MIERCOLES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2000

Ť Rechaza que haya violado la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público

El arzobispado justifica la simpatía de Rivera hacia la Marcha por la Vida

Ť Expresa el deseo de encontrar un clima de tolerancia a la presencia de diversas organizaciones

Ť La manifestación puede generar violencia contra quienes están a favor del aborto, dicen católicas

Angeles Cruz y José Antonio Román Ť Mientras el arzobispado de México afirmó ayer que el cardenal Norberto Rivera Carrera no ha violado la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, porque no es organizador ni ha convocado a la participación en la llamada Marcha por la Vida, que se realizará el próximo 24 de septiembre, la organización Católicas por el Derecho a Decidir alertó sobre el riesgo de que después de esta manifestación se extienda la violencia contra quienes piensan diferente y defienden el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y su maternidad.

Un llamado a marchar para evitar supuestos daños a la sociedad y la muerte de niños, seguramente atraerá la simpatía de la gente, pero los organizadores también deberían explicar que esa defensa atenta contra el derecho, la salud y la vida de las mujeres que se encuentran ante un embarazo no deseado, señaló Pilar Sánchez, integrante de la mencionada agrupación civil.

Comentó que las manifestaciones de intolerancia hacia quienes postulan otro punto de vista, ya se han podido observar en Mérida, donde desde hace tres meses funciona la única clínica que realiza abortos legales en el país. En este tiempo, integrantes del Comité Nacional Provida y la Asociación por la Vida han realizado dos clausuras simbólicas del inmueble que ocupa la clínica Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, a cargo de Sandra Peniche. En ambas ocasiones hubo actitudes agresivas y de ofensa en contra de los trabajadores de la institución sanitaria, explicó.

El cardenal no es el organizador...

Ayer, el arzobispado de México difundió un comunicado en el que puntualiza que en su homilía del domingo pasado, el cardenal Rivera solamente ratificó ''el derecho de los mexicanos a la vida, así como el deber de los legisladores de promover el marco legal que garantice el respeto de ese inalienable derecho''.

Destacó que la simpatía expresada por el prelado ante la convocatoria a la Marcha por la Vida ''no debe convertirlo en organizador''. Sin embargo, la arquidiócesis omitió mencionar que la publicación de la convocatoria se dio en sus dos medios de comunicación oficiales: el semanario Desde la Fe, que se distribuye los domingos entre los feligreses, y el periódico quincenal Nuevo Criterio.

El comunicado expresa al final el deseo del arzobispado de ''encontrar un verdadero clima de tolerancia a la presencia y propuesta de diversas organizaciones c iviles, que presentarán una alternativa ante las decisiones lamentables que atentan contra el derecho fundamental a la vida''.

Se refiere en particular a los recientes cambios aprobados en el Código Penal por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por los cuales, y a iniciativa de la jefa de Gobierno, Rosario Robles, se ampliaron las causales de no punibilidad del aborto.

Pilar Sánchez, de Católicas por el Derecho a Decidir, llamó la atención sobre el hecho de que las manifestaciones de protesta de los grupos conservadores, y de la propia Iglesia católica, no se hayan dado previamente ante situaciones como la matanza de Acteal, la corrupción e impunidad de funcionarios públicos o la miseria extrema en que viven miles de mexicanos.

Es preocupante, dijo, el gasto de energía y recursos que se ha realizado para promover la llamada Marcha por la Vida. Se percibe un ambiente de violencia silenciosa, pero permanente, que en el corto plazo podría derivar en situaciones como las que ya ocurren en Estados Unidos, donde los sectores conservadores de la sociedad han atentado contra las clínicas que practican abortos, al grado de provocar incendios y explosiones en los edificios.

Respecto a las agresiones sufridas por personal de la clínica Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, de Mérida, la representante legal explicó que en ambos casos el proceso judicial está en curso. El hecho más grave tuvo lugar el pasado 17 de agosto, cuando Rocío Gálvez, vicepresidenta nacional de Provida, y alrededor de ocho extranjeros, obstruyeron la entrada del nosocomio, así como el tránsito vehicular. Hubo incluso jaloneos entre los manifestantes y la directora de la clínica, Sandra Peniche, quien pretendía ingresar al edificio y consideró que estas acciones violan los derechos fundamentales de las personas.