MIERCOLES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Ť El Centro Pro Juárez analiza el sexto Informe
Inseguridad, desempleo y pobreza, herencia de Zedillo
Ť El gobierno saliente reprimió criminalizando a la disidencia, dice
Triunfo Elizalde Ť "El autoritarismo zedillista cierra este periodo de gobierno de 70 años del partido de Estado", dejando "un país devastado por la inseguridad, desempleo, pobreza, en el que impera la impunidad, la militarización y se ve azotado por la represión". México es "señalado por la comunidad internacional como un país violador de los derechos humanos, debilitado y poco confiable", apunta el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez luego de analizar "el trasfondo histórico" del sexto Informe de gobierno del presidente Ernesto Zedillo.
Diversos sucesos "confirman que el gobierno de Zedillo adoptó un modelo represivo tendiente a criminalizar la disidencia. La fabricación de delitos contra líderes sociales, estudiantiles, campesinos, indígenas, y en general contra los sectores organizados, con el propósito de inhibir su acción, cobró un gran número de víctimas de violaciones a las garantías individuales".
En la "radiografía" de las situaciones en que se han visto vulnerados los derechos humanos en la administración de Zedillo, el Centro Pro señala que comprende, entre otros, el caso de Chiapas.
En Chiapas, se dice, "no hay conflicto resuelto; no hay condiciones para dialogar; no se respetan los derechos humanos; no hay paz". Se recuerda que Zedillo asumió la Presidencia comprometiéndose a solucionar el conflicto, y la estrategia aplicada "ha sido una guerra sucia que ha cobrado un número enorme de víctimas, entre muertos, desplazados, comunidades que viven entre el terror y la zozobra".
Sobre la represión, se señala que la respuesta del gobierno a las demandas de reivindicaciones sociopolíticas de diversos sectores sociales, "continuó por el camino del autoritarismo de las administraciones anteriores", mediante "vigilancia, tortura física y psicológica, allanamientos, desalojos violentos, amenazas de muerte, espionaje telefónico, detenciones arbitrarias, robos, secuestro, difamación, desapariciones forzadas, fabricación de delitos, incluso homicidios".
Al abordar los casos de tortura e impunidad, se afirma que "lejos de desaparecer, la tortura se ha cualificado con complejos métodos tecnificados para seguir utilizándola como método de investigación".
Impunidad de criminales
En materia de inseguridad pública, el Centro Pro Juárez señala que ha podido observar "un crecimiento constante de la criminalidad, en particular del crimen organizado, del tráfico internacional de estupefacientes", así como "una mayor violencia en la comisión de delitos", lo que revela que "las bandas criminales operan con toda impunidad y en muchos casos bajo la protección y participación de cuerpos policiacos".
Ante ello, el gobierno -asegura- ha creado cuerpos policiacos como la Policía Federal Preventiva, que "responde más a una policía política y no resuelve de ninguna manera los problemas de la seguridad de los mexicanos, amén de que dentro de sus múltiples atribuciones, algunas interfieren con la competencia de otros órganos de prosecución de justicia".
De la presencia militar se dice que en diferentes regiones del país, principalmente en el sur y sureste, el Ejército Mexicano "ha desarrollado acciones militares de control del territorio y de la población, en combinación con las fuerzas policiales; instalación de retenes, establecimiento de bases militares en comunidades rurales, operativos que traen consigo violaciones graves de los derechos humanos, como las detenciones ilegales y arbitrarias, las desapariciones forzadas y la tortura".
Asegura que el sexenio de Zedillo "ha sido, con mucho, el que más atención internacional en materia de derechos humanos ha originado por diversos factores. La realidad indígena y de derechos humanos expuesta al mundo propició que se pusieran en duda los informes del gobierno de México", por lo que las ONG se vieron obligadas a acudir con frecuencia a solicitar la ayuda de organismos e instituciones de derechos humanos.
En cada ocasión en que el gobierno ha sido criticado por violaciones de derechos humanos, se ha recurrido al discurso de la "intromisión" de esos organismos en la soberanía de México. Al mismo tiempo se han descalificado sus informes como "parciales", "poco objetivos", y "faltos de información".
Del doble discurso del Ejecutivo federal, se señala que mientras por un lado se crea la Comisión Intersecretarial de Derechos Humanos "para la atención a los compromisos internacionales de México en derechos humanos, y ratifica algunas Convenciones en materia de Derechos Humanos, reconociendo la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por otro se niega a cumplir con las recomendaciones de dicho foro".