DOMINGO 17 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Ť La presentaron cuatro personas en 1998, por extorsión, entre otros 8 delitos
Hay contra Yunes denuncia penal en Jalapa
Ť Acusan al funcionario de la Segob de presiones para culpar de algún ilícito a Dante Delgado
Angel Bolaños Sánchez Ť Por los delitos de coacción, amenazas cumplidas, extorsión, asociación delictuosa, abuso de autoridad e incumplimiento del deber legal, intimidación, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y los que resulten, cuatro residentes de Jalapa, Veracruz, presentaron en junio de 1998 una denuncia penal contra Miguel Angel Yunes Linares, coordinador de asesores de la Secretaría de Gobernación.
La Procuraduría de Justicia del estado, sin embargo, nunca le dio curso, asegura uno de los denunciantes, Ramiro Moreno Chávez, quien en su acusación refiere que Yunes, entonces director general de Gobierno en aquel estado, instruyó a su secretario particular, Enrique Pérez, para que lo obligara a acusar de algún delito al ex gobernador Dante Delgado Rannauro. Moreno Chávez se negó y en represalia lo despojaron de ocho títulos de concesión para prestar el servicio de transporte público, los cuales había adquirido legalmente durante la administración de Dante Delgado.
En su escrito de denuncia, señala: "En la Secretaría General de Gobierno fui condicionado a presentar denuncia en contra del ex gobernador Dante Delgado Rannauro y el ex director de Tránsito y Transporte, Luis Feijoo Herrera, acto que no consentí". Quienes lo instigaron, añade, fueron dos sujetos cuyos nombres, se apunta, son Iván Llidi y Enrique Pérez. Este último fungía como secretario particular del entonces secretario general de Gobierno, Miguel Angel Yunes Linares. Enrique Pérez actualmente ocupa la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de Gobernación, cargo que hasta el pasado 15 de mayo tenía Yunes.
En entrevista con La Jornada, Moreno Chávez asegura: "No quise prestarme a ser instrumento de alguna venganza política de Yunes, como la que pretende ahora contra el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Samuel del Villar, por haberle iniciado una averiguación previa". Esta se derivó de presuntos ilícitos cometidos por el funcionario del gobierno federal al hacer pública información y declarar ante una autoridad ministerial sobre hechos relacionados con el caso Stanley.
Advierte que todo de lo que acusa al procurador Del Villar, al asegurar "que lo está agrediendo y que es arbitrario y prepotente, eso fue lo que Yunes institucionalizó en Veracruz".
Moreno Chávez dice que el actual coordinador de Asesores de la Segob quería que acusara a Dante Delgado para vengarse porque durante el gobierno de Agustín Acosta Lagunes en Veracruz, en el que Delgado Rannauro fungió como secretario general de Gobierno, Yunes fue denunciado por peculado, por haber desviado fondos del instituto de pensiones para los jubilados del estado, "donde era encargado del manejo de los dineros junto con una persona de apellido Lobato". Yunes se tuvo que ir de la entidad, "hasta que el asunto quedó olvidado", para regresar después en la administración de Patricio Chirinos.
Sobre las concesiones para prestar el servicio de transporte público en Jalapa, de las que fueron despojados "por órdenes de Yunes", a través de la directora de Tránsito, Graciela Patricia Gómez de Ibarra, Ramiro Moreno muestra los acuerdos correspondientes, suscritos por el ex secretario general de Gobierno, Miguel Angel Díaz Pedroza, en los que le otorgan los derechos de concesión, pero nunca les entregaron las placas.
Explicó que al año siguiente de que presentó la denuncia, tras tanto insistir, el director general de Averiguaciones Previas de Veracruz, Carlos Francisco Mora Domínguez, puso como condición para dar curso a la investigación, que eliminaran el nombre de Yunes y de otros ex funcionarios, y dejaran sólo el de los particulares que han usufructuado los derechos. Accedieron y entregaron un nuevo escrito en noviembre de 1999, pero hasta la fecha tampoco han visto resultados.
Yunes, además, podría enfrentar la acusación de falsedad de declaraciones, en el caso de su denuncia penal contra el procurador capitalino Samuel del Villar, ya que no rindió testimonio apegado a verdad sobre hechos que conocía con anterioridad, en torno de la información que lo relaciona en una red de extorsión de reos en el Distrito Federal.
Así lo informó la defensa del procurador Del Villar, quien asegura que en la declaración que presentó el pasado jueves el periodista Miguel Badillo, advierte que luego de publicar esta información Yunes lo llamó a su oficina y le pidió que dejara el asunto, del cual ya tenía un expediente. Esta circunstancias no fue declarada por Yunes.
En su declaración, además, Badillo asegura que los documentos que relacionan al coordinador de asesores de la Segob con la red de extorsión no le fueron "filtrados" por el procurador ni por ninguno de sus colaboradores cercanos.