MIERCOLES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2000

Ť Bernardo Bátiz Vázquez Ť

Titubeos de los diputados

Durante el prolongado periodo en que el Poder Legislativo se caracterizó por tener una mayoría aplastante de un solo partido, las cuestiones relativas a la normatividad de los trabajos parlamentarios, a la organización de las Cámaras y a la buena o mala factura de las leyes, no eran de interés ni de los medios de comunicación ni de la opinión pública y ni siquiera de los mismos diputados y senadores, que sabían que su verdadera función no era legislar.

Como muestras de este desinterés y esta distorsión en el sistema de división de poderes, recuerdo dos botones que exceden al único de muestra que exige el refrán popular.

El primero es que la única obra escrita en México, al menos que yo conozca sobre técnica legislativa, anterior a la 56 Legislatura, en la que el PRI ya no contó por sí solo con las dos terceras partes de los diputados en la Cámara respectiva, es un libro de editorial Porrúa denominado precisamente Técnica legislativa. Aunque bastante irregular por su autoría plural, tiene la característica de que todos, o al menos la mayoría de sus autores, eran abogados adscritos al Poder Ejecutivo o directamente a la Presidencia o bien a las secretarías de Estado. Esto significa que a quienes les preocupó entonces la necesidad de que las leyes se hicieran bien era a los integrantes del Ejecutivo y no a los del Legislativo.

El otro botón de muestra lo encontramos en el libro Derecho administrativo, de don Gabino Fraga, texto de incontables generaciones de abogados. El autor, al hacer la clasificación de las normas de derecho público, ve con naturalidad que del constitucional se desprendan dos ramas: derecho administrativo, que regula la actividad del Poder Ejecutivo, y derecho procesal y penal, que regula la función judicial del Estado.

El otro poder, el Legislativo, no da lugar a una rama propia del derecho, según Fraga, porque se ocupa del "establecimiento de normas abstractas e impersonales" y no entra en relación, como los otros dos poderes, con los particulares, razón por la que según dicho autor no requiere de la multitud de "órganos secundarios" con que cuentan la administración pública y la administración de justicia.

Pero, como decía el poeta, "el tiempo pasa y el mundo rueda" y hoy, con el nuevo papel del Poder Legislativo, que es plural y tiene participantes con una buena dosis de independencia frente al Ejecutivo (que antes no tuvo), deja de tener fuerza la argumentación del ilustre administrativista y se hace necesaria una bien meditada legislación parlamentaria y el tema de la organización de las Cámaras pasa a ocupar en la prensa y en la discusión pública un lugar que antes nunca tuvo.

Por eso nos preocupan los titubeos de los dirigentes de los grupos parlamentarios en la Cámara baja, que están indecisos entre modificar o no modificar la nueva Ley Orgánica del Congreso, que disminuyó el número de comisiones de más de 60 a 24.

Los diputados recién llegados están a punto de reiniciar el proceso de engrosamiento de la burocracia parlamentaria que la anterior legislatura pretendió detener con la reforma a su propia ley.

Quieren aumentar nuevamente el número de comisiones, sin parar mientes en la naturaleza de las mismas y sin recordar que se llegó al altísimo e innecesario número de 60, precisamente porque a cada legislatura se le ocurría sumar unas pocas más y así, de pocas en pocas cada tres años, se llegó al abuso del que pudimos salir con la reforma de hace un año.

Los nuevos legisladores (con todo respeto a la soberanía que representan) debieran aquilatar con mucho cuidado, en primer lugar el esfuerzo de reorganización plasmado en la Ley Orgánica; enseguida, el despegue del sistema de servicio de carrera, que es indispensable en el nuevo Poder Legislativo independiente y, por último, al menos, la práctica de impartir cursos y diplomados serios y rigurosos desde el punto de vista académico, que se dieron en la anterior legislatura.

Podrían, a partir de estas nuevas bases mínimas, no empezar de cero y ocuparse, resueltos los asuntos de personal, de forma y procedimiento, de cuestiones de fondo, entre ellas, la reforma del Estado que les disputa el grupo de intelectuales distinguidos que preside Muñoz Ledo.

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