MARTES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Ť Considera necesario garantizar la seguridad en la tenencia de la tierra
El CNA llama a defender el artículo 27
Ť Subraya que la escolaridad promedio de la población rural es de apenas 3.1 años de primaria
Angélica Enciso L. Ť El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) propone para el desarrollo del campo una fuerte defensa del artículo 27 constitucional, elevar el nivel educativo de los campesinos, la promoción del comercio exterior y una política de apoyos directos al productor que le permita competir con los socios comerciales.
En el documento Propuesta de políticas básicas del sector agropecuario, el CNA -que se ha convertido en el principal interlocutor ante el equipo de transición de Vicente Fox- señala que "sería un error dejar de reconocer las ventajas que ofrece al agro la reforma del artículo 27, ya que ha permitido sentar las bases para un campo más productivo y un marco legal propicio para la seguridad en la tenencia de la tierra". Frente a ello advierte que es necesaria la defensa "decidida" de la actual ley agraria.
En cuanto a la educación y capacitación advierte que la escolaridad promedio de la población rural es de 3.1 años de primaria, mientras la media nacional es de 7.1 años. "De cada diez productores nueve no tienen acceso a un apoyo tecnológico adecuado y ocho de cada diez carecen de organización para el trabajo", señala.
Establece que se deben modificar los planes de estudio del sector rural para dar importancia al conocimiento de las mejores prácticas agropecuarias e impulsar un programa de educación para adultos con el uso de los medios de comunicación.
Sobre el fomento a la organización apunta que ésta no ha sido prioritaria en las políticas gubernamentales, ya que la relación de las autoridades con los campesinos "se basaba en un acendrado corporativismo y un paternalismo que impedía que éstos alcanzaran la mayoría de edad".
Hasta ahora el impulso de micro, pequeña y medianas empresas ha sido insuficientes y es ahí donde hay más posibilidades de crear empleos y autoempleos con inversiones no muy cuantiosas. Agrega que se requiere modificar la legislación para que se apoyen y promuevan asociaciones y cooperativas para evitar la sobrerregulación y el intervencionismo estatal.
Con relación al financiamiento, menciona que en los últimos años han sido escasos los créditos por la crisis de la banca mexicana, para la cual, además, no es atractivo participar en el campo. Esto, añade el documento, hace necesario promover el desarrollo de un sistema financiero rural que amplíe la cobertura del financiamiento institucional y responda a las características socioeconómicas y de organización de la población rural.
Un punto que también destaca es el referente a la promoción del comercio exterior y la defensa del doméstico, ya que estima que este sector requiere de una política para aprovechar las oportunidades de los acuerdos comerciales, aunque también se debe tener cuidado cuando se presenten condiciones de dumping y prácticas desleales de otros países.
Para el fortalecimiento de los mercados regionales sugiere que se se realicen estudios por zonas que permitan definir las características particulares de cada área, fomentar el establecimiento de normas de calidad, contar con un sistema de almacenamiento, inspección, certificación y normas de calidad, así como apoyar el programa de cobertura de precios con una mayor capacitación de las organizaciones de productores.
Los agricultores nacionales, considera, se han visto obligados a competir con países que subsidian ampliamente a este sector y "la política gubernamental en esta materia ha sido errática e inconsistente. Impide tomar decisiones oportunas al productor para ver la conveniencia o no de sembrar determinado producto".
Se tiene una gran incertidumbre respecto al ingreso que finalmente se recibirá en vista de las fluctuaciones de los precios y los apoyos gubernamentales. La política del gobierno en esta materia no está articulada a una política de ingresos para el productor, predominando el diálogo político gobierno-productores.
El CNA plantea una política de apoyos directos transparente y que se sostenga en principios reales a largo plazo para dar certidumbre al productor y permitirle tomar decisiones oportunas con pleno conocimiento de causa. Además, los subsidios se deben orientar a compensar las diferencias entre los costos de producción de los granos y los rendimientos por región, precisa.