JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Ť Sergio Zermeño Ť
La participación: un manicomio
Una de las cosas más complicadas en los procesos de democratización ha sido la tan sencillamente enunciada participación ciudadana. En los países en los que ésta ha logrado algún éxito y continuidad ha sido gracias a técnicas complejas y muy audaces, y a que a lo largo de los años los ciudadanos entendieron su función en ese complejo proceso.
En Porto Alegro, con un millón de habitantes, el PT ideó desde hace 15 años una fórmula genial: permitir que una parte del presupuesto de la ciudad (al principio 3 por ciento y hoy alrededor de 15 por ciento) fuera administrada por la propia ciudadanía.
Se dividió en 20 zonas. Los comités de cada barrio se eligen en los primeros meses del año manifiestando sus demandas; luego se reúnen los de cada zona para confrontar sus listas, renunciando inevitablemente a algunas de sus peticiones. Se elige entonces a los representantes que irán a una especie de parlamento social de las 20 áreas en donde las obras y las acciones, una vez discutidas con técnicos y autoridades, son acordadas y buscan concretarse con precisión fechas, costos, etcétera. El mismo proceso se ha repetido durante tres lustros.
En México, en cambio, no hemos sabido presentarle a la ciudadanía una propuesta de participación en la que se reconozca y vea resultados.
La Ley de Participación Ciudadana, aprobada en 1995, fue derogada en 1997. El nuevo proceso, con una nueva ley que debió capitalizar la euforia del triunfo perredista, fue retrasado durante más de un año y las elecciones vecinales tuvieron que esperar seis meses más para que los comités comenzaran a "trabajar" hasta finales de 1999, ya completamente confundidos con el proceso electoral y las exigencias de campaña. Pero si la ley de participación fue aprobada por la Asamblea Legislativa del DF y el PRD tenía mayoría absoluta, Ƒpor qué hubo tanto retraso?
Resulta que esa legislación se encadenó a los acuerdos sobre la reforma política del DF, que dependían de la Cámara de Diputados, donde la correlación de fuerzas era adversa y, claro, la negociación fue lenta hasta que se atascó: se encadenaron las necesidades de la sociedad a las de la política, y la discusión sobre la participación, en lugar de ser de los ciudadanos, se enclaustró durante meses en los salones del gobierno central.
Ahora bien, debido a que el slogan de campaña decía: "šJuntos! Gobernaremos con la ciudadanía", y la demanda principal era la lucha contra la delincuencia, varios meses antes de las elecciones de comités vecinales la administración se vio obligada a crear unos comités de seguridad en barrios, colonias y pueblos. Cuando llegaron las citadas elecciones, que sólo convocaron a 6 por ciento de los votantes, no se sabía muy bien cuáles eran las funciones y jerarquías entre comité de seguridad y comité vecinal, y como la ley no desglosaba ni funciones ni calendarios, los ciudadanos quedaron extremadamente desconcertados.
Junto a esto, y debido también al retraso de la ley, al Departamento de Participación Ciudadana del Gobierno del DF se le ocurrió realizar acciones de fin de semana y así señalizó todo lo largo de una avenida o limpió algún parque público, entre otras acciones más bien propias del mitin o la manifestación estudiantil, lo que aseguró poca continuidad en la participación vecinal. Por su parte, Rosario Robles nos deja saber en su informe que en el último año tomaron parte 4 y medio millones de capitalinos en las jornadas masivas de participación ciudadana, lo que extiende temerariamente el concepto hasta abarcar los conciertos en el Zócalo.
Hoy la situación parece complicarse aún más cuando se nos informa que las ex bases de apoyo a Cárdenas se convierten en la Comisión Nacional Promotora de los Comités Ciudadanos por el Cambio Democrático que se anuncia "no partidista" (š), con una membresía de más de 100 mil ciudadanos, una comisión promotora, una ceremonia organizativa el 2 de octubre y una resolutiva el 9 de diciembre (La Jornada, 18/10/00).
A su vez, López Obrador ha repetido que apoyará su política sobre la base de los comités vecinales, aunque sin poner en la discusión normatividad alguna. El ciudadano tiene que lidiar y pagar cuotas en su comité condominal o de unidad habitacional, y si al gobierno federal entrante se le ocurriera además promover los "martes" o los "jueves azules", ya estuvo que el desorden asociativo será muy parecido al de un manicomio.