VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2000

Ť Los informes eran alarmantes, dicen fuentes policiacas

Desde 1999 conocía el gobierno los antecedentes de Cavallo

Ť Ramos Tercero tenía órdenes de seguir, por eso no hizo caso

José Galán Ť Desde finales de 1999, el gobierno de la República recibió informes no sólo sobre la identidad de Ricardo Miguel Cavallo como ex militar argentino presuntamente involucrado en actos de tortura, sino también sobre su participación en falsificación de documentos y doblaje de vehículos y propiedades de quienes pasaron por la Escuela de Mecánica de la Armada argentina, para nunca más ser vistos de nuevo.

Pero la orden provino del más alto nivel: seguir adelante. En los ambientes políticos y policiacos cundió el desaliento. Hasta las instancias de seguridad nacional advirtieron sobre la verdadera identidad de quien, a la postre, obtendría la dirección general del Registro Nacional de Vehículos. Ninguna opinión fue escuchada. Los informes del aparato de justicia se hicieron a un lado. A los políticos -gobernadores, legisladores y funcionarios del área de procuración de justicia- ni se les vio ni se les escuchó.

Fuentes policiacas y judiciales del más alto nivel narraron a La Jornada -bajo la condición estricta de permanecer en el anonimato- la inquietud desatada desde el mismo momento en que el Renave comenzó a tomar forma, y los informes, "alarmantes antes y ahora", dijo una de las fuentes, comenzaron a ser del conocimiento de las más altas instancias, tanto en la Presidencia de la República como en la Secretaría de Comercio. "Todo cayó en el vacío", agregó otra fuente vinculada a la procuración de justicia.

Incluso, los mismos competidores del grupo empresarial conformado por las empresas HDS, propiedad de Henry Davis; Talsud, SA, y Gemplus Industries, SA, que finalmente obtuvieron la concesión, comenzaron a realizar sus propias investigaciones en el último semestre de 1999. Desde entonces, el resultado fue hecho del conocimiento de las autoridades de Comercio; incluso, hubo un acercamiento con los responsables de la seguridad interna del país. No pasó nada.

Compitieron cinco grupos

Además del grupo ganador, compitieron otros cinco. El primero estaba conformado por las empresas Autofinanciamiento México, SA de CV; GE Capital e IT Solutions de México, SA de CV. El segundo lo conformaban SIMCA Inbursa, SA de CV; Asociación Mexicana Automovilística SA de CV; Sistemas y Computadoras de Gestión, SA de CV y Multix SA de CV, y en el tercero estaban Conauto, SA de CV; Grupo Andanac, SA de CV y Servicios Especiales de Ventas Automotrices, SA de CV.

El cuarto grupo estaba formado por Suprest de Servicios Mexicana, SA de CV; Tracomex SA de CV, y Unisys, SA de CV, mientras que al quinto pertenecían Niveles, SA de CV, y Microscopios SA de CV. El grupo conformado por HDS, Talsud y Gemplus obtuvo el título de concesión, publicado en el Diario Oficial del 30 de junio de este año, luego de que ofreció reducir los costos 40 por ciento por abajo de los de su competidor más inmediato.

"Además de nuestras propias investigaciones empezamos a recibir informes de los propios competidores de Talsud y de Henry Davis sobre la identidad y el pasado de Cavallo. Cruzamos la información y lo que obtuvimos fue alarmante", agregó otra fuente, cercana al sector de seguridad nacional. "La pregunta era: Ƒcómo dejar el Registro Nacional de Vehículos en manos de personajes con esos antecedentes prácticamente delincuenciales? Había que oponerse a ello".

Mientras que los aparatos de procuración de justicia y de seguridad interior elaboraban sus informes, gobernadores y funcionarios de varios estados, entre ellos el procurador capitalino, Samuel del Villar, comenzaron a quejarse en privado y en público sobre lo que consideraban una imposición anticonstitucional. "Dejar el Renave en manos de tipos como Cavallo equivalía a dejar a la Iglesia ya no en manos de Lutero, sino del propio Satanás", agregó la fuente.

Samuel del Villar asumió un importante papel: desde principios de año giró oficios a las autoridades federales, incluyendo a la Procuraduría General de la República, donde comunicaba su análisis jurídico sobre el Renave y prevenía sobre la posibilidad de que un centro de acopio de información estratégica quedara en manos de particulares.

"Además, nosotros alertamos a las autoridades no sólo del riesgo de dejar en manos de particulares el registro de todos los vehículos del país, sino también presentamos alegatos legales sobre la anticonstitucionalidad de que particulares buscaran imponer multas a la sociedad", agregó otra fuente. "Nosotros pensamos, e insistimos en ello, que el registro de vehículos sí debe existir, incluyendo uno prendario que permita a los bancos otorgar mayores créditos para la adquisición de vehículos. Pero debe quedar en manos del Estado. De nadie más".

Para los informantes, resulta "verdaderamente lamentable" que el asunto del Renave haya llegado hasta el suicidio de un subsecretario. "La verdad es que Ramos Tercero no le hizo caso a nadie. Ni a gobernadores, ni a funcionarios ni a policías. No escuchó a nadie porque pensamos que tenía órdenes estrictas de seguir adelante. Y lo que más lamentamos es la serie de especulaciones que se dan en torno a su muerte", agregó una fuente. "Para nosotros, el hombre se quitó la vida por una cuestión de honor. Y eso hay que respetarlo.

"Para nosotros, los policías, dejar un registro de vehículos en manos de un tipo con los antecedentes de Cavallo era realmente un insulto. Por supuesto que nos oponíamos a ello", dijo un policía en activo con gran experiencia. "Nadie nos hizo caso". Lo que suceda con Cavallo "ya no es cosa nuestra, es decir, de los mexicanos. Seguro será extraditado a Madrid. ƑQue si necesitamos el registro de vehículos? Claro, México es prácticamente el único país que no lo tiene. Pero no deben tenerlo particulares", añadió.