MIERCOLES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2000

Ť Caso Cavallo


Nueva apelación de la fiscalía de la Audiencia Nacional

Armando G. Tejeda, corresponsal, Madrid, 19 de septiembre Ť La fiscalía de la Audiencia Nacional de España apeló hoy el auto de extradición del presunto torturador argentino Ricardo Miguel Cavallo, solicitado a México por el magistrado Baltasar Garzón el pasado día 12.

El fiscal jefe, el jurista ultraconservador Eduardo Fungairiño, mantiene con esta medida su postura habitual en los procesos abiertos contra las dictaduras militares de Argentina, Chile y Guatemala: a cada orden judicial de Garzón, la fiscalía responde con un recurso, en el que reafirma su firme negativa a utilizar los tribunales españoles para juzgar crímenes contra la humanidad.

En cualquier caso, estos recursos, que no tienen un efecto suspensivo del proceso, son sistemáticamente denegados por el propio juez Garzón y por la Sala de lo Penal del órgano de justicia, máxima autoridad en este tipo de decisiones.

En el caso Cavallo, Garzón ha ordenado tres autos: el de detención con fines de extradición, el de procesamiento y la orden de extradición. Estas tres decisiones judiciales fueron recurridas por la fiscalía a pesar de que Garzón cuenta con el beneplácito de la Sala de lo Penal, que votó por unanimidad, el 3 y 4 de noviembre de 1998, la competencia de la justicia española en estos procesos judiciales.

La fiscalía, a pesar de que sabe que sus recursos serán desestimados al ya existir una postura oficial al respecto, ha presentado invariablemente sus recursos en los casos contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, contra la dictadura militar guatemalteca y en el caso de las juntas militares argentinas, en el que se ha integrado el sumario de Cavallo.

De confirmarse las previsiones de los abogados de la acusación particular y popular, la petición de extradición deberá ser aprobada el próximo viernes en el Consejo de Ministros del gobierno español, en manos del conservador José María Aznar, que en este tipo de procesos judiciales se limita a acatar las decisiones de los tribunales.

Cavallo está acusado de genocidio, terrorismo y torturas durante su época de capitán de corbeta de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma); únicamente en el auto de extradición girado por Garzón se documentan 423 actos delictivos, entre los que se encuentran desde el asesinato por ametrallamiento, los trabajos forzados hasta la tortura.

La fiscalía, que es nombrada por el Ejecutivo español, justificó su decisión en el reiterado argumento ''de la falta de competencia de la justicia española por los delitos'' que se imputan a Cavallo. A juicio de Fungairiño, todavía hay cuestiones que ''no han sido resueltas pacíficamente ni por la jurisprudencia ni por la doctrina científica''.