LUNES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2000

Ť Carece de facultades para decidir el futuro de la asociación civil, asegura

Viola Gertz ley al convocar a consulta: comandante

Susana González G. Ť La consulta que Alejandro Gertz Manero propuso se llevara a cabo entre los miembros de la Policía Auxiliar (PA) para que manifiesten si desean o no pertenecer a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) "incurre definitivamente en una violación a la ley porque como funcionario público carece de facultades para decidir el futuro de una asociación civil, de la que forman parte todos los uniformados de esa corporación", consideró José Sánchez Barragán, uno de los 26 comandantes inhabilitados por la Contraloría General del Distrito Federal.

Y es que todos los que ingresan a la PA firman tanto una carta de adhesión a la asociación civil Servicios Sociales para la Policía Auxiliar del Distrito Federal (SSPAAC) como un contrato de prestación de servicios donde se establece que el policía manifiesta su conformidad de convertirse en "asociado" de dicho organismo.

Al preguntarle a los casi 40 mil policías auxiliares de la capital si quieren integrarse a la SSP, agregó, la consulta puede ser manipulada por "los intereses personales de Gertz Manero con el fin de dignificar (sic) las denuncias mal fundamentadas que ha presentado ante la procuraduría capitalina".

"ƑEn qué plan o con qué facultades Gertz Manero convoca a una consulta pública a los policías auxiliares? Si les pregunta tan sólo en su condición de policías, no hay problema, pero esos policías forman parte de una asociación civil que escapa a la competencia del secretario", dijo.

No obstante, el comandante destituido opinó que un ejercicio de tal índole puede ser "sano" siempre y cuando estén bien elaboradas las preguntas que se harán a la tropa y se aclare bajo qué condiciones podrán formar parte de la SSP.

"En principio cualquier policía auxiliar estaría de acuerdo en integrarse a la secretaría, pero no basta con que se le pregunte Ƒquieres o no pertenecer? Habrá que ver si se les respetarán los años de antigüedad y los grados que hayan obtenido dentro de la PA, y se definan los mecanismos que se adoptarán para hacerlos válidos, porque hay compañeros que cumplen de 10 a 20 años en la corporación y no aceptarían ni sería justo que empezaran de cero".

En tal sentido, recordó que desde hace varios años se intentó que la SSP absorbiera a los policías auxiliares, pero al no contar con recursos para ello, se acordó la creación de la asociación mediante un convenio que ahora la PGJDF utilizó como argumento para no ejercer la acción penal en la denuncia de hechos presentada por la SSP en contra de los comandantes y funcionarios administrativos de la PA.

Sánchez Barragán manifestó que la resolución de la procuraduría capitalina genera "perspectivas favorables" para el proceso que tanto él como sus compañeros llevan a cabo en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y no descartó que de serles favorable el fallo que ahí se emita, puedan volver a trabajar en la corporación, aunque "no en los mismos puestos porque éstos no son propiedad de nadie".

Por otro lado, mencionó que aun cuando la mayoría de la tropa acepte pertenecer a la SSP debe determinarse qué se hará con los bienes muebles e inmuebles, entre los que se incluyen edificios e incluso patrullas, que legalmente pertenecen a la asociación civil.

"Si lo que se pretende es la desaparición de la SSPAAC, todos los socios, que no son otros que los policías y trabajadores de la PA, deberían reunirse para decidir qué hacer con los bienes. Venderlos, si así lo desean, y repartirse el dinero que se obtenga, pero lo que la SSP no puede hacer es apropiarse de patrullas y bienes". Aclaró que de acuerdo con los estatutos de la asociación, los 26 comandantes destituidos ya no forman parte de SSPPAC desde el momento en que causaron baja en la PA.

Sánchez Barragán indicó que una vez que concluya su proceso legal, los 26 comandantes inhabilitados podrían reunirse en conjunto con el nuevo director de la Policía Auxiliar, Ramón Sosamontes, aunque admitió que algunos de sus compañeros ya buscaron por su cuenta acercamientos con el funcionario, quien les habría dicho que hay que esperar que se resuelva su situación.

Por otra parte, trascendió que desde marzo de este año estaban listos los resultados de la ampliación de la auditoría que la Contraloría General aplicó a la PA para el periodo 1994-1997, aunque apenas se hayan dado a conocer, según fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública.