MARTES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2000

Ť Ha funcionado en NY, Rumania y Guyana, dice


Legalizar el aborto reduciría muertes por esta práctica: ONG

Ť Insiste el GIRE en debatir sobre los derechos de las mujeres

Angeles Cruz Ť Entre 20 y 25 por ciento de las muertes que anualmente se registran en el mundo por abortos mal practicados podría evitarse si existieran las condiciones para que las mujeres tengan acceso a servicios de salud seguros. De hecho, en los países donde se ha legalizado la interrupción del embarazo, el número de defunciones maternas se ha reducido en más de la mitad, asegura la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de los 55 mil abortos practicados en malas condiciones que a diario se realizan en el mundo, 95 por ciento ocurre en los países en vías de desarrollo. Son responsables de una de cada ocho muertes maternas, mientras que de cada siete nacimientos se lleva a cabo un legrado inseguro a nivel mundial.

En cuanto a la mortalidad por esta causa, el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNPFA) asegura que cerca de 70 mil mujeres pierden la vida a consecuencia de abortos en condiciones inseguras y un número desconocido -pero mucho mayor- sufre infecciones y lesiones. Según esta organización se practican alrededor de 20 millones de abortos clandestinos al año en el mundo.

Previo a la celebración del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, que tendrá lugar el 28 de septiembre próximo, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe destacó la importancia de la participación de los organismos civiles de la región y los convocó a unirse en un esfuerzo conjunto en la lucha por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Como parte de sus acciones, difundieron información de investigaciones diversas, una las cuales, realizada en 1997, reveló que la interrupción del embarazo realizada en forma clandestina y en condiciones inseguras es la causa de una de cada tres muertes maternas en América Latina y el Caribe, así como de aproximadamente 800 mil hospitalizaciones por año.

Refiere enseguida los logros alcanzados en cuanto a la reducción de la mortalidad materna en aquellas naciones que han legalizado el aborto. En Nueva York esto sucedió en 1970. Para el año siguiente los decesos se redujeron en 45 por ciento y en 1990 la incidencia bajó más de 10 veces y el riesgo de defunción se ubicó en una tasa de 0.3 muertes por cada cien mil abortos.

Otro caso es el de Rumania, país en el que la despenalización del aborto se autorizó al término de la dictadura en 1989. El nuevo gobierno lo permitió durante el primer trimestre de gestación. En apenas un año la mortalidad materna disminuyó 50 por ciento. Las prohibiciones del régimen dictatorial sólo habían logrado que Rumania tuviera la tasa de mortalidad materna más alta de Europa y que sus orfanatorios estuvieran repletos de niños y niñas que vivían en condiciones inhumanas.

Guyana es el primer país de América del Sur en legalizar el aborto, en 1995. La medida se tomó ante la magnitud del aborto inseguro y sus consecuencias en la salud y la vida de las mujeres. En 1991, la interrupción del embarazo era la tercera causa de hospitalización en ese país, pero desde la aprobación de la ley, la disminución de internamientos por abortos complicados ha sido de 65 por ciento.

Esta información resulta de particular relevancia en México, destacó el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), por los acontecimientos recientes en torno al aborto en Guanajuato, Distrito Federal, Morelos y Mexicali, donde funcionarios de gobierno impidieron que Paulina, de 15 años de edad, interrumpiera un embarazo producto de una violación, al cual tenía derecho por ley.

Asimismo la organización civil recordó los compromisos suscritos por el gobierno mexicano en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, El Cairo 1994, para que, en los casos en que el aborto no es contrario a la ley, se realice en condiciones adecuadas-.

México también suscribió la plataforma de acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Pekín 1995, en la cual se propone a los países considerar la posibilidad de revisar las leyes que prevén medidas punitivas contra las mujeres que han tenido abortos ilegales.

Por ello, el GIRE reiteró su convocatoria para iniciar un debate abierto, democrático y plural en que todos los sectores de la sociedad expresen sus puntos de vista en torno a la interrupción del embarazo y el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su maternidad.