El petróleo es una mercancía que expresa muchas contradicciones en la sociedad y éstas se ramifican de modo apreciable en el entorno de lo que se llama la globalización. En 1998 fue la caída del precio la que provocó desajustes en la distribución de la renta petrolera que llevaron, incluso, a la fuerte inestabilidad de los mercados financieros en el mundo, especialmente en el este de Asia, y aquí condujeron a varios recortes presupuestales y a una mayor inflación. Hoy es el alza del precio lo que ocasiona trastornos tanto en los países importadores como en los exportadores.

En los primeros, sobre todo en Europa, se han generado fuertes protestas por la carestía de la gasolina, y en Francia, Inglaterra y Bélgica los transportistas han bloqueado caminos y paralizado el reparto de los productos. En los segundos, la abundante entrada de divisas que ocasiona el precio de 32 dólares por barril empieza a presionar los mercados cambiarios y hasta a crear síntomas de sobrecalentamiento por el aumento del consumo.

En unos y otros la situación podría manifestarse en una tendencia a la elevación de las tasas de interés para contener la inflación y mantener la estabilidad monetaria y financiera que, como se sabe, es una de las premisas básicas de la política económica global. Pronto se iniciará la época de frío en el hemisferio norte y habrá una nueva escalada de los precios del gas usado para la calefacción.

Mientras esto ocurre es cada vez más notoria la disputa sobre quién debe pagar los costos de esta nueva situación en el mercado petrolero. Algunos gobiernos, como ocurre en Inglaterra, enfrentan fuertes demandas para intervenir y bajar el precio de la gasolina, asegurando su abasto en las estaciones de servicio. Al parecer hay cuestiones técnicas asociadas con la capacidad de refinación que dificultan acrecentar la oferta en el corto plazo y reducir, así, los precios.

Por otra parte está la condición fiscal que marca el hecho que en general los gobiernos recaudan una parte importante de sus ingresos por los impuestos sobre las gasolinas y otros combustibles. Este es, por supuesto, el caso de México en donde mes a mes, e independientemente de cuál sea el precio del crudo se cobra más por el litro de combustible.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha presentado un breve documento en el que argumenta, precisamente, que no son los países productores de crudo los responsables de los altos precios actuales de la gasolina, sino que son los gobiernos por los elevados impuestos con que la tasan. Las cifras que ofrecen indican que en la Unión Europea por cada barril que se importa para refinación el precio se distribuye en 68 por ciento de impuestos, 16 por ciento para los refinadores y 16 por ciento para los exportadores de crudo. En el conjunto de los países de la OCDE los números respectivos son: 48 por ciento, 30 por ciento y 22 por ciento.

Esta discusión es una verdadera espada de dos filos. Por una parte, el ambiente está ya creado en una fracción de la sociedad que se ha adherido a los principios librecambistas y que podría argumentar que el Estado debe reducir su intervención en los precios bajando los impuestos. Con ello se seguiría la lógica prevaleciente de que es la interferencia estatal la que provoca los desequilibrios en los mercados, distorsiona los precios y afecta de modo adverso la eficiente asignación de los recursos. El Estado es visto como un estorbo y, en algunos casos, son los mismos que lo encabezan quienes adoptan una posición de retraimiento casi vergonzante por lo que consideran como una inhibición al funcionamiento de las fuerzas de la oferta y la demanda.

Por otra parte, están aquellos factores que tienen que ver con la necesidad de cuando menos mantener, si no es que aumentar los ingresos públicos para ejercer los gastos sociales requeridos. Hay que recordar que en el mercado las dos posibilidades de ajuste son sólo por el lado de los precios y de las cantidades. Si los impuestos, que pueden considerarse de alguna manera un precio, por la compra de servicios públicos diversos, de infraestructura para la producción o hasta de la estabilidad social se reducen, tendrá que hacerlo también la cantidad y calidad de los bienes y servicios que provee el Estado.

El dilema que esto presenta puede ser visto de distinta manera por quienes están de uno y otro lado de la disputa, pero el caso es que todo debe ser pagado, incluso la estabilidad social o la posibilidad de vivir en una sociedad menos desigual e injusta. Esto no significa que la distribución de esa carga sea ya la mejor y que no pueda ser replanteada o que tanto las funciones del Estado y del mercado no deban ser formuladas. Pero en todo caso debe pensarse que no todas las aristas de las fricciones sociales están ya limadas en esta era global, y que si los laboristas ingleses o los socialistas españoles y franceses han tenido dificultades para establecer ese inestable equilibrio social entre eficiencia y equidad, tal vez el asunto sea más conflictivo en las manos de Berlusconi y sus similares que existen en todos los países que hoy practican la democracia como se entiende de modo convencional.