Muerte de 5 trabajadores revela irregularidades en empacadora

Ť Autoridades estatales y federales desdeñan la situación

Jesús Narváez Robles, corresponsal, Santiago Ixcuintla, Nay. Ť El 26 de julio Antonio Martínez Oropeza laboraba junto con otros cuatro compañeros en la limpieza de una fosa séptica de una empresa clandestina dedicada al empaque y comercio de camarón y que carece de razón social. En determinado momento, cuando succionaban con mangueras el agua de la fosa, de una de éstas se desprendió una pichancha y cayó a la fosa, de tres metros de profundidad por cinco de ancho.

Martínez decidió meterse por ella. Descalzo, sin camisa, sin utilizar escalera, ni tapabocas o mascarilla ?''porque nunca hemos contado con equipo'', según dicen empleados? fue descolgado al pozo, mediante una cuerda que era sostenida por tres de sus compañeros, y cuando llegó al fondo empezó a pedir auxilio y cayó desmayado al inhalar gases producidos por la descomposición de desechos.

Ante ello, uno a uno se fueron metiendo sus cuatro compañeros a tratar de rescatarlo. Los cinco murieron en el interior de la fosa por la inhalación que hicieron de gas butano. Junto con Antonio Martínez murieron los trabajadores David Sánchez Alvarez, Eusebio Sánchez, Salvador Alvarez y Rodolfo Segura Andrade (hermano del propietario). Al rescatar los cuerpos, dos bomberos y diez agentes de la Dirección de Seguridad resultaron intoxicados y tuvieron que ser trasladados a hospitales.

La tragedia sacó a luz pública la existencia de una empresa dedicada al empaque y comercio de camarón, que laboraba en forma clandestina, con más de cien empleados de bajos salarios, sin equipo y en instalaciones inadecuadas. Ese mismo día, la empresa fue cerrada y ''asegurada'' por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), al tiempo que familiares de cuatro de los muertos (a excepción del hermano del dueño) iniciaron una colecta en las calles de la ciudad a fin de conseguir alimentos y dinero para el sepelio, ya que económicamente dependían de los trabajadores fallecidos. Los decesos ocurrieron en la empacadora ubicada en una bodega de 400 metros cuadrados, en la calle segunda de Corregidora de la colonia López Velarde, donde no existe red de drenaje y muchas casas son aún de cartón.

Ahora, el agente del Ministerio Público, Marco Antonio Uribe Aguilar, señala que permanece abierta la investigación, mientras que familiares de tres de los cinco muertos se quejan de que el propietario de la empresa, Marco Antonio Segura Andrade, rompió los sellos de ''aseguramiento'' colocados por las autoridades y reinició labores sin entregarles indemnización.

El propietario Marco Antonio Segura Andrade, quien en el momento de los hechos se hallaba ''de viaje'' y regresó tres días después portando un amparo legal, se niega a hacer declaraciones públicas, y ante el agente del Ministerio Público sostuvo que en su ausencia quien se quedaba a cargo era uno de los hoy occisos, Salvador Alvarez.

Respecto a la posible responsabilidad del propietario al no proporcionar equipo adecuado bajo el riesgo de hacer un trabajo en una fosa con gases tóxicos, el agente ministerial Uribe Aguilar indica que ''el caso sigue abierto, pero según las investigaciones se trataría de muerte imprudencial, por lo que sería un asunto civil y no penal, y la sanción sería reparar el daño mediante el pago de indemnizaciones''.

Desde 300 pesos por una muerte... más amenazas

Guillermo Sánchez Alvarez narra que tras la muerte de su hermano David, fue llamado ante el agente del Ministerio Público y allí ''me dijeron que tenía que firmar el perdón, y yo les dije que no iba a firmar nada, pero un hombre me dijo que si no firmaba me metería en problemas''. Y agrega el joven de 17 años: ''Ese día le entregaron a mi mamá dos mil pesos, pero ya no hemos recibido nada y no tenemos dinero''.

Prisciliano Martínez, padre de Antonio, narra que su hijo tenía cinco de años de laborar en la empresa, y luego de su muerte ''a la esposa de Toño le dieron cinco mil pesos, y al hijo de Eusebio sólo 300 pesos''. Luego, explicó que no han presentado ninguna queja ante Conciliación y Arbitraje ni ante otra autoridad laboral, porque ''el dueño me dijo que nos entregaría indemnizaciones, pero ahora pasa y ya ni siquiera me habla, pero como es muy influyente, tenemos miedo de hacer escándalo''.

La señora Guadalupe López trabajaba en la tortillería de la colonia, hasta que decidió irse a laborar en la empacadora junto con su esposo, Salvador Alvarez, quien también falleció. El salario de cada uno era de 600 pesos quincenales.

La aún trabajadora de la empresa y cuyo esposo era ?según la versión del propietario? el ''segundo de abordo'', refiere que los trabajadores ''éramos casi cien'', de los cuales la mayoría pela camarón, unos empacan el producto y otros realizan diferentes labores más. Y a pregunta expresa señala que su marido ''y otros cinco o seis'' contaban con Seguro Social, pero se niega a hablar sobre probables denuncias contra su patrón. ''Lo mejor es dejarlo en paz para que vuelva a abrir y nos dé trabajo, porque no tenemos nada de dinero''.

Prisciliano Martínez, el padre de Antonio, vive a cuatro puertas de la empacadora y corrobora lo que otros vecinos han advertido: ''El dueño rompió los sellos de clausura y durante la noche entran camiones con mariscos que ahí son lavados y procesados para su venta''.

El desdén de las autoridades

El agente ministerial Uribe Aguilar dice desconocer la reapertura del lugar, mientras que el delegado de Semarnap en la localidad, Jorge Arturo Arias, asegura que en la bodega en cuestión ''existen una serie de medidas no legales. De hecho no hay ningún expediente, ni trámite, por lo que esa empacadora es clandestina''. Pero hasta allí.

Por su parte, el delegado de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa), Roberto Arrechea, responde a través de su oficina de prensa que el asunto ''no compete'' a esa dependencia. Y el titular local de Salud, Rigoberto Trujillo, se limita a indicar que se encontraron ''irregularidades como agua encharcada en el área de carga, pisos porosos y techos y muros sin enjarrar''. De su parte, la Comisión Nacional del Agua informó que se ordenó clausurar la fosa, lo cual se ha incumplido, y para cerrar el círculo de la burocracia, el secretario del Ayuntamiento, Manuel Méndez, señala que conocían la existencia de la empacadora, pero ''no sabíamos que no tenía autorización legal de la Semarnap''.

En medio de este pasabolas burocrático, el director de Seguridad Pública, Rentería Vega, alerta: ''El lugar es una bomba de tiempo, que debido a los desechos que se acumulan en la inadecuada fosa, crea gases que podrían provocar una explosión de peores consecuencias''.

Desesperado, Prisciliano Martínez comenta: ''Sin pagar indemnizaciones, el propietario ha vuelto a abrir, mientras las autoridades permanecen pasivas, tal vez en espera de que unos muramos de hambre, y otros más mueran en la empacadora''.

Claudia Oropeza, residente de la colonia, refiere que la empresa (que no cuenta con razón social) se estableció hace cinco años, y ''desde entonces presentamos quejas ante las autoridades por los tiraderos de aguas negras en la calle y el desagradable olor que surgía del estanque de residuos, pero el dueño parece contar con influencias. Y ahora las muertes se dan justamente a causa de esos gases de la fosa''.