SABADO 23 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Ť Quebranto millonario contra Banco Unión
Exigen PAN y PRD reactivar el juicio político a Madrazo
Ť Nunca se cerró el expediente, como dice el PRI: Rodríguez Prats
Andrea Becerril Ť Legisladores de PAN y PRD en el Senado de la República coincidieron en que debe reactivarse de inmediato la demanda de juicio político en contra del gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, por su responsabilidad en el quebranto de Banco Unión, de donde salieron los recursos para su millonaria campaña electoral en 1994, que luego pasaron al Fobaproa.
El senador panista Juan José Rodríguez Prats, quien contendió con Madrazo por la gubernatura, y el perredista Demetrio Sodi coincidieron en que nunca se cerró el expediente para llevar a juicio político al aún mandatario tabasqueño, lo que debe hacerse para evitar que siga actuando de manera impune, como pretende en los comicios del próximo mes en la entidad del sureste.
Sin embargo, por separado, el senador del PRI Fidel Herrera Beltrán, quien presidía la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados que vio el controversial asunto, sostuvo que tiene ocho meses de haber prescrito esa demanda de juicio político.
El priísta dijo que el PRD pretende ahora revivir la polémica por meros afanes electorales, "para tratar de ganar la gubernatura" de Tabasco y porque le tienen temor a Madrazo, "quien es una personalidad política".
Consideró también que "hay un manejo doloso y perverso" de la información en torno a los fideicomisos de Banco Unión, toda vez que el PRI no tiene responsabilidad alguna en el quebranto de esa institución, y tampoco dinero que devolver.
No es cosa juzgada: Rodríguez Prats
Rodríguez Prats, sin embargo, dijo que nunca se acordó en las dos comisiones de la Cámara de Diputados que dictaminaron la demanda de juicio político contra Roberto Madrazo Pintado que fuera cosa juzgada. "Ahí están las versiones estenográficas de Enrique Jackson y Fidel Herrera ese 14 de abril de 1998, cuando estuvieron de acuerdo en que se consultara, vía la desaparecida Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, a la de Reglamento y Prácticas Parlamentarias, para que se viera la forma de desatorar el trámite. La indicación era que la votación se repitiera, cosa que jamás se efectuó".
Por lo tanto, hay que regresar a ese punto donde se atoró el juicio político, agregó Rodríguez Prats, y aclaró que aunque el PRI ha pretendido cobijarse en el argumento de que el juicio ya prescribió, "es obvio que no puede prescribir algo que no se ha iniciado".
El senador blanquiazul confió en que luego de la excitativa que PAN y PRD formularon en la Cámara de Diputados, ésta tiene que cumplir la ley, y que Madrazo quedó impune y en las elecciones para el relevo del gobierno estatal, que se llevarán a cabo el próximo mes, se está repitiendo el escenario de 1994 y 1997.
Un elemento más para sustentar el juicio político a Madrazo, insistió Rodríguez Prats, son las declaraciones del priísta Arturo Núñez, su denuncia de que el candidato Manuel Andrade se gastó más de 300 millones de pesos en la campaña interna del PRI.
En entrevista aparte, el senador del PRD Demetrio Sodi de la Tijera se congratuló también de que, finalmente, las autoridades hacendarias hayan entregado a la Cámara de Diputados los expedientes de Banco Unión, y coincidió en la urgencia de reactivar el juicio político al gobernador tabasqueño.
Resaltó también que más allá del pago, con intereses, de los recursos de Banco Unión que el PRI empleó para sus campañas de 1994, tienen que fincarse responsabilidades penales al ex secretario de Hacienda Pedro Aspe Armella, a Oscar Espinosa Villarreal, entonces tesorero del PRI, y a todos los que fueron cómplices en esa operación fraudulenta que luego se cargó a los mexicanos a través del Fobaproa.
Sodi de la Tijera explicó que en el caso del presidente Zedillo, quien sabía de los fideicomisos de Banco Unión, no procede el juicio político, ya que sólo se le puede juzgar por traición a la patria.
Por su parte, Herrera Beltrán insistió en que el PRI no tiene mayor responsabilidad en el quebranto de Banco Unión, ni tiene que devolver dinero alguno. Son otros, añadió, "los que están metidos hasta las manos en el Fobaproa".
El PRI, añadió, va a reclamar ahora que se conozca el contenido no sólo de los expedientes de Banca Confía, sino de todas las operaciones del rescate bancario, para que se establezcan responsabilidades y caiga todo el peso de la ley contra quien resulte responsable.