MARTES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2000

Ť Necesaria, una buena legislación: Carpizo

Derecho a la información, antídoto frente al autoritarismo, dice Valadés

Karina Avilés Ť El derecho a la información es ''el antídoto frente a cualquier tentación de recaída autoritaria'', afirmó el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadés, al expresar que el Estado ''no puede manejar su información interna con una visión patrimonialista''. Y manifestó que la democracia ''es una ficción cuando no rige el derecho a la información y la sociedad no dispone de garantías eficaces para hacerlo valer''.

A su vez, el ex rector de la UNAM, Jorge Carpizo, expresó que la democracia mexicana no se fortalecerá hasta el día en que el país cuente con ''una buena legislación'' que asegure una serie de derechos y facultades, pero que también precise responsabilidades porque la ''libertad ilimitada'' a lo único que conduce es ''a la ley del más fuerte''.

En el coloquio internacional El derecho a la información y los derechos humanos, que fue inaugurado ayer en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, confluyeron diferentes especialistas en la materia.

Al inicio a las exposiciones, Diego Valadés expresó que las democracias ''peligran allí donde la información se convierte en una potestad y se consolida allí donde la libertad se ejerce como un derecho''. Subrayó que no debe perderse de vista que ''cuando el derecho a la información queda al arbitrio del poder se desencadenan procesos totalitarios, y cuando la sociedad queda a merced de las fuerzas de la pasión se producen linchamientos''. Añadió que la privatización de la vida pública se acentúa ''cuando la información interna de los órganos del poder no es accesible a los ciudadanos''.

Valadés hizo especial énfasis en el derecho a la intimidad, que en ocasiones aparece vinculado con el derecho a la información. ''Se parte de una realidad: los órganos del poder y los particulares disponen hoy de instrumentos técnicos altamente intrusivos. Por eso se ha generado la exigencia de respuestas legales que garanticen la protección de la intimidad''.

El poder, dijo, dispone de ''gran información'' sobre cada uno de los gobernados -en materias fiscal, sanitaria, etcétera; por ello, los individuos tienen derecho a que la información relevante en relación con su intimidad ''no esté disponible para uso discrecional por parte del poder''. Por ejemplo, indicó que en el caso del Renave el problema fue que la información importante, es decir, el banco de datos, quedara ''presumiblemente y así es'', en manos poco confiables. ''De alguna manera, el derecho a la información es una suerte de contrapunto del derecho a la intimidad'', resumió.

Desde hace 23 años, en México está pendiente cumplir con lo dispuesto por el artículo sexto constitucional, el cual señala que el derecho a la información será garantizado por el Estado, indicó. En cuanto a ese artículo, dijo, no se estableció un plazo para que el Congreso legislara, de manera que en este caso ''cabría aducir que no hay preterición porque no hay obligación de actuar en un tiempo determinado''. Pero si se atiende ''a la razonabilidad del tiempo para dictar una norma, podemos afirmar que 23 años deberían haber sido suficientes para que los legisladores actuaran'', añadió.

Carpizo manifestó que México requiere de una legislación moderna en la que se precisen los derechos de la sociedad de recibir una información veraz y oportuna, los derechos y las obligaciones de los dueños de los medios de comunicación y de los informadores.

El director del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, José Carreño Carlón, partió de que México se encuentra anclado en un modelo histórico de subordinación y colusión de intereses en lo referente a las relaciones entre los medios, el poder público y la sociedad. Este modelo, dijo, no sólo ha obstaculizado que la sociedad ejerza su derecho a la información, sino que ha convertido ''a estos medios en un aparato de control social que oculta, dosifica o facilita información o propicia opiniones de descalificación o reconocimiento según las necesidades de los enclaves de poder''.