MIERCOLES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2000

Ť Forcejeo entre países pobres y ricos de cara al próximo encuentro en La Haya

La negociación sobre emisión de gases, en su fase crucial

Kyra Núñez, enviada, Lyon, Francia, 12 de septiembre Ť México ingresa en la negociación para reducir emisiones de dióxido de carbono y combatir el efecto de invernadero en su momento de mayor intensidad, en pleno forcejeo entre países en desarrollo y economías emergentes por obtener, a través del Protocolo de Kyoto de la Convención sobre el Cambio Climático, financiamiento y capacitación para estructuras respetuosas del medio ambiente en los procesos de desarrollo económico.

Paralelamente a esta pulseada, existe presión política para que los países industrializados, muchos de ellos sus socios comerciales en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica o la Unión Europea, se comprometan a reducir sus emisiones de dióxido de carbono a más tardar en el año 2012.

Las negociaciones multilaterales sobre medidas para prevenir y combatir los efectos negativos del cambio climático han entrado en una fase capital. Los dos mil participantes en la reunión de Lyon, inaugurada ayer por el premier Lionel Jospin --cuyo país, Francia, tomó cruda conciencia de los efectos del cambio climático con las tempestades del verano y su crisis de diesel de la semana pasada--, tienen la oportunidad excepcional de "limpiar" el texto a adoptar en la próxima reunión de La Haya y de definir el fundamental eje de las relaciones Norte-Sur, en las cuales los países ricos se beneficiarían favoreciendo las capacidades medioambientales del proceso de desarrollo económico de los países pobres que, fuertes númericamente, no han podido ejercer verdadera presión para hacer avanzar los objetivos del Protocolo de Kyoto, no obstante el enorme peso de China y Rusia.

En Lyon, los representantes de casi 180 Estados --miembros tanto de la Convención como de organismos internacionales, ONG y del sector privado-- tienen leña de dónde cortar, y todos saben que los cambios climáticos, que se prevén severos, son un serio obstáculo a sus propios programas nacionales de globalización. Además, esta reunión es excepcional porque está en juego la junta ministerial en La Haya, Holanda, en noviembre próximo.

Curtajar explicó a La Jornada que, en vísperas de la reunión, se evidencia, por un lado, que los países en desarrollo requieren indispensablemente decidido apoyo para desarrollar sus propias capacidades de conservación ambiental y protección climatológica como, por otro lado, su vulnerabilidad financiera y ecológica. En su mayoría son afectados tangencialmente por el devastador fenómeno El Niño; el peso de su deuda externa les impide planear su futuro y enfrentan riesgos reales de inestabilidad social por sus altas tasas de desempleo, por las sequías y por fenómenos colaterales.

No obstante, estos países, entre ellos México, deben tomar en consideración para orientar su crecimiento tanto el efecto invernadero como las demandas de propietarios de tierras y recursos naturales y, por si fuera poco, sus obligaciones de cara a los instrumentos jurídicos internacionales.

Es necesario que el Protocolo de Kyoto entre en vigor a la brevedad, pero hasta la fecha se menciona la posibilidad de que los países industrializados acuerden entre sí mecanismos de control de sus emisiones de gases; a la fecha, 83 gobiernos han firmado el instrumento, pero sólo 24, todos de países en desarrollo, lo han ratificado.

Para su entrada en vigor, el Protocolo debe ser ratificado por 55 naciones, entre ellas las industrializadas, que son las mayores generadoras de gases que inciden en el cambio climático, de aproximadamente 55 por ciento de las emisiones totales de dióxido de carbono.

Ni ayer Francia, que preside la Unión Europea, ni hoy los delegados de los países del Norte, han dado pasos sustantivos que permitan predecir que la nueva ola de negociaciones frenéticas aquí en Lyon desatará una tormenta de ratificaciones del Norte.

El problema es el Protocolo mismo, según delegados de Estados Unidos, Japón, Francia y otros países europeos, puesto que no hay reglas para fijar porcentajes de reducciones, el sistema de aplicación no es claro y --cuando menos en el caso de Washington-- no ratificarán a menos que otros industrializados lo hagan previamente.

Lo anterior significa la ratificación de Estados Unidos, responsable de 36.1 por ciento de dichas emisiones; de la Unión Europea, que emite globalmente 24.2 por ciento, y de Rusia, con 17.4 por ciento. Ninguna de las tres entidades ha dado evidencias de que ratificará en noviembre próximo. De hacerlo, estarían aceptando reducir sus propias emisiones a la tasa registrada en 1990, según lo estipulado en el Protocolo.

Ello implicaría que, a más tardar en el 2012, Estados Unidos las redujera a menos 7 por ciento, la Unión Europea a menos 8 por ciento y Japón a menos 6 por ciento.