MARTES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2000

Ť Debe despojarse de "proyecciones represivas", según el general Vega García

Seguridad nacional no equivale a militarismo, plantean en el Ejército

Ť Considera tendencioso responsabilizar al aparato castrense de todo asunto de salvaguardia del país

Jesús Aranda Ť El comandante de la Primera Región Militar del Ejército, general de división Gerardo Ricardo Vega García, asevera que pretender responsabilizar al aparato militar de "todos los asuntos de seguridad de un país" es una actitud tendenciosa y mal intencionada, porque la seguridad nacional "no es sinónimo de militarismo o de actividades de defensa nacional", sino que incluye políticas internas y externas, económicas, sociales y militares.

Vega García, considerado "secretariable" por haber comandado la columna militar en el desfile del pasado 16 de septiembre, señala lo anterior en el libro Seguridad nacional, concepto, organización, método, de reciente publicación y edición exclusiva para el Ejército y Fuerza Aérea mexicanos.

El militar establece que las estrategias de seguridad nacional deben sujetarse a la política general de Estado y despojarse de "proyecciones represivas" hacia los derechos humanos o con carácter militarista, como un elemento indispensable para garantizar el libre ejercicio de la soberanía.

Aun cuando plantea que no pretende asumir una posición concreta sobre la situación en México, porque "el tema de la seguridad nacional es uno de los temas más polémicos y controversiales de las últimas décadas", destaca la conveniencia de que "cada país" cuente con una ley orgánica de seguridad nacional que dé forma, a su vez, a un sistema nacional de seguridad nacional. Para el militar resulta "inaceptable" también esgrimir la "supuesta conveniencia" de usar el término seguridad nacional "como justificación política para el poder en turno"

Agrega en su estudio que "debe recalcarse la impertinencia de algunas corrientes intelectuales" que ven la seguridad nacional como una "vertiente militar" destinada a "suplir a la política suprema de un Estado"; como también rechaza la idea de darle a la seguridad nacional una "función utilitaria" hacia el interior de un sistema político. Y remata: "desde luego, no es desconocido el empleo de doctrinas de seguridad nacional como sustitutivas de un estado de derecho".

Advierte que "la ausencia de un concepto claro de seguridad nacional" da lugar a un manejo "doctrinario, teórico y de principios más que de realidades pragmáticas", lo que provoca confusión al considerar todo lo relacionado con la seguridad nacional como "sistemas represivos hacia el interior de un país, o el ejercicio hegemónico del poder mundial en las esferas de influencia de las potencias".

"Ambas situaciones, generalmente apoyadas en el poderío militar, desconociendo la sujeción de las fuerzas armadas al poder político, dan como resultado una idea maquiavélica al término", pues lo conciben como un sistema susceptible de usarse contra un grupo social, "lo cual carece de toda base científica o lógica".

La seguridad nacional, subraya, es una herramienta de una utilidad inconmensurable, ya que permite al Estado mantenerse alerta sobre situaciones "perjudiciales" en lo político, económico, social y militar. Un sistema de seguridad nacional correctamente diseñado "es y constituye un mecanismo de alta política al servicio del gobierno y para beneficio de la sociedad", señala.

Concluye su trabajo con un ejemplo de un "concepto estratégico de seguridad nacional" en que resume sus "reflexiones" sobre el tema:

Precisa que el Estado es el responsable del cumplimiento del proyecto constitucional de cada nación, fundamentado en las aspiraciones de la sociedad nacional, consciente de su situación geopolítica, sabedor del nivel de desarrollo que pretende con base en los recursos de los que dispone. Por eso debe preservar los "objetivos nacionales permanentes"; garantizar el desarrollo nacional "eliminando toda interferencia con pretensión de afectarlo o impedirlo; mantener la institucionalidad y vigencia del estado de derecho, tanto al interior como hacia el exterior".

Por su parte, el gobierno en turno, añade, está obligado a defender la soberanía nacional preservando la independencia y la integridad de su territorio; salvaguardar las instituciones legítimas dentro del marco del derecho legalmente aprobado por consenso nacional; asegurar a la población "niveles óptimos de justicia"; mantener la unidad nacional en beneficio del orden interno; y obtener el desarrollo integral y bienestar general de la sociedad.

En el contexto externo el general Vega García establece que el gobierno deberá estar atento para impedir "que las convulsiones de los países (X y Z) con fines hegemónicos" utilicen los conflictos (políticos, económicos, sociales, militares) en detrimento de la soberanía y seguridad nacionales. Y advierte el riesgo de acciones como:

-Proponer la intervención económica pretextando la defensa de intereses de las empresas trasnacionales.

-Violar la soberanía e integridad territorial argumentando inestabilidad social en la frontera del país.

-Intervenir militarmente aduciendo razonamientos de seguridad que artificialmente manejados crean una imagen "de amenaza inexistente".

El general plantea que se lleve a cabo, "en primera instancia", la negociación política y diplomática en la solución de "todo tipo de conflictos que incidan en problemas de seguridad".

Añade que "en todo momento" se debe observar un estricto apego a las normas del derecho internacional en búsqueda de soluciones pacíficas, empleando la política exterior a efecto de que prevalezcan en todos los órganos internacionales los acuerdos y los compromisos contraídos.

La adopción de medidas y políticas de seguridad para garantizar la cobertura de los recursos intelectuales y materiales del Estado que se estimen puedan ser vulnerados. Aquí precisa que serán consideradas como "áreas estratégicas de importancia vital" los yacimientos de uranio, la planta industrial y los energéticos.

Establece que el empleo de las fuerzas armadas será una medida de último recurso, "cuando toda instancia de concertación sea agotada", a fin de que su actuación sea considerada de respaldo a la política de seguridad nacional del Estado.

Vega García, quien de acuerdo con la percepción tradicional que hay al interior del Ejército de que el comandante de la columna del desfile del 16 de septiembre en el último año de un sexenio se ha convertido en el secretario de la Defensa Nacional, razón por la que su nombre se agregó a la lista de "secretariables", delinea los componentes de un plan de seguridad nacional que debe sustentarse, a su vez, en una legislación ex profeso y un sistema nacional de seguridad nacional que sea un órgano permanente en el que participen representantes de todos los sectores del país, no sólo las fuerzas armadas, y que se base en dos aspectos centrales: inteligencia y operaciones.

Plan de seguridad nacional

La inteligencia de seguridad nacional es, para el general Vega, "el pilar de mayor peso específico en la planeación de la seguridad nacional", ya que no es suficiente el informe, ni basta con saturar archivos y memorias de computadoras con un número infinito de datos, ni evaluar toda la información disponible, sino analizar ésta para "producir inteligencia" que permita adoptar las medidas adecuadas para el bien nacional.

Concluye Vega García que la seguridad nacional "es la condición permanente de libertad, paz y justicia que dentro de un marco institucional y de derecho procuran los poderes de la Federación mediante acciones políticas, sociales, económicas y militares" tendientes a equilibrar las aspiraciones e intereses de los diversos sectores de la población y del propio país. En el ámbito internacional busca salvaguardar la integridad territorial y ejercer la soberanía e independencia.

Asegurar que la seguridad nacional es un "asunto de militares", es "porque las sociedades así lo han permitido, pero nada más lejos de la verdad".