LUNES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Ť Aún no se reúnen con representantes de la Sagar; preocupación de productores
Empresarios, mayoría en el equipo foxista para el campo
Ť El precio de la caña y mecanismos de comercialización de granos básicos, temas por resolver
Angélica Enciso L. Ť El equipo de transición de Vicente Fox Quesada para el sector agropecuario aún no se reúne con los responsables de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Sagar) y no ha definido la forma en que enfrentará problemas que esta administración ya no resolverá, pero que requieren atención inmediata, como el precio de la caña la próxima zafra, mecanismos de comercialización de los granos de la cosecha primavera-verano -que empieza en noviembre-, financiamiento a los productores y caída del ingreso de los agricultores.
Además, organizaciones de productores han expresado su preocupación porque en el equipo foxista para el campo predominan los empresarios, cuyos intereses podrían tener mayor peso que las necesidades y problemas del sector.
De los cinco integrantes, tres tienen actividades agroindustriales: Javier Usabiaga Arroyo, ex secretario de Agricultura del gobierno de Guanajuato, es socio de la empresa Aguilares, que produce y exporta ajo y también se dedica al empaque de hortalizas; Francisco Mayorga, ex secretario de Agricultura de Jalisco, se dedica a la producción de alimentos balanceados y a la engorda de ganado, y Juan Carlos Cortés, dueño de la compañía Pro Agro -apoyada por el Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura (FIRA)-, se orienta al seguro agropecuario.
También está Alberto Núñez Esteva, quien fue director de la Fundación Mexicana de Desarrollo Rural -financiada por Bimbo, que importa 90 por ciento del trigo que consume- y ahora dirige la fundación filantrópica La Merced, y Julio Scherer Ibarra, ex director del Consorcio Azucarero Escorpión.
Aun gente cercana al equipo de transición ha expresado su preocupación porque no ve interés de los agroindustriales en los problemas del campo, pretenden hacer empresarios a campesinos que apenas alcanzan a producir para el autoconsumo y porque los apoyos económicos del sector en el próximo gobierno sólo se orienten a los grandes productores.
Asimismo, vislumbran problemas entre Usabiaga Arroyo y Núñez Esteva, que encabezan el equipo, por su interés en alcanzar la titularidad de la Sagar.
Aunque el equipo de transición para el campo se ha reunido con la mayor parte de las organizaciones de productores, el principal interlocutor ha sido el Consejo Nacional Agropecuario, organismo privado que cuenta con 110 agremiados entre empresas y uniones de agricultores, y concentra 75 por ciento de las exportaciones agroalimentarias
Para evitar un conflicto de intereses entre los integrantes del equipo foxista y las actividades que lleguen a desempeñar, deben desligarse de las empresas o negocios vinculados a los ámbitos de competencia de la dependencia y hacer pública su declaración patrimonial al comenzar sus responsabilidades, señalan la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras, la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras y la Red Mocaf.
Los pendientes
La actual administración deberá definir a más tardar el 31 de octubre -de acuerdo con el decreto cañero- el precio de la caña de la zafra que comienza en noviembre y termina en mayo del año próximo. Hasta el momento. no han comenzado negociaciones en las que participen tanto los actuales como los futuros responsables.
El problema de este sector se ha revelado en las últimas semanas, ya que el retraso del Grupo Machado, Azucarero Mexicano, Seoane y el Consorcio Azucarero Escorpión en el pago de la liquidación de la caña, provocó movilizaciones de los agricultores que prevén se agudice la crisis por los problemas financieros de la industria.
Los empresarios azucareros establecerán en breve un panel de controversias con Estados Unidos, para resolver el conflicto del Tratado de Libre Comercio (TLC) que impide a los mexicanos exportar a ese país los excedentes de 600 mil toneladas -de una producción de alrededor de 5 millones de toneladas.
También queda pendiente la definición del mecanismo de comercialización de la cosecha de granos del ciclo primavera-verano que, según las previsiones de la Secretaría de Agricultura será alta, ya que la de maíz se espera en 18 millones de toneladas -contra los 15.6 millones del año pasado. Aún no se conoce si se mantendrá el mecanismo de subastas que coordina Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) y si se elevará el monto de este subsidio.
En este punto, las organizaciones señaladas prevén condiciones difíciles, ya que las cotizaciones internacionales de los granos van a la baja y los 3 millones de productores de básicos no aceptarán un pago menor al que este año obtuvo el maíz de otoño-invierno de Sinaloa -mil 350 pesos. En los últimos cuatro años, la caída del precio ha sido en promedio de 50 por ciento, mientras que el de insumos, como las semillas, ha crecido hasta en 63 por ciento, según datos del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).
La caída del maíz
Tan sólo en el caso del maíz, el precio pagado al productor pasó de 2 mil 385 pesos en 1996 a mil 350 pesos este año, lo cual constituye un descenso de 45 por ciento. En el mercado internacional la situación es todavía más grave. En la bolsa de Chicago, la tonelada de maíz esta semana estuvo en los 760 dólares y los 590 pesos, que son la diferencia entre ese precio y lo que se paga al productor mexicano, son el subsidio que maneja Aserca. Para la próxima cosecha aún se desconoce el monto económico que se requerirá para estos apoyos.
En el caso del sorgo, la cotización registró una caída de 55 por ciento, ya que de 2 mil 138 pesos por tonelada pagados al productor en 1996, este año se tiene un precio internacional de 764 pesos.
Sobre el trigo, la situación es similar, ya que de 2 mil 515 pesos que los agricultores obtuvieron hace cuatro años, ahora lo que percibieron por cada tonelada fueron mil 358 pesos, mientras que la cotización externa es de mil 82 pesos.
Además de la caída de los precios, que afecta directamente el ingreso de los productores, durante el último sexenio carecieron de fuentes de financiamiento, ya que la participación del Banrural cayó: de apoyar 6.5 millones de hectáreas de granos en 1993, ahora sólo participa en 750 mil hectáreas, precisan las organizaciones.
Los caficultores esperaban para agosto la resolución de la investigación de la Comisión Federal de Competencia Económica para definir si las empresas Becafisa, Expogranos, Cargill y Amsa se ponen de acuerdo en la aplicación de castigos en el precio al café mexicano, con lo que realizarían una práctica monopólica.
A los productores se les informó que el plazo del análisis se ampliaría 90 días, por lo que la conclusión se daría a fines de noviembre. ''Esta administración no quiere responder a este problema'', señaló Cirio González, de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras.
El equipo foxista aún no se quiere hacer responsable de los problemas del sector. ''El pueblo votó por un cambio, no queremos ser recurrentes en los errores en las políticas y éste, como otros, puede ser un problema serio, se debe analizar con detenimiento y buscaremos las salidas cuando tengamos la competencia. Que quede claro que hasta el 30 de noviembre la responsabilidad es del gobierno del presidente Zedillo'', señaló hace unos días en entrevista Javier Usabiaga.
Cumplir promesas de campaña
tendría un costo millonario: PRD
Ciro Pérez Silva Ť El cumplimiento de todas las promesas de campaña del presidente electo, Vicente Fox, requieren recursos adicionales de cuando menos 60 mil millones de pesos, cifra equivalente a 1 por ciento del producto interno bruto (PIB), revela un estudio del equipo económico de la bancada perredista en la Cámara de Diputados.
''De erogarse, elevaría el déficit público a 2 por ciento, el doble de las proyecciones del equipo de transición del mandatario electo. Dicha cifra, aparentemente pequeña, implicaría que el gobierno mexicano recurriera a los mercados internacionales para obtener esos recursos'', asegura el documento.
El estudio menciona que, de acuerdo con declaraciones del equipo económico de Fox, el marco macroeconómico para el año próximo estima un déficit fiscal de alrededor de 1 por ciento del PIB, con una inflación promedio de 10 por ciento. ''Lo anterior, sumado a la negativa del presidente electo para llevar a cabo una reforma fiscal integral en un futuro cercano, implica necesariamente que de ninguna manera podría cumplir con sus promesas de campaña'', sostiene.
De acuerdo con el análisis del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en San Lázaro, durante los últimos tres años los ingresos presupuestales del sector público se han ubicado en alrededor de 20.5 por ciento del producto interno bruto. Si se considera que la economía mexicana crecerá el presente año alrededor de 6 por ciento, los ingresos esperados para el ejercicio fiscal de 2001 estarían cerca de 1 billón 287 mil millones de pesos.
En este sentido, y para cumplir la meta de un déficit de 1 por ciento, el gobierno no debería de gastar más de 1 billón 349 mil millones de pesos.
Explica que, de este total, una parte importante del Presupuesto de Egresos se encuentra ya comprometido, compuesto principalmente por los intereses de la deuda y las participaciones a los estados, lo que representa cerca de 463 mil millones de pesos, es decir, 43 por ciento del total de las erogaciones.
Costos del rescate bancario
Adicionalmente, el gobierno enfrentará el año próximo las mismas presiones que ha tenido que solventar en los últimos años: el costo del rescate bancario, traducido en los recursos que debe destinar al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), las reformas a las seguridad social y los Pidiregas, cuya estimación en conjunto asciende a 180 mil millones de pesos, es decir, 14 por ciento del total del gasto.
El estudio en cuestión, elaborado por el asesor Mario di Costanzo, sostiene además que si se asume que parte fundamental de las promesas de Vicente Fox fue la mayor atención a la educación y al gasto social, ''necesariamente se tendrían que incrementar los recursos destinados a estos rubros, por lo que tendría que dirigir a estos sectores aproximadamente 550 mil millones de pesos''.
Con este esquema, quedarían aproximadamente 156 mil millones de pesos para ser destinados al resto de la administración pública que incluye, entre otras dependencias, a la PGR, Semarnap, Hacienda, Defensa y Marina, sectores que en los últimos tres años han demandado recursos en promedio por aproximadamente 4 por ciento del PIB, lo que implica la necesidad de recortes presupuestales.
Destaca que la discusión sobre el Presupuesto de Egresos se volverá a centrar en variables sobre las cuales las autoridades gubernamentales carecen de pleno control, como es el caso del precio del petróleo y los factores que presionan a las finanzas públicas como el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, los Pidiregas y la reforma a la seguridad social.
''Es un error posponer la reforma fiscal integral, ya que contar con finanzas públicas sanas no significa realizar permanentemente ajustes al gasto. Las finanzas públicas sanas deben contar con una política tributaria que de manera equitativa y justa le dé al Estado fortaleza financiera para que pueda cumplir cabalmente con sus obligaciones'', concluye.