RENAVE: VIDA SIMULADA

El secretario de Comercio, Herminio Blanco, se vio obligado ayer a formalizar el paso del Registro Nacional de Vehículos (Renave) al ámbito gubernamental y la suspensión de la concesión que defendió, durante largos meses, a contrapelo del clamor nacional, de la sensibilidad política y hasta del sentido común.

En términos políticos y administrativos el Renave está muerto, y en lo legislativo su fallecimiento es, por fortuna, inminente. En ese contexto, el estatuto provisional del registro vehicular anunciado ayer por Blanco constituye un mero conjunto de simulaciones y formalismos para hacer menos penoso el fracaso tecnocrático y cubrir el expediente de aquí al primero de diciembre, y sin otro valor que el de documentar la arrogancia del poder, que aun en semejante escenario de derrota se empeña en cobrar -limitado a los automóviles nuevos- un impuesto disfrazado de "servicio".

Más importantes que las pruebas de resistencia del titular de la Secofi son las perspectivas inmediatas tras el lamentable, trágico e indignante episodio de un estilo de gobierno que ha llegado a su fin. Por una parte, resulta obligada una investigación judicial honesta y a fondo del cúmulo de asuntos sospechosos en torno al Renave: entre otros, el dudoso e irregular otorgamiento de la concesión a una empresa cuyo director resultó ser un presunto torturador, asesino y defraudador; el suicidio -voluntario o inducido- del subsecretario Raúl Ramos Tercero en el marco del escándalo y el asesinato, días antes, del delegado en Tijuana de la Secofi.

Por la otra, el naufragio del Renave no elimina la evidente necesidad de establecer un padrón nacional del parque vehicular ni la de un organismo público dedicado a elaborarlo y mantenerlo con eficiencia, seguridad, probidad y gratuidad: el establecimiento y la operación de tal entidad pueden ser financiados con una pequeña porción de lo que el Estado recauda por concepto de tenencias.

El combate al robo de autos -una de las principales actividades delictivas que padece el país- hace necesario disponer, ciertamente, de un registro confiable que impida, o dificulte de manera decisiva, la reventa de automóviles robados en el territorio nacional y en el extranjero.

Cabe esperar que la actual legislatura, el Ejecutivo federal que está por conformarse y los gobiernos estatales, logren avanzar de manera armónica en esta importante tarea, y que los saldos trágicos de la soberbia tecnocrática con que se intentó imponer el Renave sean un referente para que los próximos gobernantes adopten actitudes más democráticas y responsables.