VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2000

Ť La cifra, tras la ampliación de la auditoría realizada por la Contraloría

Asciende a casi 3 mil millones lo desviado en la Policía Auxiliar

Ť Alazraki: el esquema se repite al ya detectado por la dependencia y hecho público por Gertz

Ricardo Olayo y Elia Baltazar Ť El monto de los recursos desviados en la Policía Auxiliar aumentaron a casi 3 mil millones de pesos con la auditoría realizada por la Contraloría General del Distrito Federal, que ordenó ampliar la investigación de 1994 a 1997, informó el contralor León Alazraki.

La dependencia concluyó que el esquema de desvío se repite al ya detectado y hecho público por el secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, para los años 1998 y 1999, dijo.

Entre 1994 y 1997 el desvío fue de mil 724 millones 187 mil pesos, que se agregan a los más de mil 150 millones de 1998 a 1999, según indican los resultados de la auditoría, indicó Alazraki. Ya no se revisaron los años anteriores porque la falta administrativa ya prescribió, precisó.

A pesar de que la Contraloría tiene documentadas las faltas, dijo que no le corresponde indicar si por esta razón hay suficientes elementos para fincar responsabilidades en el terreno penal a ex directivos y comandantes, pues esa tarea corresponde determinarla al procurador de Justicia del DF, Samuel del Villar.

Declinó entrar a la polémica sobre a qué funcionario corresponde la razón sobre la existencia del delito, entre Del Villar y el secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero.

Comentó que la Contraloría revisó el esquema de transferencia de fondos a la asociación civil Servicios Sociales para la Policía Auxiliar del Distrito Federal de los uniformados y encontró que se trata de fondos públicos que ingresan a la Tesorería, están presupuestados y finalmente terminan en manos privadas.

El dinero es un recurso público

Para la dependencia que encabeza no hay duda en que el dinero en juego es un recurso público y por ello determinó inhabilitar a decenas de comandantes y directivos de la corporación, al analizar las cuentas de 1998 y 1999.

En breve deberá resolver si en los años anteriores procede la inhabilitación a otros funcionarios, pues el esquema de operación contable fue el mismo desde que se creó en 1988 cuando se fundó la asociación civil con el objetivo de dar aquellas prestaciones que el gobierno no asumía.

Alazraki dijo en entrevista que los comandantes se inconformaron con la sanción impuesta y recurrieron ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo solicitando la nulidad del castigo. De hecho, la Contraloría ha entregado elementos ante el tribunal para respaldar los fundamentos de la inhabilitación por 10 a 20 años, pero el fallo esta pendiente.

La Contraloría revisó el esquema de transferencia y concluyó que se trata de recursos públicos y que a los uniformados se les retiene entre 30 y 35 por ciento de su salario para enviarlo a la asociación civil.

Mediante el capítulo 1000 se suministra el dinero a la Policía Auxiliar y de ahí se da la desviación "vía electrónica" con transferencias bancarias a la asociación y ahí "ya no sabemos qué hizo con ese dinero la entidad privada, si lo utilizó para los fines que se dicen (de prestaciones), pero no sabemos qué tan bien lo hizo o no. En ese caso no tenemos elementos".

Lo cierto es que se requiere de la denuncia de los auxiliares si consideran que hubo un mal manejo en sus retenciones, dijo el contralor, quien es uno de los servidores públicos directamente involucrados con la resolución del caso de la Policía Auxiliar, que ha generado polémica por las visiones encontradas de algunos funcionarios del gobierno capitalino.

"Los productos", con base en la ley

Sin una partida específica en el presupuesto del gobierno capitalino para la cobertura de sus gastos, los recursos de la Policía Auxiliar son "productos" que se originan "por la prestación de servicios que corresponden a funciones de derecho privado", se especifica en la Ley de Ingresos del Distrito Federal.

Esta legislación no sólo distingue el origen privado de los recursos de esta corporación con respecto de cualquier otro servicio público que presta el Gobierno del Distrito Federal, sino que lo diferencia de las fuentes de recursos fiscales de la Policía Preventiva.

Según documentos internos de la administración local, 83 por ciento de las facturas de ingresos por contratos de la PA con empresas privadas y 17 por ciento por la venta de sus servicios a de diversas dependencias Gobierno del Distrito Federal, las cuales hace más de seis meses no han cubierto sus deudas con la corporación, por lo que conforman casi el total de cartera vencida de la corporación.

En esta situación se encuentran el Sistema de Transporte Colectivo-Metro, la misma Secretaría de Seguridad Pública y las delegaciones Azcapotzalco, Alvaro Obregón, Coyoacán, Miguel Hidalgo y Benito Juárez.

Pero el GDF no sólo no aporta recursos para la PA, en términos presupuestales, sino que se queda con 7 por ciento de los ingresos que diariamente aporta la corporación a una cuenta concentradora que le corresponde.

A la fecha, el control que ejerce la Tesorería del Distrito Federal de los ingresos de la PA funciona a partir del siguiente mecanismo: cada una de los 26 destacamentos en que se divide la corporación tiene una cuenta bancaria en la cual deposita sus cobros diarios. Estos, a su vez, se dirigen a una cuenta concentradora y de allí los recursos se envían a una mesa de dinero, mediante banca electrónica.

Con base en los presupuestos de operación, la Tesorería del DF, vía cuentas por liquidar certificadas, remite a la PA los recursos para el pago de sus gastos de operación, pero retiene 7 por ciento de los ingresos.

Así, el GDF se queda con una parte de los aproximadamente 200 millones de pesos que mensualmente factura la corporación.

Se le financia del erario

No obstante, cuando la Policía Auxiliar tiene problemas de flujo de efectivo, la Tesorería la financia con cargo de intereses, pese a que son recursos propios obtenidos por la venta de los servicios que llevan a cabo los comandantes de cada uno de los destacamentos. Y con cargo a su presupuestos se financian gastos como reclutamiento, selección y capacitación de elementos, así como gastos administrativos y de venta, y aquellos que corresponden a armamento, equipo y vehículos.

Según los análisis elaborados por diversas instancias administrativas locales, el esquema administrativo bajo el cual funciona la corporación es el establecido en el oficio de 1988, en el que se establece que los 41 mil elementos de la PA obtiene sus ingresos como eventuales, por la partida 1202 del presupuesto autorizado, lo cual implica la necesidad de que las prestaciones y los gastos necesarios para general sus percepciones sean aportados por el propio personal que conforma la asociación civil Servicios Sociales para la Policía Auxiliar.

Esta asociación civil que encabezaban los 26 comandantes de la corporación fue la que constituyó el Fideicomiso Aguivac, en Bancomer, y cuyo saldo, hasta el 15 de septiembre de 1999, era de 210.5 millones de pesos, integrado por aportaciones de aguinaldo, vacaciones, días festivos y 2 por ciento sobre nóminas pagadas.

Cabe recordar que a partir del 31 de octubre de 1996, la Policía Auxiliar y la asociación civil se encuentran sujetas a revisión por parte de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal.