LUNES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Ť PARABOLA
Ť Emilio Lomas M. Ť
Contratos irregulares en Pemex
Pemex Exploración y Producción (PEP) otorgó dos contratos por un monto de 78 millones 57 mil 576 pesos a la empresa Perforaciones S. A., a pesar de que esa firma se encontraba en suspensión de pagos desde 1983 y de que se le asociaba con Perforadata S. A. de C. V., recientemente declarada en quiebra. Ambas empresas tienen como administrador único a Ricardo Javier Besquin Leifer.
Petróleos Mexicanos ''se deslinda totalmente de este problema porque se trata de un conflicto de dimensiones ya muy graves entre los socios de dos empresas, que en nada compete a la paraestatal, y que de ninguna manera afecta el cumplimiento del contrato celebrado con Pemex Exploración'', advirtió el asesor de la subsidiaria, Jesús Andrade Pulido.
Sin importar que un cúmulo de irregularidades hubieran sido formalmente denunciadas ante la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) y ante la Contraloría Interna de Pemex respecto a los contratos de Obra Pública CORS-056/2000 y CORS-058/2000, otorgados por PEP el 26 de mayo y el 12 junio del 2000, respectivamente, hasta ahora no se ha abierto ninguna investigación que permita transparentar la operación de asignación de los contratos con valor de 19 millones 46 mil 94.50 pesos y de 59 millones 11 mil 482.50 cada uno.
La paraestatal explicó que no procedió ningún tipo de averiguación debido a que el verdadero trasfondo del asunto consiste en que entre los principales socios de Perforadata y Perforaciones, Ricardo Besquin y Rodrigo Peña, existe una agria disputa que se originó cuando Besquin excluyó a Peña de Perforadata al argumentar un aumento de capital social, lo que derivó en una serie de demandas contra el actual socio de Pemex.
El único elemento legal que Pemex tendría para anular el concurso e incluso repetirlo desde el principio, sería que alguna de las empresas participantes se hubiera inconformado, pero esto no sucedió en ninguna etapa del proceso por lo que se considera plenamente válido, señaló el asesor de PEP, Jesús Andrade Pulido.
Lo cierto es que Ricardo Javier Besquin Leifer posee la mayoría de las acciones y el carácter de administrador único de Perforadata, empresa que después de permanecer en suspensión de pagos a partir del 26 de agosto de 1999, fue declarada en quiebra por el juez Primero de Pagos de lo Concursal del Distrito Federal, quien además decretó el arraigo de Besquín, ante la posibilidad de que el proceso de quiebra resultara de carácter fraudulento.
Como antecedente a los beneficios otorgados a Perforaciones y Perforadata por parte de PEP en este año, en 1983 se autorizó que los contratos de obra pública que tenía asignados Perforaciones, fueran reasignados a Perforadata con motivo de la declaración de suspensión de pagos que realizó Perforaciones en perjuicio de sus acreedores.
De tal forma que las quejas sobre las condiciones en que se efectuaron las asignaciones de contratos en mayo y junio pasado, interpuestas por Víctor Manuel Morato Lorenzo (representante legal de Rodrigo Peña y otros demandantes de Perforadata) ante Secodam y la Contraloría Interna de PEP el 17 y 13 de julio, respectivamente, no procedieron a pesar de que existía una denuncia formal antes de que los contratos fueran asignados (presentada el 22 de mayo de este año, con todo y pruebas, por Jaime Villa Sánchez ante Guillermo Andrade Delgado, director de Quejas y Denuncias de Secodam).
La postura de Pemex expresada por Jesús Andrade Pulido, asesor de Pemex Exploración se mantiene en una sola dirección: reconocer la asignaciones de los contratos a Perforaciones por haber resultado la oferta solvente más baja, aceptar como válida la presentación de información por parte de la empresa bajo protesta de decir verdad, lo que la acreditó como participante de las licitaciones.
Entre la paraestatal y Perforaciones S.A. de C.V., señaló Andrade, existe una relación contractual sana debido a que hasta el momento el contratista ha cumplido en tiempo y forma con sus compromisos, demostró bajo protesta de decir verdad su capacidad para cumplir con el trabajo encomendado, y enfatizó que los problemas laborales, personales o financieros entre la empresa y sus socios de Perforadata sólo son de su competencia.
Detalló que la queja presentada ante Secodam y ante la Contraloría de PEP se origina en conflictos entre Ricardo Javier Besquin y su socio en la empresa Perforadata Rodrigo Peña, con quien la firma Perforaciones estableció una asociación en participación, transacción a la que es ajena la paraestatal debido a que no tiene que ver con las licitaciones ganadas por Perforaciones.
La paraestatal también especificó que la relación contractual de PEP con Perforaciones es exclusivamente por su participación en el concurso de licitación y tema aparte es la firma de un contrato de asociación en participación entre Perforaciones y Perforadata para utilizar equipo y recursos humanos en los contratos que llegara a ganar la primera, lo cual, argumenta, es procedente aún si Perforadata se hallaba en suspensión de pagos.
Melée
Luego de obtener el beneficio de la suspensión de pagos en agosto de 1999, Perforadata consiguió la autorización para proceder a la venta de sus activos de mejor comercialización bajo el falaz argumento de requerir recursos financieros para poder concursar en las licitaciones de contratos ante PEP.... El propósito de Besquin al entrar en suspensión de pagos implicó no cubrir los adeudos a sus creedores, principalmente a la empresa estadunidense National Oilwell que suministró a Pemex equipos por más de 30 millones de pesos por conducto de Perforadata... Esta última empresa recibió el pago respectivo desde 1998 y nunca le pagó a Oilwell, situación que ha dado origen a una denuncia penal por fraude en contra de Besquin Leifer... De acuerdo con las quejas presentadas ante Secodam y la Contraloría Interna de PEP, la suspensión de pagos también implicaría eludir cumplir con diversos fallos emitidos a favor de varios trabajadores por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en contra de Perforadata, y las responsabilidades que pueden resultar por otros juicios laborales actualmente en trámite ante esa dependencia, asuntos que en total exceden los 20 millones de pesos.