DOMINGO 17 DE SEPTIEMBRE DE 2000

Ť Llaman en un foro a debatir sobre un código de ética

Proponen moratoria a la bioprospección en el país

Ť ONG, indígenas, estudiantes e investigadores redactarán un documento que someterán a consulta

Matilde Pérez U. Ť Representantes de organizaciones indígenas, ecológicas, estudiantiles, investigadores del extranjero y universitarios del país acordaron redactar un documento, que será sujeto a consenso, para declarar en moratoria a la bioprospección en México y propiciar que otros países se sumen a esa acción.

Es urgente, destacaron, que se inicie un debate público, que las autoridades y científicos den a conocer la información que tienen sobre el tema y que los investigadores debatan la posibilidad de crear un código de ética en el marco de esta discusión política.

También respaldaron la demanda de los médicos indígenas tradicionales de reconocimiento a sus descubrimientos y de que se les otorgue un lugar en la sociedad; criticaron a las autoridades de salud de Morelos por impedir a los indios que usen 75 especies de plantas curativas, bajo el pretexto de que "provocan intoxicaciones".

Pat Mooney, presidente de la Fundación Internacional para el Progreso Rural (Rafi), alertó sobre el peligro de que ésta pierda más reconocimiento del que ganará si no protege y entiende a los ecosistemas del mundo.

Al concluir el taller de discusión ƑBioprospección o biopiratería? Biodiversidad, derechos indígenas y campesinos, organizado por el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam), Rafi y el Centro de Análisis Social Información y Formación Popular (Casifop), los cerca de 200 participantes de varios estados del país se manifestaron en contra de las patentes del germoplasma de las diversas especies vegetales del país, por defender los derechos de los pueblos indígenas y utilizar todos los convenios internacionales firmados hasta ahora por México para preservar la biodiversidad del país.

Las investigadoras de la UNAM, Silvia Almanza, y de Rafi, Silvia Riveiro, profundizaron en la urgencia de defender las culturas indígenas, sus formas de producción y vida. "El problema no es el acceso a la tecnología, sino conservar la riqueza herbolaria del país y la cultura de su uso", dijo Almanza.

Defender esas prácticas tradicionales no debe ser sólo para proteger un folclor o algo exótico, sino para integrar ese conocimiento a la sociedad y garantizar así un lugar a los médicos indígenas, abundó.

No hay que hablar de los pueblos indígenas sólo como los conservadores de la biodiversidad, sino tomando en cuenta sus derechos, incluyendo el de decir no a la bioprospección; los acuerdos de San Andrés son apenas el inicio de ese reconocimiento, comentó Silvia Riveiro. "La peor biopiratería es la erosión de la cultura y de los valores indígenas, y a eso llevan las patentes; de no detenerse esto a tiempo, en una generación más se considerará normal esa falta de diversidad".

Alertó que el siglo XXI podría ser el de la erosión tecnológica y concentración (ETC), ya que las empresas que impulsan la biotecnología y bioprospección están en un proceso acelerado de fusión para formar multinacionales; por el momento cinco industrias dominan el mercado.

Pat Mooney, presidente de Rafi, invitó a los participantes a utilizar de forma novedosa las leyes nacionales e internacionales, y en caso de que las autoridades nacionales no presten atención a sus demandas, presentar su controversia ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y en la Corte Internacional de Justicia de La Haya; ese "no es un trámite legal de abogados, sino un trabajo político de presión, de decir en esos foros que tenemos razón en estar en contra de las patentes que pretenden controlar la vida, de luchar contra la biopiratería".

Propuso que el día internacional de los derechos humanos se declare como día de intercambio libre de patentes y como un acto de resistencia internacional en defensa de la vida, que se puede reforzar con el intercambio internacional de semillas. Se trata del derecho de las comunidades campesinas e indígenas a decir no. Hay que exigir que la biopiratería sea sujeta a las leyes penales y el encarcelamiento de quienes roben flora y fauna.

Conabio: en contra de las patentes

En los dos día que duró el taller, y sin estar prevista su participación, acudieron a ese foro el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Biodiversidad (Conabio), Jorge Soberón Mainero, y Jorge Larson, colaborador en ese organismo y coordinador técnico en el Protocolo de Cartagena. En la conferencia pública -según versiones de los participantes-, Soberón Mainero defendió el convenio de acceso a la biodiversidad molecular microbiana entre la UNAM y la empresa estadunidense Diversa Corporation.

El secretario ejecutivo de la Conabio aseguró que no es un caso de biopiratería y que hubo un proceso de dos años de consulta con el gobierno federal, en el que participaron cinco grupos jurídicos, y el proceso lo culminó "el principal abogado ambientalista mexicano: Alberto Székely".

Ante un público poco tolerante -de acuerdo con versiones-, Soberón Mainero afirmó que se está haciendo bioprospección sólo en territorio federal para evitar impugnaciones de las comunidades indígenas, y hasta la fecha sólo se ha trabajado en la reserva El Vizcaíno. Agregó que gracias a ese convenio, en la UNAM se puede hacer algo que no se realizaba en México.

Criticó la falta de un marco jurídico coherente, pero también aclaró que debe tenerse una ley agrícola para regular la biotecnología, el medio ambiente no puede hacerlo. En "este nuevo paradigma, mencionó, los académicos y científicos deben jugar un papel importante". En esta discusión hay que sumar y no propiciar situaciones de destrucción; hay que poner en la mesa de la legislación a la agricultura nacional y los recursos genéticos que son estratégicos para el país.