Ť Exhorta al gobierno a ser más activo en el esclarecimiento de los crímenes

El ejército guatemalteco, culpable de más de 620 masacres: ONU

Ť Sólo 32 matanzas, atribuidas a la guerrilla Ť Demanda crear la Comisión de Paz y Concordia

Ap, Afp y Dpa, Guatemala, 26 de septiembre Ť La Misión de Verificación de Naciones Unidas en Guatemala (Minugua) responsabilizó al ejército guatemalteco de la mayoría de las masacres cometidas durante la guerra interna (1960-1996), y exhortó al gobierno a ser más activo en el esclarecimiento de estos hechos.

El organismo analizó 67 de 126 exhumaciones practicadas hasta el momento, en donde se establece que en 80 por ciento de los casos se sindica al ejército como responsable de las matanzas, tropas que frecuentemente se hicieron acompañar por los paramilitares que se hacían llamar Patrullas de Autodefensa Civil.

El jefe del área jurídica de la misión, Hugo Lorenzo, y el director adjunto de la Minugua, Juan Pablo Corlazoli, al presentar el informe Procedimientos de exhumación en Guatemala destacaron que el Estado debe legislar y participar activamente en los desentierros de cementerios clandestinos.

"Es urgente que se apruebe la ley de paz y reconciliación, no sólo para que se hagan exhumaciones, sino para que se resarza a las víctimas del conflicto", apuntó Corlazoli, e indicó que por ahora sólo se trabaja en planes pilotos de exhumaciones y resarcimiento, y eso debe ampliarse geográficamente y dar apoyo económico.

Se indicó que se han realizado --desde 1992-- 126 exhumaciones en cementerios clandestinos, cuando se formó el equipo de antropología forense de la Minugua, y que han sido respaldadas por más de cinco instituciones no gubernamentales. En cambio, el gobierno sólo ha participado en una de esas actividades.

Por ello, la Organización de Naciones Unidas (ONU) llamó al presidente Alfonso Portillo, elegido por los votos del partido de Efraín Ríos Mont, a que se involucre más directamente en dichas labores.

"La misión espera que el gobierno guatemalteco cumpla con seriedad las políticas de búsqueda de desaparecidos y realización de exhumaciones con pleno respeto de los valores culturales y de dignidad de víctimas y familiares".

En el mismo tenor, en el texto se lamenta la tardanza y obstáculos interpuestos por el propio Ministerio Público para el comienzo de procesos judiciales contra los presuntos responsables de violaciones a los derechos humanos, pese a que en 30 por ciento de las denuncias se identifica puntualmente a los autores.

Como ejemplo se citó que en 20 de 67 procedimientos analizados hasta el momento, los sobrevivientes identificaron a los responsables de las matanzas, sin embargo la fiscalía guatemalteca no ha avanzado en sus pesquisas, de modo que 90 por ciento de los casos continúa hoy en día en una fase de preparación o investigación.

De acuerdo con la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), auspiciada por la ONU, durante el largo conflicto armado se pudieron comprobar 669 masacres en total, de las cuales 626 son atribuidas al ejército y 32 a la antigua guerrilla.

Pero, se dijo este martes, la búsqueda de las víctimas es vital para lograr la reconciliación nacional.

Por lo anterior, la Minugua también instó al Congreso a impulsar y aprobar las recomendaciones de la CEH, y crear en especial la Comisión de Paz y Concordia, al considerar que así se podrá avanzar en el fortalecimiento de la democracia y evitar que en el futuro se repitan este tipo de sucesos gravísimos.

Al abundar en la cuestión de las masacres, se precisó que 40 exhumaciones se practicaron en el departamento de Quiché, 20 en las provincias de Alta y Baja Verapaz, tres en el Petén, nueve en Huehuetenango y cinco en Chimaltenango, que resultaron las regiones más golpeadas por la pasada guerra civil de 36 años de duración.

Por lo demás, los representantes de la Minugua señalaron que grupos clandestinos o paralelos, ajenos al Estado, estarían atrás de las amenazas a las organizaciones sociales y de derechos humanos. Es decir, el gobierno guatemalteco y sus instituciones estarían exentos de culpa.

El conflicto armado en Guatemala de más de tres décadas concluyó el 29 de diciembre de 1996 con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradero, signado entre el entonces presidente Alvaro Arzú y la antiguainsurgencia de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que pasó a ser un partido político legal.

Pero en diciembre pasado la premio Nobel de la Paz guatemalteca, Rigoberta Menchú Tum, presentó una demanda ante la justicia española en contra de los ex dictadores Romeo Lucas García (1978-1982), Efraín Ríos Montt (82-83) y Oscar Mejía Víctores (83-86), y otros ex generales por violaciones a los derechos humanos.

La respuesta militar fue acusar a Menchú Tum de "traición a la patria".