El reciente escándalo respecto a los apoyos que de manera subrepticia ha estado dando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al llamado equipo de transición de Vicente Fox, pone sobre la discusión dos asuntos de suma importancia. Uno es la increíble capacidad de las autoridades para retorcer las leyes y hacer aparecer como legal casi cualquier cosa. El otro se refiere a la preocupante manera como el presidente electo entiende la legalidad y su tendencia a ocultar, disimular y eludir asuntos de gran interés nacional.

Desde su primera entrevista con el presidente Ernesto Zedillo, el entonces candidato triunfante se atrevió a solicitar 100 millones de pesos como apoyo para su equipo de transición, sin reflexionar si eso era legal o no. Después de algunas críticas, el asunto ya no se comentó, sobre todo porque el mismo Fox anunció que los integrantes de su equipo no percibirían sueldo hasta que el nuevo gobierno tomara posesión, pues estaban dispuestos a trabajar gratis, "por su amor a México".

Sin embargo, desde agosto, los 18 coordinadores del famoso equipo empezaron a percibir, de manera disimulada, 85 mil pesos mensuales proporcionados por Hacienda. Este hecho se mantuvo oculto hasta el 18 de septiembre, cuando un diario de circulación nacional lo dio a conocer. Ese mismo día, la secretaría se vio obligada a informar sobre las características del citado apoyo, mediante un comunicado de prensa.

Después de olvidar que la Constitución, en su artículo 127, señala claramente que "no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior", las autoridades hacendarias trataron de justificar el comentado apoyo, acudiendo a algunos artículos del Decreto Aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación (DAPEF) para el presente año, y del Manual de Normas Presupuestarias (MNP), publicado por la misma SHCP en el pasado mes de enero.

Tomando como base el artículo 57 del DAPEF, que permite la contratación de personal por honorarios, siempre que no se rebase "la remuneración ordinaria mensual de la plaza presupuestaria o el puesto con que guarde mayor semejanza", y el numeral 62 del MNP, que acota esa disposición señalando que "en ningún caso dicho monto podrá exceder el nivel de mando de dirección", la SHCP anunció que ha otorgado hasta la fecha 185 contratos para el equipo de Fox, con una remuneración mensual promedio de 32 mil 264 pesos, incluyendo sólo dos personas con nivel de director general.

Adicionalmente, y tomando como fundamento legal los artículos 25 y 72 del DAPEF y el numeral 215 del MNP, los cuales señalan que se podrán dar "donativos o ayudas" a fideicomisos privados, siempre que la aportación federal sea inferior a 35 por ciento de su patrimonio, Hacienda dio a conocer la creación de un fideicomiso "para hacer frente a los diferentes gastos" del multicitado equipo. Además, la SHCP se cuidó de enfatizar: "Los contratos de honorarios que, en su caso, suscriba este fideicomiso son responsabilidad directa del equipo de transición".

En resumen, el apoyo que la SHCP está dando al equipo de Fox, se compone de dos partes: casi 6 millones de pesos mensuales para 185 personas contratadas con honorarios de 32 mil 265 pesos promedio; y 10 millones 300 mil pesos de aportación al fideicomiso creado para enfrentar los restantes gastos del equipo. Como resultado obvio, los elevados sueldos de los coordinadores de ese grupo están asignados al fideicomiso, siendo esos montos responsabilidad del mismo, como se cuidó en destacar la SHCP.

El sueldo similar al del presidente, que presuntamente percibe Fox, según inferencia de su vocera, Martha Sahagún, y que proviene de "fuentes privadas", según aclaró el propio presidente electo, también está asignado al citado fideicomiso, el cual, si se está respetando la normatividad, incluye otros 19 millones de pesos de un desconocido origen no gubernamental. En todo caso, el monto destinado para los sueldos de los 18 coordinadores, a razón de 85 mil pesos mensuales, para el periodo agosto-noviembre, asciende a más de 6 millones de pesos, 59 por ciento de los 10 millones 300 mil aportados por Hacienda.

Lo más preocupante de este asunto no es que se haya mantenido oculto y que sólo se haya reconocido después de que lo descubrió la prensa, sino la manera como Fox trata de justificarlo. Además de los retóricos argumentos de que todo trabajo merece una remuneración, las principales excusas del presidente electo, como ya está resultando costumbre, parecen más ocurrencias que argumentos fundamentados.

La voracidad que empieza a mostrar el equipo de Fox; su urgencia por tener acceso inmediato a los recursos públicos, sin importar que su origen sea legal, así como su propensión a justificar cualquier cosa, debería preocupar a todos los mexicanos. A pesar de que la primera obligación de Vicente Fox, presidente electo por la mayoría de los mexicanos, es respetar de manera estricta las leyes que nos rigen, a veces parece ignorarlas y despreciarlas.