Gustavo Castillo García Ť La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que permite el uso de testigos protegidos, comenzó su operación a partir del 7 de noviembre de 1996, cuando el panista Antonio Lozano Gracia fungía como procurador general de la República. Sin embargo, su aplicación real llegó con la gestión de Jorge Madrazo Cuéllar. Uno de los primeros en acogerse a este programa que hoy aglutina a más de 100 personas, fue el militar Juan Galván Lara, denunciante del general Jesús Gutiérrez Rebollo.

La ley establece que un miembro de la delincuencia organizada podrá, además de ser protegido él y su familia, no ser sujeto de proceso penal cuando no exista averiguación previa en su contra; si la hay, y aporta datos para la consignación de otras personas, la pena a la que puede hacerse acreedor se reducirá "hasta en dos terceras partes"; si durante el procedimiento judicial "aporta pruebas ciertas y suficientes para sentencias a otros miembros con funciones de administración o dirección", su pena podrá reducirse hasta la mitad.

Colaboradores de Amado Carrillo

Los testigos protegidos han sido utilizados dentro de los procesos penales instruidos principalmente en contra de presuntos colaboradores de la organización de Amado Carrillo Fuentes.

Entre los ellos se cuenta a Irving y Erick Trigo Segarra y Fernando García Zalvidea, empresarios quintanarroenses, que fueron detenidos y sujetos a proceso penal, acusados de lavar dinero para la organización del llamado Señor de los cielos. Otro caso es el de Daysi Baeza, ex secretaria particular del ex gobernador de Quintana Roo, también acusada por el delito de operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

El general Jesús Gutiérrez Rebollo fue sometido a juicio y sentenciado con base, además de otras pruebas, en los testimonios de testigos protegidos. Juan Galván Lara, quien lo señaló como colaborador de Amado Carrillo, ha sido utilizado para sustentar acusaciones en contra de otras personas.

Otros casos relevantes de testigos protegidos en procesos penales contra presuntos colaboradores de narcotraficantes, son los de los generales Francisco Quirós Hermosillo, Arturo Acosta Chaparro y el ex director de la Policía Federal de Caminos Enrique Harari Garduño.

Informantes asesinados

Varios de los testigos resultaron asesinados al poco tiempo de haber abandonado el programa, según la versión de las autoridades de la PGR. Son los casos de Humberto Capelleti, Tomás Colsa McGregor y Jaime Olvera Olvera. Sus testimonios han servido para señalar como colaboradores del narcotráfico a Gutiérrez Rebollo, a los generales Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo, y al ex director de la Policía Judicial Federal (PJF) Adrián Carrera Fuentes (quien ya forma parte del programa y presuntamente vive en Estados Unidos), luego de que se le redujo la pena carcelaria por colaborar con la autoridad.