación.
Pero al mismo tiempo, en Bogotá se reportó que una pareja de ancianos españoles, Eduardo Sitges y Angela Vanegas, residentes en Colombia desde hace 40 años, fueron plagiados el domingo último.