DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Ť Mazatlán, Sinaloa
Edil contrata empresa para detectar espionaje
Víctor Guerra, Javier Valdez y Pedro Juárez, corresponsales Ť El ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, anunció que contrató a una empresa especializada para que investigue y detecte una red de espionaje telefónico y con micrófonos, supuestamente instalada en la alcaldía.
Entretanto, el diario local Noroeste aseguró que el gobierno de Sinaloa intentó infiltrarse en sus actividades a través de un oreja que intentó sobornar con 6 mil pesos al mes a un reportero.
Regidores de oposición al alcalde panista Alejandro Higuera Osuna aseguraron que el no tiene de qué quejarse, porque "él espía también a cada ciudadano que entra al Palacio Municipal a través de un circuito cerrado de televisión".
En entrevista, Higuera Osuna afirmó que en su oficina "se graba no solamente lo que se habla por teléfono sino lo que se dice aquí y no necesariamente lo está haciendo personal de una empresa privada. Esto lo hace alguna entidad de gobierno. ƑQuién? No lo sé". Ante sus suposiciones, el munícipe contrató el viernes a una empresa especializada para detectar espionaje.
Por su parte, el diario local Noroeste aseguró que un oreja del gobierno de Sinaloa ofreció un soborno de 6 mil pesos al mes a un reportero del rotativo, mismo que el viernes publicó que la administración del mandatario estatal Juan S. Millán Lizárraga creó una estructura de inteligencia y espionaje conformada por ex miembros del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), misma que funciona fuera de las instalaciones de la unidad administrativa.
Noroeste relató que el 15 de enero pasado César de la Vega, quien se identificó como miembro de la Secretaría de Gobernación (Segob) -y que según se comprobó ocho meses después, labora en la dirección de Gobierno estatal-, abordó al reportero Oscar Sánchez.
De la Vega dijo al periodista que iba comisionado de la Segob y le propuso trabajar para la dependencia filtrando toda la información que reporteara diariamente para Noroeste a cambio de 3 mil pesos quincenales. Sin embargo, el reportero se negó "por las políticas de la empresa y por ética profesional", según dijo.
En otro contexto, el gobernador de Baja California Sur Leonel Cota Montaño no descartó que en la entidad "pudiera darse el espionaje telefónico, debido a que es un estado de oposición" y exhortó al gobierno federal que erradique este tipo de actividades ilícitas.