VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Ť Piden líderes del 68 crear comisión de diputados
El nuevo gobierno debe abrir los archivos secretos de la represión
Ť Sería el primer paso para desmantelar cuerpos de espionaje
María Esther Ibarra Ť Las actas de entrega-recepción al nuevo gobierno deben incluir los archivos secretos de la represión en México, entre ellos los del Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen), y de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Gobernación, como un primer paso para el desmantelamiento de los cuerpos policiacos represivos y de espionaje, afirmaron ex líderes del movimiento estudiantil de 1968.
"Fox tiene la obligación de hacer pública la información que hasta ahora se ha negado a entregar el gobierno sobre los sucesos criminales del 2 de octubre, pues de lo contrario se hará cómplice de los autores de las acciones y prácticas ilegales aplicadas durante la movilización estudiantil", dijeron Raúl Alvarez Garín y Raúl Jardón, miembros del Comité 1968-1999, que encabezará los actos conmemorativos de la matanza de Tlatelolco, ocurrida hace 32 años.
En conferencia de prensa, el comité informó que exigirá al presidente electo, Vicente Fox, la apertura completa e incondicional de los archivos oficiales de los organismos de seguridad e inteligencia involucrados en acciones represivas ilegales, particularmente de la Sedena, para lo cual lo único que se requiere es una orden presidencial.
Los ex dirigentes del Consejo Nacional de Huelga (CNH) dijeron que la apertura de los archivos secretos es de particular importancia para "desmantelar de una vez y para siempre todo el sistema de complicidades criminales que se ha venido estableciendo en las esferas de poder", y debe ser prioridad en la agenda del nuevo gobierno. Y llamaron a las fuerzas políticas y sociales a sumarse a la exigencia de que se abran.
Raúl Jardón dijo que los casos de militares de alto rango que están sujetos a procesos, acusados de tener vínculos con el narcotráfico, son los mismos que escalaron posiciones en el Ejército "gracias a su actividad represiva en diversos movimientos sociales". La impunidad con que actuaron, agregó Alvarez Garín, fue posible por la "secrecía" que el gobierno ha mantenido en muchos asuntos de la vida nacional.
Mario Núñez, representante de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM en el CNH, reprobó el espionaje telefónico del que dice Fox que ha sido objeto, y consideró que la legislación al respecto debe ser más precisa y clara para el uso de esa práctica en investigaciones judiciales.
El comité entregó un comunicado a los medios de información en el que pide poner fin a la "impunidad, el engaño y el cinismo" del gobierno, y exige que los ex presidentes y los más altos funcionarios involucrados en crímenes de lesa humanidad ocurridos en el movimiento estudiantil rindan cuentas de su responsabilidad, así como de las desapariciones de opositores a partir de 1976 y hasta la fecha.
Para garantizar la apertura y el acceso a los archivos, el comité propuso crear una comisión especial de la Cámara de Diputados que examine y finque responsabilidades a quienes decidieron y ejecutaron la política de desapariciones que se aplicó "en gran parte de las instalaciones del Campo Militar No. 1 y en cárceles clandestinas".
Explicó que el Cisen tiene en sus archivos los expedientes de opositores víctimas del espionaje político practicado por las desaparecidas direcciones de Investigaciones Políticas y Federal de Seguridad.