MARTES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Ť Habría incurrido en delitos como funcionario del gobierno federal: Tornero
Entregan a PGR averiguación del caso Yunes
Ť Corresponde a esa dependencia integrar y determinar la probable comisión de hechos ilícitos, dice
Angel Bolaños Sánchez Ť La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal envió ayer a la PGR la averiguación previa que inició en contra del coordinador de Asesores de la Secretaría de Gobernación, Miguel Angel Yunes Linares, al determinar que los delitos en los que habría incurrido el funcionario al hacer pública información confidencial sobre el testigo del caso Stanley, Luis Gabriel Valencia López, y al entregar y ratificar ante un juez penal documentos con información falsa, fueron cometidos en el ejercicio de sus funciones como servidor público del gobierno federal.
En tanto, se presentó a declarar ante el Ministerio Público el reportero del semanario Quehacer Político, Mauricio Laguna, con relación a la denuncia que presentó Yunes Linares contra el procurador Samuel del Villar y otros funcionarios de la dependencia, a quienes acusa de filtrar información falsa que lo vincula a una red de extorsionadores que opera en los reclusorios. Laguna dijo que no fue Del Villar o algún otro funcionario de la PGJDF quien le proporcionó dicha información, la cual se encuentra contenida en documentos oficiales.
Mauricio Tornero, subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría capitalina, explicó que una vez que la dependencia estableció no ser la competente para conocer la indagatoria FSP/613/00-04, en contra Yunes Linares, por actuar este como funcionario de Gobernación, corresponde al Ministerio Público de la Federación integrar y determinar, en su caso, la probable comisión de ilícitos.
La averiguación previa se abrió el 14 de abril pasado en la Fiscalía para Servidores Públicos de la PGJDF, días después de que Yunes Linares, entonces director general de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, hizo públicos documentos oficiales de carácter confidencial relacionados con los registros criminológico, laboral, social y psicológico de Luis Gabriel Valencia López, testigo del caso Stanley, desacreditando además pruebas aportadas por la dependencia en el juzgado 55 penal contra los implicados en el homicidio del comediante.
Según la dependencia del gobierno capitalino, el funcionario incurrió en ejercicio indebido del servicio público al infringir disposiciones contenidas en el Reglamento de Reclusorios y Centros de Readaptación Social.
Posteriormente Yunes aportó y ratificó ante el juzgado 55 penal documentos que se anexaron al expediente del caso Stanley con información falsa. En una lista, con papel membretado de la Secretaría de Gobernación, el funcionario manifestó que el fiscal de Procesos Oriente de la PGJDF, José Guadalupe Jiménez Núñez, visitó a Luis Gabriel Valencia López en la cárcel de La Fortaleza de San Carlos de Perote, Veracruz, el 26 de octubre de 1999, sin embargo el fiscal acudió en esa fecha a la Colonia Penal de Islas Marías para dar posesión al Ministerio Público adscrito a dicho penal.
Al conocer que la Procuraduría capitalina turnó la averiguación previa que había iniciado en su contra a la Procuraduría General de la República, Miguel Angel Yunes, dijo que esto demostraba el error y la manipulación que pretendía hacer el procurador Samuel Del Villar.
Yunes aseveró que solicitará a la PGR le citen a declarar a la brevedad posible para desahogar el caso y si de ello resultara una sanción "la aceptaría con mucho gusto". Advirtió que la procuraduría capitalina ha comenzado a citar a algunos periodistas en el caso con el único objetivo de intimidar su trabajo. Cuando yo presenté la denuncia en contra de Samuel Del Villar "señalé expresamente que no denunciaba de ninguna manera a los medios de comunicación ni a sus representantes".
Sin embargo, los dos reporteros que han sido citados a comparecer ante el Ministerio Público con relación a dicha indagatoria, Miguel Badillo de El Universal y Mauricio Laguna de Quehacer político, señalaron que es el funcionario de Gobernación el que miente al acusar al procurador de filtrar la información, para desvirtuar la investigación que la misma dependencia realiza sobre su presunta relación con los extorsionadores.
"Declaramos ya aquí en la Procuraduría que ninguna fuente, Samuel del Villar o algún funcionario de la Procuraduría, nos haya proporcionado alguna información. Nosotros inclusive señalamos que por ética conservamos el secreto profesional, no vamos a mencionar quien nos los proporcionó, pero no fue nadie de la Procuraduría", refirió ayer Laguna al terminar de rendir declaración.