MARTES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Ť Les disputan predios de Salto del Agua y Tumbalá
Indígenas del norte de Chiapas, amenazados por paramilitares
Ť 500 familias de 6 comunidades, bajo presión de Paz y Justicia
Angeles Mariscal y Elio Henríquez, corresponsales, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 18 de septiembre Ť Indígenas choles y tzeltales del norte del estado denunciaron amenazas de desalojo en su contra por parte de presuntos grupos paramilitares que operan en la región. El representante legal de la organización Kichañop, Pedro López Arcos, explicó que la amenaza se origina en la disputa por la posesión de dos predios en los municipios de Salto de Agua y Tumbalá.
El líder indígena indicó que las comunidades Flor de Café y Emiliano Zapata, del municipio de Tumbalá, y San Juan Bartolomé, Nuevo Progreso, Agua Azul y San Francisco Chacó, de Salto de Agua, están en alerta ante la amenaza.
Los habitantes de las seis comunidades se encuentran asentados en terrenos ejidales no regularizados debido a que su propiedad es disputada "por grupos priístas afiliados a Paz y Justicia", sostuvo López Arcos. Dijo que en las últimas semanas la presión de éstos sobre los ejidatarios aumentó mediante amenazas para que al menos unas 500 familias abandonen los inmuebles.
En otro contexto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interviene en el caso del indígena pro zapatista de El Bosque, Marcos Ruiz Gómez, quien la semana pasada fue encontrado muerto en el tramo carretero en que el 12 de junio pasado fueron emboscados y masacrados siete policías de Seguridad Pública estatal.
"La CNDH intervendrá allegándose información para ver si hay alguna posible violación a los derechos humanos o si hay algún tipo de autoridad involucrada en el caso", informó Alejandro Sousa Bravo, coordinador del organismo en los Altos y la selva de Chiapas.
Explicó que desde hace ocho días en que recibió del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas la denuncia de la desaparición de Ruiz Gómez, y por notas periodísticas, abrió una queja, con base en la cual solicitó información del caso a diversas autoridades, dándoles un plazo de 15 días.
Sin embargo, después de que el tzotzil fue hallado muerto --el pasado martes por la tarde-- la CNDH pidió más datos y dio un plazo de 72 horas a las autoridades pertinentes para que presentaran información.
Por otra parte, el obispo Felipe Arizmendi Esquivel manifestó su esperanza de que el sucesor del nuncio apostólico, Leonardo Sandri, "ayude a que nuestra relación con el gobierno sea positiva para que todos colaboremos en la construcción de la paz con justicia y verdad". En rueda de prensa, resaltó el hecho de que Sandri y su antecesor, Justo Mullor, hayan sido llamados por el Vaticano para ocupar cargos importantes. "Yo considero que para México significa la importancia que el papa Juan Pablo II ha dado a este país".