MARTES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Ť Alberto Aziz Nassif Ť
ƑQué reformar?
Muchas expectativas en torno al próximo gobierno, que empieza el primero de diciembre, radican en la posibilidad de hacer cambios. La prueba emblemática de que se trata de una nueva etapa, de otro régimen político en el que la relación entre las instituciones del Estado y la sociedad son distintas, tiene que ver directamente con las reformas institucionales que se logren concretar. No será suficiente con ser honesto y actuar con más transparencia; se necesitará hacer sentir los beneficios de una democracia inicial, dar señales concretas que puedan ser detectadas por la ciudadanía.
En estas semanas el país ha vivido de forma intensa un largo periodo de final de un gobierno y principio de otro. La administración que finaliza en noviembre camina sus últimos días dentro de un clima de descomposición: militares presos por presunta vinculación con el narcotráfico; el caso de Renave, el escándalo internacional de Cavallo y la tragedia de Raúl Ramos Tercero; el expediente abierto de Espinosa Villarreal; la información sobre Banca Unión, que deberá ser entregada al Congreso. Expresiones de un país en donde han fallado la rendición de cuentas y la transparencia, y las redes del crimen organizado y del narcotráfico han penetrado al gobierno hasta los huesos. La impunidad ha crecido en una red de complicidades que abarca desde los grupos que controlan el robo de automóviles, las mafias que mueven la prostitución infantil, el robo a las cajas de ahorro popular, hasta la estructura de caciques que está desparramada por todo el país, y para recordar sólo hay que ir a Chimalhuacán. Tal situación permite entender el lugar que obtuvo México en el estudio sobre corrupción que realizó la organización Transparencia Internacional: entre 90 países nos ubicaron en el lugar número 59. La percepción sobre los niveles de corrupción en nuestro país resulta muy alta; por más que el gobierno diga que ha combatido el problema, la sociedad percibe que seguimos adentro del túnel.
Pero los cambios no se hacen por decreto, y en la semana fuimos testigos de la crisis por la que atraviesa la Policía en el Distrito Federal. Poderosos intereses se mueven en la oscuridad y hacen rechinar las estructuras de autoridad. Estos conflictos muestran que la ruta de cambio y saneamiento es tortuosa y está llena de obstáculos. Sin embargo, si no existe un cambio radical en los cuerpos policiacos, será prácticamente imposible hacer frente al grave problema de inseguridad que agobia a la sociedad. En varias experiencias de los gobiernos de alternancia en los estados hay una regla, que no ha podido ser modificada: tras el triunfo electoral de la oposición, la sociedad mantiene una expectativa de cambio muy alta y después de los primeros años viene una decepción porque los cambios no se hicieron con la velocidad y la contundencia con la que se habían prometido durante las campañas. El próximo gobierno federal se encuentra sujeto a la misma regla, quizá de forma más grave porque se trata de la primera alternancia a nivel nacional. Incluso, todavía no empieza el sexenio y el presidente electo y su equipo de transición ya forman parte de la conflictividad cotidiana en la opinión pública.
El largo trecho de cinco meses entre la elección y la toma de posesión ha generado un periodo complicado que contamina las propuestas de cambio y la actuación de los equipos de transición.
Otro ejemplo de la voracidad de la crítica es la mesa de estudios sobre la reforma del Estado, una especie de "tanque pensante" que tiene como objetivo proponer cambios de reglas para una nueva institucionalidad; todavía no terminaba de arrancar y ya era criticada por los partidos políticos, porque consideran que esa materia es tarea exclusiva de ellos y del Congreso. No se trata de rivalizar, pueden ser vías complementarias. Son diversas las rutas que tendrá que transitar una futura reforma de grandes dimensiones. Lo más importante será lograr acuerdos y consensos, porque no se trata de imponer un proyecto ni de beneficiar a un partido y perjudicar a otros; se busca reconstruir la institucionalidad del país para que funcione como una nación democrática; que se pueda terminar con los intereses que siguen jugando como poderes de hecho. Lograrlo no será fácil, pero no lograrlo hará que este país acelere su descomposición institucional y su subdesarrollo.
La agenda de la reforma institucional es compleja y va desde los derechos y las libertades públicas, la representación política y la democracia, la forma de gobierno, el federalismo, el modelo económico y social, hasta la globalidad. Hay mucho que reformar. ƑHabrá consensos suficientes para lograrlo?