VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2000

Ť Silvia Gómez TagleŤ Ť

Las trampas de la ley

la teoría de la democracia dice que debe existir proporcionalidad entre el número de votos que gana un partido y el número de representantes que se le asignan. En México, desde 1977 se introdujo la representación proporcional con dos objetivos: a) incluir a los partidos minoritarios; y b) equilibrar la representación de todos los partidos, dado que el sistema de mayoría relativa tiende a dar por resultado una representación desproporcionada en los cuerpos legislativos. Mediante el principio de proporcionalidad, los partidos tendrían la representación más cercana posible al porcentaje de votos que la población les otorgó en las urnas y ninguna fuerza política podría imponer decisiones, cuando esa población decida no darle sus votos.

Sin embargo, al incrementarse la presencia de los partidos de oposición, el PRI logró imponer eso que se ha denominado cláusula de gobernabilidad, con la finalidad de garantizar una mayoría a su favor. En la reforma constitucional de 1996, gracias a la presión del PAN y del PRD, en el artículo 122 se definió como principio general la proporcionalidad pura, y solamente como "una norma de excepción" se menciona que el partido que obtuviera cuando menos 30 por ciento de las constancias de mayoría tendría derecho a reclamar diputados plurinominales hasta completar la mayoría absoluta de la asamblea. Ahora resulta que son el PRD y el PAN quienes se disputan los beneficios de esta cláusula antidemocrática que combatieron por muchos años y que lograron dejar en un plano secundario en la reforma electoral de 1996.

Esta situación se complica aún más en esta elección legislativa del Distrito Federal porque existen diversas formas legales para realizar las alianzas. Los partidos pueden optar por una alianza total, de todos los candidatos y todas las elecciones o por la figura de las candidaturas comunes, que es mucho más flexible.

Según la interpretación del Consejo del IEDF como del Tribunal Electoral del DF, el PAN y el PVEM realizaron una alianza total por lo que se aplicó a su favor la cláusula de gobernabilidad, otorgándoles una mayoría de 34 diputados en total. Mientras que el PRD fue a la elección con todo tipo de arreglos: a) para jefe de Gobierno la alianza del PRD fue con PT, PSN, CD, PAS y PCD; b) para jefes de 13 delegaciones la alianza fue con estos mismos seis partidos (en Benito Juárez, Alvaro Obregón y Tláhuac se sumó además el PSD); para diputados locales en los 40 distritos participaron los seis partidos: PT, PSN, CD, PAS y PCD; pero para el cómputo de los votos plurinominales se presentaron cuatro listas distintas: a) PRD-PSN, b) CD, c) PT y d) CD-PAS.

El resultado favorable al PAN fue impugnado por el PRD ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF), alegando que la Alianza por la Ciudad de México es mayoritaria. En este caso el tribunal consideró que tanto las coaliciones electorales (PAN-PVEM), como las candidaturas comunes que registró el PRD con otros partidos terminan con la elección, por lo que no deben sumarse sus votos para el cómputo plurinominal de diputados de la Asamblea Legislativa. Y en virtud que ninguno de los partidos alcanzó por sí mismo 30 por ciento de la votación, resolvió aplicar el principio de proporcionalidad pura. Con esto revirtió los resultados esperados tanto para la alianza que encabeza el PAN como para la parte impugnadora encabezada por el PRD, resultando favorecido el PRI, que subió de 5 a 16 curules, la Alianza por el Cambio quedó con 17 y el PRD obtuvo una mayoría muy pequeña, sólo 19 curules. Finalmente la diferencia real en votos entre estas dos grandes coaliciones políticas fue pequeña, por lo que la cláusula de gobernabilidad, sea de un lado o del otro, habría distorsionado la voluntad de los electores que colocaron casi a la par a ambas fuerzas políticas.

La conformación de esta nueva Asamblea obligará a un complicado juego de equilibrios entre las fracciones parlamentarias que la conforman y a una constante negociación entre el Gobierno del DF, la Asamblea y la Cámara de Diputados, donde el PAN sí tiene mayoría. Desde esta perspectiva es entendible la inconformidad del jefe de Gobierno electo, Andrés Manuel López Obrador, con la resolución del TEPJF además de que, como dice el dicho, nadie sabe para quién trabaja. El PRI se "colgó" de la impugnación del PRD y finalmente fue el más beneficiado, precisamente con la aplicación de un principio que combatió incansablemente mientras fue mayoría.

Sin embargo, desde una perspectiva a largo plazo de la consolidación de las instituciones, esta resolución significa un avance, dado que rescata un principio democrático por el cual "la oposición" luchó durante muchos años. Inclusive sería deseable que este principio se aplique también en otras entidades de la República, donde todavía existen cláusulas de gobernabilidad que distorsionan fuertemente la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

En México, la existencia de un sistema electoral que descansa en principios de calificación jurisdiccionales más que políticos, también significa un gran avance democrático que obliga a los partidos a analizar con más cuidado las implicaciones legales que tiene el adoptar una u otra figura para el registro de sus candidatos. Ť

Ť Investigadora de El Colegio de Méxic